El oficialismo nacional introdujo en el dictamen del Presupuesto 2026, que se busca aprobar este miércoles en el recinto, artículos que dejan sin efecto la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario, dos normas sancionadas durante el último año con amplia mayoría en el Congreso. La incorporación de estas derogaciones en el proyecto de la ley de leyes se hizo en las últimas horas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pese al rechazo expreso de la oposición y de los sectores sociales afectados.
La Ley de Emergencia en Discapacidad, que declaró la emergencia del sector hasta fines de 2027, y la de Financiamiento Universitario, concebida para asegurar fondos estables para las casas de estudio, habían sido aprobadas por mayorías agravadas del Parlamento y ratificadas tras vetos presidenciales, pero su implementación quedó prácticamente paralizada sin asignación de partidas presupuestarias claras.
El artículo 75 del dictamen oficialista busca derogar ambas normas dentro del texto del Presupuesto, lo que implicaría no solo eliminar su vigencia formal sino también desactivar cualquier obligación de asignar recursos específicos para discapacidad y educación superior en 2026. Además, se agregó otro artículo que modifica un punto de la legislación vigente y termina con la posibilidad de otorgar pensiones vinculadas al certificado único de discapacidad, un derecho consagrado por la propia ley que se pretende eliminar.
La decisión fue interpretada como un “atajo” legislativo para anular leyes conquistadas por luchas sociales y mayorías parlamentarias, y desató críticas dentro y fuera del Congreso. Diputados opositores calificaron la maniobra como una afrenta a la institucionalidad y al respeto por las normas que fueron discutidas y votadas en el seno del Parlamento.
Para organizaciones de personas con discapacidad, docentes universitarios y grupos en defensa de la educación pública, la inclusión de estas derogaciones en el presupuesto es una provocación que amenaza derechos ya conquistados y que puede agravar la situación de sectores vulnerables. Las agrupaciones que impulsaron las leyes ahora redoblan sus reclamos y advierten que continuarán con la movilización social para evitar que estas disposiciones se consoliden en la ley de leyes.
El tratamiento parlamentario del Presupuesto 2026 se presenta esta semana como una pulseada política y simbólica sobre la vigencia de derechos sociales ya consagrados, en medio de una disputa más amplia por las prioridades fiscales y la orientación del gasto público para el próximo año.
Galería de imágenes
Comentarios