El Gobierno de Mauricio Macri ha vuelto a poner al tope de las prioridades de la agenda económica el combate contra la inflación. En primer lugar, destaca la decisión política de sanear el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para volver a medir correctamente las estadísticas socioeconómicas comenzando por el índice de precios al consumidor (IPC), puntapié inicial de la manipulación de las cifras oficiales en 2007.
Tras la llegada de Federico Sturzennegger a la presidencia del Banco Central (BCRA), la autoridad monetaria volvió a centrar su prioridad en la lucha contra la suba de precios. A diferencia de su antecesor, la entidad realizó un significativo esfuerzo de esterilización para morigerar la expansión de los agregados monetarios con el fin de contener la aceleración de la inflación que produjo la depreciación cambiaria (salida del cepo) y el alza de tarifas implementadas por el Gobierno.
Tras un primer semestre para el olvido (el IPC Ecolatina acumuló un alza del 26,2% en el Gran Buenos Aires en dicho período), la inflación comenzó a moderarse en el tercer trimestre de 2016. Más allá del impacto deflacionario del fallo de la Corte Suprema producto de la suspensión de la suba del gas residencial, en los últimos tres meses la inflación núcleo (que excluye precios de bienes y servicios regulados o con comportamiento estacional) se ubicó entre el 1,5% y el 2% mensual. Esto significa que la inflación volvió a los niveles de 2015, período en el cual el tipo de cambio oficial y las tarifas treparon muy poco.
Lejos de conformarse, el BCRA ha redoblado la apuesta para profundizar la desaceleración del alza de precios, anunciando el 26 de septiembre la implementación de un esquema formal de metas de inflación. Este consiste en subir (bajar) la tasa de interés en la medida que la suba de precios supere (perfore) la pauta de inflación estipulada por la autoridad monetaria.
Dejando de lado la discusión teórica de las ventajas/desventajas de un esquema de "inflation targeting" y reconociendo el loable esfuerzo del BCRA por acotar la suba de precios, la estrategia antinflacionaria anunciada no es óptima y/o luce incompleta.
Ambiciosa. En primer lugar, la meta numérica de inflacióin fijada para 2017 por el Central luce muy ambiciosa (12%-17% anual). El Ejecutivo ya ha pecado de optimismo poniendo la vara de las expectativas muy alta. En materia de precios, el Gobierno transmitió que la inflación este año se iba a ubicar entre el 20%-25% (incluso el Presidente arriesgó en una entrevista que iba a estar cerca del 20%) cuando la realidad marca que la suba de precios en 2016 cerrará en torno del 40%. Algo similar ocurrió con la famosa "mejora del segundo semestre". Como comenté, la inflación núcleo se viene desacelerando, pero está lejos de alcanzar el 1% mensual inicialmente planteado. Lo mismo ocurre en materia de actividad: las señales del tercer trimestre son mixtas, por lo que la recuperación del nivel de actividad llegará recién a fines de año.
Poner la vara de la exigencia tan alta puede terminar siendo contraproducente si en 2017 no se cumple con lo anunciado. Una de las ventajas de un régimen de metas de inflación es que si la autoridad monetaria es creíble, funciona para coordinar/anclar expectativas de la evolución futura de los precios. Pese a que el BCRA goza de mayor credibilidad que en la gestión anterior, el desvío de la inflación respecto de la pauta oficial mencionado no es un antecedente favorable. Y si el año que viene no se logra cumplir la meta, el costo de reputación para el Central sería elevado.
La experiencia histórica de la región muestra que partiendo de niveles de inflación de 25%-30% anual, los plazos para lograr una suba de precios de un dígito son muchos más largos que los propuestos por el BCRA (5% anual en 2019), por lo que las metas de inflación propuestas también lucen optimistas para 2018 y 2019.
