Cuando el barón de Montesquieu acuñó la teoría de la división de poderes no pudo haber imaginado que en la Argentina uno de ellos se iba a tomar una prerrogativa un tanto especial: la Corte Suprema de Justicia, el máximo órgano del Poder Judicial, continúa firme en su decisión de no dar a conocer las declaraciones juradas de sus integrantes.
Mientras tanto, los diputados nacionales Elisa Carrió y Fernando Sánchez realizan una cruzada para que el patrimonio de los ministros de la Corte sea publicado, tal cual lo hacen los integrantes del Poder Ejecutivo y del Legislativo. La insistencia llevó a que, de manera extraordinaria, el 19 de mayo Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco les entregaran sus declaraciones. Pero con una trampa: sólo les brindaron las de la AFIP, donde se pueden saber montos, pero no el detalle de los bienes. Por eso, el 28 de agosto, los legisladores reiteraron el pedido, por considerar que la primera respuesta fue insuficiente.
NOTICIAS accedió en exclusiva a las declaraciones juradas entregadas por los jueces de la Corte, que corresponden al período 2014. ¿Qué muestran y qué esconden en este último detalle patrimonial conocido?
Las riquezas de los jueces
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, es a quien mejor le ha ido. Según el formulario, tenía, al cierre del período, un patrimonio total de 9.299.825 pesos. La curiosidad radica en que fuera del país contaba con depósitos de dinero por 4 millones de pesos. Aún sin conocer el detalle de los bienes, Carrió encuentra muchas inconsistencias, por ejemplo, denuncia que el juez vive en un departamento en Puerto Madero cuya propiedad figura a nombre de RATIO SA, una firma que según ella estaría vinculada a familiares del juez.
La suerte no fue la misma para Highton de Nolasco y Maqueda, cuyos patrimonios son varias veces menores al del presidente del tribunal. La primera declaró bienes por 3.146.538 pesos, mientras que el segundo tenía, al cierre del período, un total de 1.966.123 pesos. Ninguno de estos ministros tenía dinero ni bienes situados en el exterior.
Debate interno
Al entregar estas declaraciones juradas, en mayo, todavía no habían entrado en funciones Horacio Rosatti ni Carlos Rosenkrantz, quienes completaron los cinco miembros de la Corte. Pero ambos mostraron un camino distinto del que venía transitando el máximo tribunal hasta el momento: se pronunciaron abiertos a publicar sus declaraciones juradas y a pagar el impuesto a las ganancias, el otro gran reclamo de la sociedad al Poder Judicial.
Sabiendo eso, Carrió y Sánchez esperaron para hacer el reclamo por las declaraciones juradas completas, que presentaron a fines de agosto. “Al nuevo pedido lo tendrán que resolver ministros que nunca violaron la ley”, dijo a NOTICIAS Fernando Sánchez, para explicar su estrategia.
Puertas adentro del máximo tribunal el debate está armado. “Están a los tiros”, grafica una fuente sobre cómo se negocia la contestación que les darán a los legisladores y a la Oficina Anticorrupción que hizo su propio pedido. La respuesta saldrá entre el lunes 5 y el martes 6 de septiembre, aunque todo indica que no sería favorable a la publicación de las declaraciones juradas. “Si no se dan a conocer es por cuestiones de seguridad”, argumentan voceros de la Corte. Ante la falta de autonomía para manejar sus propios fondos, en el Poder Judicial sostienen que hacer caso al reclamo podría atentar contra su independencia. Pero Sánchez dispara: “Si la Corte no muestra sus declaraciones es porque a Lorenzetti no le cierran los números”. El magistrado lo niega.
La cuestión se centra en si el Poder Judicial viola la ley de Ética Pública y el derecho al acceso a la información o, si como dicen los voceros de la Corte, los legisladores intentan inmiscuirse en la Justicia, que se rige por una acordada del 2014 para reservar la información que los otros poderes publican. “Lo que plantea Carrió es algo que está regulado por la Corte, que tiene un sistema propio”, insisten desde adentro. Sánchez critica: “La reglamentación que hacen no puede ser menos que la ley, que es de cumplimiento obligatorio para todos. Y si siguen violando la ley los vamos a llevar a juicio político”.
Nuevo round
La disputa entre Carrió y Lorenzetti no es nueva, e incomoda al Gobierno. De hecho, son varios los capítulos que se escribieron en el 2016. Empezó temprano la pelea, cuando el 13 de enero la legisladora denunció al juez de la Corte por enriquecimiento ilícito. Pero en menos de dos meses, el 11 de marzo, el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Ramos cerraron la causa, por considerar que Lorenzetti pudo justificar la legalidad de los bienes de su patrimonio.
El 18 de mayo Carrió volvió a la carga en plena sesión del Congreso. En su discurso habló de la “opacidad del Poder Judicial”. Y denunció: “El consejo de inversiones del Comité de la Magistratura es el agujero negro que maneja Lorenzetti”.
El ataque dio sus frutos. El día posterior, mediante una resolución, los ministros de la Corte decidieron darle de manera extraordinaria las declaraciones juradas a las que ahora pudo acceder NOTICIAS. Lorenzetti se ocupó de contestarle a la legisladora: “Hay que pensar más en el país y no como actores mediocres que se agravian unos a otros”.
Pero las declaraciones que los jueces del máximo tribunal brindaron no contenían una nómina detallada de los bienes propios y de sus familiares, en el país o en el extranjero. Apenas había un número: muy poco para poder investigar la legalidad o no de los patrimonios. Por eso, insistieron con el pedido de ampliación de las declaraciones juradas que será contestado en los próximos días.
La pelea Carrió-Lorenzetti se convirtió en un clásico. Faltan muchos capítulos.
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