Estaba al borde de las lágrimas. Tenía el rostro sombrío y las palabras le brotaban tenues. Jamás se lo había visto así. Por primera vez, Evo Morales se mostró quebrado por dentro. No sabía cómo explicar algo que ni él mismo podía explicarse. Los mineros que protestaban en el altiplano habían matado a palos a Rodolfo Illanes. Pero antes, lo habían torturado durante siete horas.
Hicieron que aullara de dolor; que se retorciera en el suelo y se atragantara con sangre. Tras el largo suplicio, Illanes murió. Lo lincharon como dicen las leyes ancestrales que hay que “ajusticiar” a ladrones y corruptos. Pero el viceministro no era corrupto ni ladrón. Al contrario, era de esos pocos que cumplen su deber aunque haya que arriesgar el pellejo. Y los piquetes de las cooperativas mineras fueron una boca de lobo enfurecido porque en los choques con la policía habían muerto tres obreros.
Hacía sus filosos colmillos se encaminó Illanes. Quería negociar para que dejara de correr sangre en Cochabamba. Lo que nunca pensó, es que podría morir linchado, como si fuera un forajido.
Ayo Ayo es una localidad aimara donde, en el 2004, su alcalde fue linchado por pobladores que lo ataron a un poste y lo quemaron vivo.
Los pobladores de Ayo Ayo lo acusaban de corrupto. Lo mismo pasó con dos ladrones en una aldea junto al lago Titi Caca. A su vez, del lado peruano de la frontera, aimaras lincharon al alcalde Cirilo Robles, también acusado de corrupto.
El gobierno boliviano, probablemente por la utopía regresiva que implica el lado oscuro de su política indigenista, no buscó ni castigó debidamente a los autores de esos crímenes que evocan a Fuenteovejuna, aunque con una dosis mayor de salvajismo al que retrató Lope de Vega a partir de un suceso real del siglo 15.
Por cierto, no hay linchamientos buenos y linchamientos malos. No obstante, la bestial ejecución del viceministro de Región Interior tuvo el agravante de que el torturado y asesinado no era un corrupto ni un ladrón ni un violador, sino un hombre justo.
Violencia en Paraguay
No fue la única sorpresa violenta en la región. Una emboscada que mató a ocho militares le recordó al Paraguay que el noroeste es una tierra de nadie en la que opera el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Esa guerrilla guaraní comenzó a gestarse dentro del movimiento Patria Libre en la década del noventa. Antes de ser fundado oficialmente como EPP, los activistas que tomaron las armas fueron entrenados por las FARC para perpetrar atentados, secuestros y asesinatos.
Su golpe de mayor repercusión fue el secuestro, en el 2004, de Cecilia Cubas, la hija del ex presidente Cubas Grau, asesinada a pesar de que se había pagado el rescate.
Al vínculo inicial con la guerrilla colombiana lo confirmó Osmar Martínez, el líder de Patria Libre que fundó su brazo armado, el EPP, y murió en una cárcel de Asunción. Lo que no está claro es que el origen de ese movimiento insurreccional se remonte al Foro de Sao Paulo, asamblea internacional de agrupaciones de izquierda impulsada por el PT en 1990. Tampoco es claro que tenga vínculos con Fernando Lugo.
Venezuela también
La masacre en Paraguay podría mostrar un inquietante resurgir de la insurgencia, quizá vinculado con el espacio de narcotráfico que deja vacante la mayor guerrilla colombiana al firmar la paz con el gobierno de Colombia, o bien con la debacle de Nicolás Maduro.
En respuesta al bloqueo que le impidió al chavismo asumir la presidencia temporaria del Mercosur, Maduro advirtió que una nueva “triple alianza” le declaraba la guerra a Venezuela. Se refería a Paraguay, Brasil y Argentina, entre los cuales, el más duro cuestionador ha sido precisamente Paraguay.
Hablar en términos bélicos, como hizo Maduro, implica riesgos. Por caso que, pocos días después, una insurgencia de baja intensidad reaparezca perpetrando una masacre en uno de los países señalados.
Un aliado del gobierno de Maduro es la vieja guerrilla que firmó la paz definitiva en Colombia. Y lo que demuestra la historia es que los fenómenos cuya existencia implica grandes economías paralelas, no desaparecen sino que se reimplantan en otros lugares.
Narconaciones
Cuando el Estado colombiano abatió a Pablo Escobar y encarceló a los hermanos Rodríguez Orejuela, los carteles de Medellín y Cali desaparecieron, pero no desapareció el narcotráfico: las FARC lo capitalizaron en la selva y el resto de esa gran industria criminal dejó Colombia pero creció en México, con una legión de mafias poderosísimas y sanguinarias.
Muerto el colombiano Pablo Escobar, apareció el mexicano Chapo Guzmán. Por eso vale plantear, como hipótesis, que la retirada de las FARC del negocio narco-insurgente podría estar recreando ese fenómeno en el inhóspito noroeste paraguayo, donde, además, le sirve al aislado Nicolás Maduro para desestabilizar el giro político que se da en la región.
Mineros en llamas
La violencia que sacudió a Bolivia no tiene que ver con ese giro, sino con la caída de las materias primas y con una tradición de violentas protestas y represiones.
Los mineros son el equivalente boliviano de lo que fueron los camioneros norteamericanos de los años sesenta, cuando al sindicato lo lideraba Jimmy Hoffa.
Un año antes del linchamiento de Illanes, los mineros de Potosí marcharon hacia La Paz lanzando dinamita. Tomaron un Ministerio y ocho ministros debieron huir por los techos.
Encabezado por mineros, el Comité Cívico de lo que fue el arcón de la plata del virreinato, enfrentaron a Evo para que cumpla promesas de infraestructura.
En ese momento, el presidente terminó de entender lo que, con masivas protestas, habían empezado a explicarle los pueblos originarios de la región amazónica: su pasado en el sindicalismo cocalero, su raza indígena y su filiación izquierdista no lo inmunizan contra las embestidas obreras.
Ahora está padeciendo al más agresivo de los sectores. Su viceministro fue asesinado por miembros de las cooperativas mineras. El linchamiento demostró que la violencia, defendida por el propio Morales y su vicepresidente García Linera en luchas contra gobiernos anteriores, como fue la “guerra del gas”, no debe justificarse bajo ningún concepto.
En la compulsa con las cooperativas de la minería artesanal, conducida por obreros devenidos en patrones tanto o más explotadores que los empresarios capitalistas, Morales tiene la razón. Las cooperativas rechazan una ley que les impone sindicatos, algo que esos mineros-patrones no aceptan.
Pero más allá de su razón, repitió el eterno vicio ideológico de atribuir todo lo malo a conspiraciones. A la protesta que hizo huir ministros por los techos, la adjudicó a un complot del gobierno chileno. Y al linchamiento de su viceministro, perpetrado por un sector que integra su alianza política y ocupa escaños del oficialismo en el Congreso, se la adjudica, cuando no, a una conspiración derechista.
por Claudio Fantini
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