"A vos te paga Stiuso para perjudicarme, vos mentís, esta es una operación berreta para perjudicarme a mí y al Papa Francisco", gritaba furioso del otro lado de la línea el diputado Gustavo Vera en octubre de 2016, cuando NOTICIAS lo consultó sobre la denuncia de un ciudadano boliviano por la que estaba imputado en la Justicia.
"Con la devolución de las máquinas, la causa quedó sin efecto", insistía el ahora precandidato a legislador por el Partido Justicialista junto al también polémico ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Sin embargo, tal como lo había anticipado NOTICIAS, el juez consideró que había elementos suficientes para dictar su procesamiento por el delito de peculado y así lo hizo finalmente el viernes 7.
Todo comenzó en octubre de 2015 cuando, alertado por un allanamiento a un taller textil, Vera se presentó en calidad de "depositario judicial" para disponer de las 19 máquinas confiscadas con el objetivo de darle "un fin social".
Según Lucas Schaerer, vocero de Vera, esto es un procedimiento habitual desde 2008, en lo que llaman "incautación con reinserción social": lo decomisado en procedimientos contra el trabajo esclavo se utiliza con fines benéficos, como la capacitación de trabajadores en cooperativas. Sin embargo, al poco tiempo se le dictó la falta de mérito al dueño del taller allanado, quien le solicitó a Vera la devolución de su material de trabajo. Ante la falta de respuesta luego de meses de reclamos, lo denunció por el delito de "maversación de caudales públicos". En su escrito, el abogado Alejandro Kim dejó constancia de que no se trataba de un hecho aislado, sino de una forma de proceder de un grupo en el que se ven implicados jueces y fiscales, quienes, con la excusa de combatir el trabajo esclavo en la ciudad de Buenos Aires, se apropian de bienes de los comerciantes textiles. Esta es quizá la razón del nerviosismo de Vera ante la consulta periodística.
Por ese entonces, y a pesar de los intentos del legislador por frenar su difusión, NOTICIAS publicó la información que rápidamente se viralizó y provocó que, no conforme con los agravios telefónicos, se despachara por escrito en un comunicado que todavía puede leerse en el sitio web de La Alameda con el sugerente título "Respuesta a las Calumnias". En ese texto, en el que aclara que "hay algunos periodistas muy enojados con el Papa Francisco que hace tiempo vienen desinformando y demonizando su figura y a todos los que estamos cercanos a él", el diputado afirma que las máquinas ya habían sido devueltas y que "toda la denuncia es una maniobra con el claro objetivo de calumniar a nuestra organización, al referente y al Papa Francisco". El Sumo Pontífice llegó a escribirle una carta solidarizándose con él, difundida por el propio imputado.
Sin embargo, según consta en el acta de procesamiento firmada por el juez Claudio Bonadio, la Justicia entiende que Vera no sólo no restituyó las máquinas denunciadas, sino que también presentó documentación falsa para simular que estaban siendo refaccionadas.
El dirigente se defiende: "Toda la causa es un cachivache de Bonadio, que es un empleado de Clarín y busca perjudicarme en plena campaña". La prueba estaría, según Vera, en que el juez sólo lo procesó a él mientras que Julio Piumato, el otro depositario judicial denunciado en la causa, fue sobreseído. Ahora, el precandidato a legislador porteño por el PJ enfrenta una pena de 2 a 10 años de presión y un embargo por 20 mil pesos.
por Guadalupe Vázquez
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