El consultor Federico Muñoz ataca las ganancias “extraordinarias” de las empresas electrónicas fueguinas y, aunque admite que el régimen “da empleos en un rincón del país donde es difícil generarlos, hay que ver qué sobreprecios se está dispuesto a pagar para mantenerlos”. Un alto funcionario del Gobierno de Macri comparte el enfoque: “Hay que relacionar el costo fiscal del régimen con lo que paga el consumidor y con cuánto le cuesta a la sociedad generar esos empleos en el Sur”.
Dante Sica, director de la consultora Abeceb, opina que, más allá de los criterios económicos, primero debe definirse políticamente si interesa mantener el polo electrónico fueguino. Una vez que se tome la decisión, “no hay que explotar la burbuja que se creó, sino que hay que pincharla y desinflarla de a poco”. Como alternativa a la electrónica de consumo masivo, Sica propone la producción de semáforos LED o de los 19 millones de medidores de electricidad inteligentes que algún día deberán instalarse en todo el país, como ocurrió en otros, y que permitirán registrar la generación solar que aporten al sistema los hogares que pongan pantallas. Mejorar la competitividad es otro compromiso que debería asumir el sector, que a su vez necesita de inversión en infraestructura y previsibilidad en las normas, ya que el régimen se termina en 2023 y se desconoce qué ocurrirá después, según Sica.
Otro economista que ha estudiado el régimen, Ricardo Rozemberg, investigador de la Universidad de San Martín, opina que, dado que la electrónica está en todos los productos, la industria fueguina debería “hacer más alianzas” con sectores que no sean de consumo masivo, como el automotor. Coincide con él Francisco Gatto, director del Instituto de Desarrollo Económico de la Universidad de Tierra del Fuego: “Hoy lo importante es dar señales para 2023. Es importante porque las empresas necesitan horizonte para invertir. Estamos en el límite temporal. La indefinición es letal. El problema es plantear blanco o negro, hay grises. El turismo, la madera y la ganadería ovina no pueden generar el empleo y los ingresos provinciales que generan la electrónica. El sector público está a tope. El agropecuario tiene 1.000 empleados. En los 90, los operarios de la electrónica llevaban menos años acá. Ahora llevan más y va a haber tensión. Al país le costó mucho crear población acá. A los que van a matar es a los que viven acá, no a los otros beneficiarios del régimen. Podrían apretar para que las empresas ganan menos”.
El exministro de Economía kirchnerista Axel Kicillof opina que debería profundizarse el régimen con más integración de componentes nacionales. Cree que incluso podrían exportarse bienes electrónicos de consumo: “Nosotros estábamos negociando con empresas chinas que querían instalarse para exportar a toda Latinoamérica”. Su excolega de Producción e impulsora de la revitalización del régimen, Débora Giorgi, también aporta su opinión: “El desarrollo industrial es difícil en Tierra del Fuego, pero también otras actividades, por las dificultades del clima, del suelo. Por supuesto que hay que trabajar para una mayor diversificación de la producción y por eso en nuestro gobierno hubo un fuerte impulso al turismo y algún desarrollo petroquímico”. Sobre esto último hubo poco y nada. Al sector turístico le fue mejor, pero tampoco es un boom. “¿Qué impide que el turismo se expanda más hoy en día?”, chicanea el director de Planeamiento de Mirgor, Fabio Rozenblum. Giorgi recuerda que en 2015 el ministro de Ciencia, Lino Barañao, firmó un acuerdo para financiar con 20 millones de pesos un centro de desarrollo de software en Tierra del Fuego. La provincia pondría la tierra y las empresas de electrónica, 6 millones. “Pero todo está en stand by”, lamenta la exministra de Industria fueguina Carolina Yutrovic.
BGH, una de las grandes electrónicas de Río Grande y una de las afectadas por la apertura a las computadoras importadas, explora alternativas. “Nosotros estudiamos otras posibilidades, como las salmoneras, pero tendríamos producción limitada y partimos sin experiencia en la Argentina”, cuenta el CEO de BGH, Gustavo Castelli. “También está la opción de poner data centers, porque sería más bajo el costo de enfriar los equipos, pero hay problemas de conectividad de la isla y además no ocupan tanta gente”, agrega. Además concuerda con Rozenblum en que una producción electrónica de productos no masivos generaría menos empleos que los actuales por sus menores volúmenes y precios.
“Lo más probable es que el régimen siga, pero más limitado, para tener menos costo fiscal, pero sin poner en peligro la viabilidad de la isla, porque los otros sectores no agregan tanto valor”, opina Castelli. “Se seguirán haciendo los productos emblemáticos, como televisores, aires, microondas. En algunos casos más sensibles habrá mix de nacionales e importados, como en los celulares. Lo que pedimos es una definición, un plan a 20 años. De los 15.000 empleados que llegó a tener la industria quedarán 9.000”, advierte el CEO de BGH.
