Me preocupa que lo importante sea sacarse la foto”, advierte el secretario del Departamento de Comercio de la Unión Industrial Argentina (UIA), Adrián Makuc, que fue director de Política Comercial en la administración pública nacional entre 1998 y 2014, cuando se jubiló, y es uno de los economistas que más saben de negociaciones internacionales. ¿A qué imagen se refiere? A la de los ministros de los países del Mercosur y la Unión Europea sellando un tratado de liberalización comercial (TLC), justo en la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que se celebrará del 10 al 13 de diciembre próximo en Buenos Aires.
“La negociación con Europa se impulsó a instancias de la Argentina”, recuerda uno de los negociadores del equipo del ministro de Producción, Francisco Cabrera. En mayo de 2016 se intercambiaron las primeras ofertas. “En ese momento se pusieron como meta acordar en diciembre de 2017 y ese no es el mejor modo de negociar porque los europeos te van a decir: ¿Querés cerrar? Tomá, este es el acuerdo”, advierte Makuc.
Pero en el Gobierno dan otra versión: “Los europeos cambiaron a partir de la victoria de (Donald) Trump (en noviembre de 2016) porque se cayó la negociación del TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones) y nos propusieron cerrar en diciembre de 2017. Nosotros aceptamos y venimos avanzando en cada ronda de negociaciones”. La próxima es en Bruselas desde el 29 de noviembre hasta el 7 de diciembre.
En octubre pasado, la UE ofreció liberalizar un cupo de carne vacuna de 78.000 toneladas anuales para Mercosur, menos que las 100.000 que había ofrecido en 2004, cuando se frustró por primera vez esta negociación iniciada hace 18 años, y también menos que las 300.000 que piden la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (Venezuela está suspendida del bloque). La oferta indignó al entonces jefe de la Sociedad Rural (SRA) y actual ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere.
“A la Argentina le interesa vender no sólo carne sino también arroz, maíz, trigo, merluza y otros pescados, biocombustibles, vinos, arándanos y otras frutas, hortalizas, miel, servicios profesionales como los que da Accenture, que empresas como Invap accedan a compras gubernamentales”, relatan en el Ministerio de la Producción. “Pero este es un acuerdo estratégico que va más allá de lo comercial”, definen en el Ejecutivo. “Si hay 5.000 toneladas más o menos, no es lo central. Si peleamos artículo por artículo, esta negociación puede ser eterna. Si querés terminarla, noles puedo pedir todo ni ellos me pueden pedir todo”.
Lo que le atrae al Gobierno es que países que firmaron convenios similares con este bloque de 27 (eran 28 hasta que Reino Unido votó irse) multiplicaron por seis la cantidad de inversión europea recibida en los primeros diez años de vigencia. “Las empresas alemanas, francesas, italianas, españolas y portuguesas son las más interesadas en este acuerdo porque les daría previsibilidad y transparencia”, se entusiasman en el gobierno argentino. “Y nosotros necesitamos inversión, y sobre todo en infraestructura”, continúan.
Hechos
¿Pero qué ocurre con el comercio, que también es clave para el empleo? México tiene su TLC con la UE desde 2000. Entre 2006 y 2016, sus exportaciones al Viejo Continente crecieron 87% y las importaciones desde allí, 77%. Al mismo tiempo, las ventas de Chile, cuyo pacto con Europa comenzó en 2005, cayeron 40%, en parte por la baja del precio del cobre, mientras que las compras se duplicaban. En 2013 entraron en vigencia los convenios de Bruselas con Colombia y Perú. La economía colombiana, concentrada en un petróleo abaratado, le vende desde entonces 29% menos al bloque europeo y recibe 7% menos. Perú, dependiente de la cotización del cobre y el oro, redujo sus exportaciones a la UE 3%, pero aumentó sus importaciones 3%.
