La recomendación que la Oficina Anticorrupción le realizó al ministro de Energía, Juan José Aranguren, y que derivó en la venta de acciones del funcionario de la empresa Shell, no es la única investigación que el área comandada por Laura Alonso lleva a cabo. De hecho, hay otros 31 funcionarios de este gobierno que están bajo la lupa de este organismo.
Hay nombres rutilantes, funcionarios de primera línea, como Alfonso Prat Gay, el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, y Luis Caputo, secretario de Finanzas, que se presentaron espontáneamente para informar que habían renunciado a sus cargos de directores de APL Economía. La OA les formuló recomendaciones en el marco de la ley de Ética.
El caso de Alberto Abad, titular de AFIP, aún está en trámite. Otro funcionario consultó sobre su carácter de accionista en Molinos Río de la Plata S.A., una empresa que paradójicamente tiene deudas con AFIP. Pero Abad respondió que nunca fue accionista y que sólo tuvo una obligación negociable con esa empresa. Aún está pendiente la respuesta de la AO.
A Rogelio Frigerio, ministro del Interior, el organismo le realizó recomendaciones preventivas “en virtud de su carácter de socio de la empresa Economía y Regiones”, según surge de la información brindada por esta cartera. José Torello, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana son sujetos de investigación a raíz de un posible conflicto de intereses por la compra de dólar futuro.
Del informe del primer semestre de trabajo de Laura Alonso surge que 17 funcionarios consultaron de manera espontánea o lo hicieron sus superiores jerárquicos, mientras que los restantes fueron trámites iniciados de oficio por el organismo.
Pero los actuales no son los únicos políticos que investiga la Oficina Anticorrupción. Hay más de 100 expedientes sobre funcionarios K que aún están en trámite.
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