Desequilibrio. Otro punto clave que hace que el esquema planteado pierda potencia es que, a diferencia de las experiencias exitosas de Latinoamérica, la Argentina entra al régimen de metas de inflación con desequilibrios de precios relativos. Pese a la unificación del mercado cambiario, aún persiste –aunque en menor cuantía– el atraso cambiario. En materia de tarifas de servicios públicos el desfase de precios es más profundo: el Gobierno quiso avanzar con una corrección más rápida, pero tuvo que recalcular, aplicando una suba más gradual distribuida a lo largo del actual mandato presidencial.
El atraso tarifario y, en menor medida, cambiario son factores que atentan contra una rápida desinflación de la economía argentina. Como quedó patente este año, corregir precios relativos acelera la inflación, por lo que la persistencia de desequilibrios hace mucho más ardua la tarea: opera como un factor que tarde o temprano reavivará el proceso inflacionario, afectando las expectativas.
Para poder implementar un esquema de metas de inflación, el BCRA tiene que tener plena disponibilidad de instrumentos. El elevado déficit fiscal y la pesada carga de intereses que debe pagar el Central (rojo cuasi fiscal) son factores por considerar.
El presupuesto 2017 elevó la pauta de déficit primario para el año que viene de un rojo de 2,2% del PBI a 4,2% PBI, posponiendo la consolidación fiscal. Si bien es cierto que la asistencia del BCRA al Tesoro será más acotada respecto de este año, esta sigue siendo elevada (aprox. 1.5% del PBI). La estrategia oficial es morigerar muy gradualmente el déficit fiscal, cubriendo la brecha con endeudamiento, principalmente externo. Pero si en los próximos años se complica el acceso al crédito internacional y el Gobierno no quiere hacer un mayor ajuste fiscal, podría forzar una mayor asistencia del BCRA al Tesoro.
Lebacs. El elevado stock de Lebacs es potencialmenteun problema ya que le genera al Banco Central una pesada carga de intereses (el déficit cuasi fiscal cerraría 2016 en torno del 2.5% del PBI). Tras la salida del cepo cambiario, el BCRA tuvo que absorber la liquidez excedente heredada (incluye las fuertes erogaciones de pesos que generó el "subsidio" de los contratos de dólar futuro otorgados por Alejandro Vanolli), lo cual elevó sustancialmente el monto y el costo de las colocaciones de deuda de la autoridad monetaria. El stock de Lebacs en pesos más que se duplicó respecto del 10 de diciembre de 2015, pasando de representar menos del 45% de la base monetaria a fines del año pasado, a alcanzar 90% de la misma. El dilema aquí es que la tasa de interés necesaria para cumplir con las ambiciosas metas de inflación del BCRA puede exacerbar el déficit cuasi fiscal.
Por último, pero no por ello menos importante, una variable clave para acotar la suba de precios en nuestro país es contener la puja distributiva. Anunciar las metas de inflación antes de convencer a los sindicatos a que reclamen ajustes salariales sobre la base de la expectativa futura de suba de precios aleja a las partes (imposición en vez de concertación). Casi la totalidad de los acuerdos paritarios firmados en 2016 han quedado rezagados respecto de la suba de precios, por lo cual es lógico que los gremios busquen recuperar la caída del salario real en un año expansivo y electoral. Tras el desvío observado este año (20-25% vs. 40%), es razonable que desconfíen de la pauta oficial de inflación del Gobierno (poco importa que la meta del 2017 haya sido anunciada por el BCRA).
Por lo mencionado, se necesita una política de ingresos activa que excede al rol del BCRA. Y si bien involucra al resto del equipo económico también dependen de la política: los acuerdos tripartitos (gobierno, empresas y gremios), requieren mucho consenso y diálogo. En síntesis, pondero el compromiso del Gobierno y en particular del BCRA para aplacar la inflación, pero para domar este flagelo se necesita un plan antiinflacionario integral que tenga en cuenta todas las aristas de política económica. El Gobierno aún está a tiempo de perfeccionar la estrategia.
(*) ECONOMISTA. Jefe de Ecolatina.
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