El juez brasileño Sergio Moro, que destapó la Operación Lava Jato (lavado a presión) que ha condenado a 131 exfuncionarios y empresarios de 16 compañías, no vino sólamente a ofrecer conferencias en Buenos Aires este 3 y 4 abril. Vino a explicar cómo operó el acuerdo por el que la mayoría de esas empresas aceptaron dar información sobre pagos de coimas a políticos a cambio de seguir operando como proveedoras de obra pública en su país, y también sobre cómo la Argentina podría adherirse a ese pacto. Así lo conversó con el ministro de Justicia, Germán Garavano, que fue quien lo invitó a venir, pero también con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez. Fuentes vinculadas al Lava Jato comentaron que “ahora en la Argentina entendieron mejor cómo funcionaría un acuerdo”, que a su vez podría convertirse en una bomba neutrónica de revelaciones de casos de corrupción como lo ha sido en Brasil.
Tres constructoras brasileñas presentes en la Argentina firmaron convenios en el gigante sudamericano, a los que después adhirieron Estados Unidos y Suiza: Odebrecht, Andrade Gutierrez y Camargo Corrêa (dueña de Alpargatas y Loma Negra). El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha hecho público que Odebrecht confesó que pagó coimas por 35 millones de dólares entre el 2007 y el 2014, es decir, en la era K, a intermediarios en la Argentina que a su vez derivaron parte de ese dinero a funcionarios locales. Esos sobornos fueron para asegurar tres contratos de infraestructura por un total de 278 millones, según detalla el Gobierno norteamericano. Allí consta que en 2008, antes de resolverse una licitación, “Odebrecht y otros” se comprometieron a hacer “futuros pagos”. Los documentos públicos no dicen quién pagó a quién ni por qué. Pero en 2008 el gobierno de Cristina Kirchner adjudicó la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento a un consorcio integrado por Odebrecht; Iecsa, que Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, acaba de vender a Marcelo Mindlin; la española Comsa, y la italiana Ghella. El Ejecutivo estadounidense sí reveló que entre el 2011 y el 2014 se pagaron 3,4 millones de dólares a intermediarios que iban a coimear a funcionarios.
Todo el detalle de estos sobornos se conocerá en la medida en que los jueces y fiscales argentinos lo pidan a Brasil. Pero fuentes ligadas al Lava Jato consideran que el intercambio de información se aceleraría si se firma un acuerdo con Odebrecht antes del 1 de junio. Ese día caduca el plazo por el que la constructora se comprometió con las autoridades de Brasil, Suiza y Estados Unidos a cooperar con los otros 11 países latinoamericanos y africanos donde sobornó. En su tierra, Moro había avanzado con dificultad durante dos años hasta que finalmente pactó con la empresa. Allí, la compañía aceptó una multa de 1.900 millones de dólares, de los cuales 80% cobrará el Estado brasileño, 10% el norteamericano y el resto el suizo. Pero Odebrecht se aseguró de que continuará como proveedora del Estado. Unos 78 de sus empleados fueron identificados como responsables de la corrupción y prestaron colaboración con la Justicia a cambio de una reducción de las penas. Uno de ellos es el dueño de la compañía y uno de los empresarios más poderosos de la primera economía latinoamericana, Marcelo Odebrecht, que en el 2015 fue arrestado y en el 2016 condenado a 19 años de prisión, pero que a fines del 2017 se irá a su casa a cumplir arresto domiciliario gracias al pacto. A él le interesa que su grupo, que facturaba 45.000 millones de dólares anuales antes del escándalo, se mantenga en pie.
Pata local. Para Marcelo Odebrecht, la Argentina es importante. En 2011 vino a Mar del Plata a ser uno de los disertantes estrella del coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y en el 2012 estuvo en la cumbre presidencial bilateral que organizó la UIA en Cardales, e incluso se ofreció a pagar una igual en su terruño del estado de Bahía.
Odebrecht lleva 28 años en la Argentina. En la actualidad tiene aquí tres contratos públicos: el del soterramiento del Sarmiento; el levantamiento de una planta de AySA en el Paraná de las Palmas, que ganó en el 2008; y la construcción de un gasoducto que le concedió el gobierno de Córdoba en el 2016, cuando ya gobernaba el peronista anti K Juan Schiaretti.
Informantes vinculados al Lava Jato reconocen que la empresa suele hacer aportes a las campañas políticas de diversos candidatos oficialistas y opositores en todos los países en los que está presente, incluida la Argentina. En los registros de contribuciones en blanco de la Cámara Nacional Electoral no figuran pagos de Odebrecht ni de sus más altos ejecutivos en la Argentina. En el 2007, un año después del inicio de la licitación del soterramiento y un año antes de su adjudicación, Creaurban, la desarrolladora inmobiliaria de Calcaterra, figuró entre los principales aportantes oficiales de la campaña presidencial de Cristina Kirchner. En el entorno del primo de Macri tildan de ridículo que esa contribución en blanco pueda interpretarse como una coima. El fiscal Federico Delgado investiga una reunión en el 2013 entre el entonces CEO de Iecsa, Javier Sánchez Caballero, ejecutivos de Ghella, Comsa y AySA, y el secretario de Obras Públicas de entonces, el ahora preso José Lopez, y la relación de éste con un representante de Odebrecht, Jorge “Corcho” Rodríguez, el ex de Susana Giménez, y con el sobornador de la firma brasileña.
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