El caso del Correo obligó al Presidente a dar una conferencia de prensa este 16 de febrero para explicarlo, y finalmente, al Gobierno mismo a pedir la nulidad. Se trata de un caso Macri vs. Macri. El Ejecutivo que el Presidente encabeza debía defender los intereses del Estado por la deuda concursada del correo cuyos accionistas son sus tres hijos, sus tres hermanos vivos y sus sobrinos, hijos de Sandra Macri. Esta causa estaba en el fuero nacional en lo comercial. Pero el Estado también enfrenta cuatro denuncias del grupo Macri en el foro contencioso administrativo. El Gobierno pidió a la Justicia la nulidad de las últimas de ellas.
La primera demanda ocurrió en 2001, al presentarse en concurso el correo de su propiedad, por presuntos incumplimientos contractuales del Estado en cuanto a la exclusividad en la impresión de estampillas y la distribución de sus cartas. La segunda data de 2003, cuando Néstor Kirchner le retira la concesión del servicio postal porque había dejado de pagar desde 2000 el canon anual de 102 millones de pesos de los tiempos de la convertibilidad. En el debate para jefe de Gobierno porteño en 2003, la ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le reclamó la deuda de los Macri al Estado: "Son 260 millones (de pesos) que servirían para trasladar la Villa 31 dos veces". En realidad eran 296 millones en 2001.
La tercera denuncia es de 2004, cuando Kirchner decreta que todos los activos de Correo Argentino SA sean transferidos al estatal Correo Oficial. La cuarta se inició 15 días antes del acuerdo cuestionado entre el Gobierno de Macri y el grupo Macri y consiste en un reclamo por todo lo que el Estado presuntamente le debe. El abogado del correo macrista en concurso, Javier Kleidermacher, explica que esa demanda se inició porque en 2009 el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se negó a compensar acreencias y deudas para resolver todos los juicios y entonces su cliente primero inició recursos administrativos ante el Ministerio de Planificación, que dirigía Julio De Vido, en 2010 y 2013, y finalmente apeló a la Justicia en junio pasado.
La fiscal Boquin consideró que esa última demanda fue de "mala fe" porque le exigía al Estado que le pagara en cuotas con una tasa de interés del 11% en los primeros años y después ajustada a la que cobra el Banco Nación. En cambio, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, había aceptado casi al mismo tiempo una tasa del 7% para el pasivo de los Macri con el sector público. La fiscal se guió por los cálculos de la deuda que encargó a la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuraduría General de la Nación, que encabeza Alejandra Gils Carbó, de Justicia Legítima. Pero fuentes judiciales niegan una amistad con su jefa, cuya destitución pide Cambiemos. Alegan que la DAFI es el mismo organismo que calculó indemnizaciones en casos como las tragedias de Once y Cromañón, y que la fiscal se basó en los fallos de la Corte Suprema en los concursos de Sociedad Comercial del Plata y Arcángel Maggio. Kleidermacher, abogado de los Macri, alega que la diferencia radica en que esas dos empresas se comprometían a pagar menos del 100% del capital, en mayor plazo y seguían en actividad, con la posibilidad de generar recursos para abonar lo adeudado.
Pero en el Ministerio Público Fiscal opinan que si el Correo Argentino quebrara, se activarían más intereses y podría afrontar la deuda con los activos de sus juicios contra el Estado en el fuero contencioso administrativo. Además prevén que la quiebra podría extenderse a su controlante, Sideco, con negocios en energía, minería, tratamiento de residuos y los autos Chery, entre otros. Consideran que podrían iniciarse acciones contra los administradores de la empresa quebrada por la deuda y por supuesto vaciamiento. Pero ahora Macri prometió volver el caso a foja cero.
por Rodis Recalt, Alejandro Rebossio
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