“Hay que ver si hay productos que no son convenientes seguir haciéndolos”, admite Rozenblum, de Mirgor. “Hay empresas que dejaron de hacer equipos de audio. La provincia tiene una alta dependencia de la electrónica y debemos trabajar para que desarrolle otros sectores, como parques eólicos y la industrialización del gas, pero no es tan fácil dar empleo. La viabilidad de la provincia está en juego”, sentencia el ejecutivo de la empresa de Nicolás Caputo, el amigo del Presidente.
“La provincia depende mucho de la industria”, reconoce la exgobernadora Fabiana Ríos. “Nuestros recursos naturales son no renovables, como gas y petróleo. Los bosques hay que cuidarlos y no crecen con facilidad. El turismo no crece tanto. La minería a cielo abierto está prohibida por ley porque compite con el turismo”, descarta opciones Ríos.
En las telefónicas, mientras tanto, siguen en contra del régimen. “Es un dolor de cabeza, ojalá no subsista más. Cuanto más caro es un producto, genera atraso tecnológico y contrabando de equipos”, comenta un alto ejecutivo en Buenos Aires que pide no ser identificado. Este año se calcula que entrarán 3 millones de celulares de contrabando, incluidos los que traen los que se van de turismo al exterior, frente a 10 millones fabricados en Tierra del Fuego, según calcula el ministro de Industria fueguino, Ramiro Caballero.
“No tiene sentido económico fabricar teléfonos en Tierra del Fuego”, opina otro alto directivo de una telefónica, que aboga por que la eliminación de aranceles a las computadoras se extienda a los celulares. Porque si se diese de baja el estímulo al polo austral pero se mantuvieran las tarifas a la importación de fuera del Mercosur, llegarían teléfonos del régimen de promoción industrial de Manaos, capital del estado brasileño de Amazonas, o de México, país con el que la Argentina tiene firmado un pacto comercial parcial. “¿Vamos a comprar a otras zonas donde tampoco tiene sentido hacer teléfonos?”, presiona el ejecutivo de la operadora. “Si viene Apple a la Argentina, puede que el modelo fueguino entre en colapso”, vaticina. Los iPhone se ensamblan en Manaos, pero la empresa de la manzana nunca quiso hacerlos en Tierra del Fuego por las dificultades para el ingreso y la salida de fondos en tiempos del cepo cambiario.
El día de las elecciones a secretario general de la UOM de Río Grande, en septiembre último, el diputado y sindicalista Oscar Martínez estaba tranquilo por su reelección. Pero esa misma jornada estaba inquieto por el futuro cierre de la autopartista de electrónica Visteon. “Visteon tiene un solo producto: aire para la Ranger, que es un modelo con vigencia hasta 2018. Dicen que está en rojo por presión de Ford y que su intención es no continuar con la fábrica”, lamenta Martínez. “El Gobierno insinúa que quiere que sólo se fabriquen tres productos: televisores, aires y celulares. Quedarían afuera decodificadores, monitores, cámaras de fotos, equipos de audio, microondas, videofilmadoras. Hay empresas con proyectos de radiorrelojes y jueguitos. El problema es que faltan siete años para que termine el régimen y hay riesgo de que no inviertan porque no ven continuidad clara”, advierte el sindicalista.
***
Esta investigación fue realizada para Chequeado.com y se publica en forma conjunto con NOTICIAS. Chequeado es una organización dedicada a la verificación del discurso que busca mejorar la calidad del debate público en la Argentina. Este artículo forma parte del proyecto “Investigación y datos: Chequeado sin corsé”, que incluye más de 12 producciones a publicarse antes de fines de 2016 en el sitio especial “Chequeado Investigación”, y que fueron financiadas gracias al apoyo de Open Society Foundations (OSF).
***
Esta investigación se completa con otros textos:
Mitos y verdades de la electrónica fueguina
La industria fueguina se pregunta cómo bajar los costos
El sufrimiento en la Margen Sur: la lucha por el techo de los operarios de la electrónica
Un Gobierno obsesionado por la baja de los precios de la electrónica
Componente nacional, exención impositiva y concentración económica, en la polémica
El difícil sueño americano… del extremo sur
Las razones geopolíticas que llevaron a crear un polo electrónico en el Sur
Una historia que va desde el pionero Mauricio Macri hasta los permisos de Débora Giorgi
La crisis de la electrónica empezó con la devaluación de 2014 y se profundizó en 2016
Galería de imágenes
Comentarios