El primer inconveniente que tuvo Cambiemos, tras ganar las elecciones presidenciales de 2015, fue llenar los casilleros que quedaron vacíos en el gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. Tardaron algunas semanas los políticos del PRO y, en menor medida, los radicales en repartirse los cargos.
Mientras se ocupaban las posiciones, sonó el teléfono del mendocino Gustavo Gutiérrez. Al ex diputado nacional, hombre de confianza de Elisa “Lilita” Carrió (que la acompañó en la fórmula presidencial del 2003 como candidato a vice), le propusieron la tentadora idea de ser embajador en un país vecino. Pero la contundente respuesta de la diputada lo hizo declinar: “Ni se te ocurra agarrar. Nosotros sólo tomamos cargos de control”.
A cambio de la función diplomática, Lilita lo propuso como síndico en YPF, el lugar ideal para fiscalizar una de las empresas más controvertidas del último tiempo. En la asamblea del 29 de abril, junto con la designación del nuevo directorio, Gutiérrez fue nombrado en el puesto que reclamaba.
Pero seis meses después, el único político ubicado por Lilita en el Gobierno está a punto de dar un paso al costado en los próximos días. Según denuncian desde el entorno de la diputada nacional, el síndico nunca pudo entrar en funciones: no le dieron oficina en la petrolera ni el equipo de asistentes que necesitaba para investigar. “Va a todas las asambleas, ve lo que pasa, pero no tiene acceso a nada. Como si fuera una figura protocolar”, asegura un allegado.
Tras su asunción había deslizado en medios mendocinos la falta de respaldo del directorio: “Estamos negociando por un equipo. Ni con toda la experiencia que uno tiene alcanza para ver temas energéticos, financieros y judiciales”.
La idea de renunciar a la sindicatura empezó a tomar forma en una reunión que tuvo Gutiérrez con Carrió el viernes 30 de septiembre, horas antes de que la diputada comenzara con sus problemas coronarios. “Si no nos dan el lugar que necesitamos para controlar, nos vamos”, fue la conclusión. Desde el Gobierno intentaron apaciguar los ánimos, de hecho un enviado se reunió con Gutiérrez el miércoles 12 de octubre para evitar el paso al costado, pero según pudo reconstruir NOTICIAS el ex diputado mendocino mantuvo la postura.
“No es un ñoqui, si no puede hacer su trabajo se va a su casa y listo”, comenta una fuente de su entorno. De hecho, asegura que no cobró nada del sueldo de 90.000 pesos que le corresponde. Y completa: “Lo único que recibe de YPF son los viáticos de mil pesos, una habitación en un hotel céntrico y los pasajes, cada vez que tiene una asamblea”.
El rol del síndico es clave en la petrolera, tanto que durante el gobierno de Carlos Menem lo ocupaba la esposa de Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, en representación de la provincia de Santa Cruz, que gobernaba Néstor Kirchner. Hoy, junto a Gustavo Gutiérrez, ocupa el cargo Gustavo Mazzoni, que continúa allí desde la gestión anterior y a quien “los lilitos” acusan de una pasividad absoluta.
El otro órgano de control es la SIGEN (Sindicatura General de la Nación), pero que revisa cuestiones legales, no de fondo. Por esas razones, Carrió y su entorno creen que si ellos no se ocupan de hacer la fiscalización de los actos, los accionistas estarán desamparados.
Investigaciones. No es un momento fácil para la empresa petrolera estatal. Si bien el nuevo directorio, elegido en la asamblea del 29 de abril, fue una bocanada de aire fresco, arrastran muchos inconvenientes de las gestiones anteriores.
En la semana en que el síndico dejó traslucir su intención de dar un paso al costado, se dieron detalles de las famosas cláusulas secretas del acuerdo con Chevron para la explotación de Vaca Muerta, a través del diputado Rubén Giustiniani que pudo acceder al acuerdo. De esta manera, salió a la luz que la firma extranjera tenía empresas offshore en Estados Unidos, Bermudas y Uruguay para cubrirse de eventuales juicios por embargos y que se cedió la jurisdicción argentina. Es decir que ante un eventual reclamo judicial, serán tribunales foráneos los que decidan sobre la cuestión. “Tuvimos acceso al contrato. Ahora entregaremos copia a la AGN, al Congreso de la Nación y a la Defensoría General”, aseguró el político santafesino.
Por su parte, los directivos de la petrolera habían anunciado a fines de septiembre que se presentarían en la Justicia para colaborar. La gestión kirchnerista se había resistido a mostrar el acuerdo y cuando la Corte Suprema se lo exigió (en noviembre de 2015), presentaron una copia con innumerables tachaduras que no permitían conocer muchos puntos clave.
Otro de los escándalos que envolvió a YPF fue el pago de 72 millones de pesos que la nueva gestión le entregó al ex CEO de la compañía, Miguel Galuccio, por su desvinculación de la empresa. La gestión de Galuccio tiene todavía algunos interrogantes sin responder.
Sobre esos interrogantes avanza Gutiérrez junto a Carrió, a raíz de una denuncia del abogado Ricardo Paz Herrera (ver recuadro). Pero sin el respaldo ni el impulso del directorio, los días del síndico en YPF están contados.
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