“También nos interesa el acuerdo porque te ata a hacer reformas”, se refieren en el gobierno argentino a un pacto en el que no se discuten los subsidios de Europa a su agricultura. Las subvenciones sólo se debatían en la hundida Ronda de Doha de la OMC. “Hoy los empresarios argentinos no se modernizan porque piensan que en dos años cambia el gobierno”, reflexionan en Producción. “Pero si hay un acuerdo con la UE, nos comprometemos a que algunos productos se liberalizarán en diez años y otros en 15. Los empresarios argentinos vienen de una economía cerrada en la que tenían una rentabilidad extra, pero van a tener que competir”, agregan. El Gobierno sostiene que las reformas tributaria, laboral y burocrática tornarán más competitiva una economía que en la actualidad encuentra dificultades para rivalizar incluso con bienes del campo, en los que se supone que la Argentina cuenta con ventajas. El país tendría más de 10 o 15 años para adaptarse porque ese plazo comenzaría a contar después de que el tratado sea ratificado por el Parlamento Europeo y los de los cuatro socios del Mercosur.
Habría que competir con una Europea robotizada. Sólo basta comparar las plantas de Volkswagen en Pacheco y en su casa matriz de Wolfsburgo para advertir que en esta última apenas hay obreros. En la industria alimentaria, la calidad y los subsidios marcan diferencias.
Pero un décimo de los artículos quedará excluido de la apertura. Argentinos, brasileños, paraguayos y uruguayos deben ponerse de acuerdo sobre qué se incluye en ese 10%.
"Queremos incluir a los sectores que generan mucho empleo y en los que somos poco competitivos con Europa, como textil y metalmecánico”, explican en el equipo de Cabrera. “Queremos establecer reglas de origen para que no vendan como europeos productos que sólo se terminan allá.”
Uno de los asuntos de inquietud en laboratorios y fabricantes de agroquímicos radica en las patentes. El jefe de asuntos legales de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), Mariano Genovesi, advierte que se extendería el plazo de patentes cinco años y se protegerían los datos de pruebas presentados para el registro de medicamentos. “Las patentes son nuestra línea roja innegociable”, aclaran en Producción, aunque admiten que en un tratado todos ceden algo. "No vamos a firmar acuerdos iguales que los que firmaron países sin industria como Chile, Colombia o Perú. Los europeos quisieron imponernos el mismo formato de acuerdo, pero el Mercosur no es lo mismo. Nosotros les dijimos: ‘Yo quiero firmar, pero también voy a lanzar en diciembre una negociación con Canadá y además quiero pactar con Australia y Nueva Zelanda’. Los europeos perdieron el mercado de compras públicas en América Latina frente a China. Si quieren recuperarlo, que cedan algo”, razonan en las huestes de Macri.
Nombres
Macuk señala otros temas de discusión. Una es la protección de indicaciones geográficas que pretende Europa: son más de 300 y abarcan desde los quesos parmigiano reggiano o gouda hasta la cerveza Pilsen o el vino Toro. Otra es qué servicios se liberalizarán: los empresarios argentinos del transporte marítimo y fluvial están en alerta. Está en discusión qué bienes y qué servicios se incluirán en el capítulo que dará tratamiento nacional a los proveedores europeos en las compras del Estado. La UE quiere incluir obras públicas y remedios, y no sólo en las adquisiciones de la administración nacional sino en las provinciales, pero el Mercosur se niega. “El acuerdo con la UE no implicaría cambios”, espera el presidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss.
El agro argentino es el sector más interesado en el acuerdo, pero tiene sus reparos. “Queremos mejor acceso a la carne, pero también al biocombustible y los productos de economías regionales”, advierte el presidente de la SRA, Daniel Pelegrina. “Queremos proteger los lácteos porque los europeos tienen sobrestock y subsidios y que no se entreguen indicaciones geógraficas ni patentes”, agrega.
“Si es beneficiosa, ¿por qué la negociación es secreta?”, se queja Adrián Falco, de Fundación SES. El Gobierno responde que está en contacto con empresarios y sindicalistas.
Galería de imágenes
Comentarios