El soterramiento del tren Sarmiento sigue siendo una preocupación para la familia del Presidente. En la última semana, el fiscal que investiga las coimas que circularon alrededor de esa obra pidió embargar al primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, por más de 54 millones de pesos. Ahora la decisión quedó en las manos del juez. Un indicio sobre el futuro de Calcaterra podría hallarse en la sugerencia que hizo la Sala 2 de la Cámara Federal –considerada por el establishment judicial como la más “prestigiosa”– sobre este caso: encomendó al juez a que tome medidas cautelares debido a la entidad del caso.
La obra es uno de los capítulos argentinos del Lava Jato porque entre las empresas que participaron de la licitación se encuentra la compañía Odebrecht. Es, además, uno de los proyectos ferroviarios más grandes de los últimos años.
En su dictamen, el fiscal Franco Picardi escribió que las coimas en cuestión se habrían materializado de dos maneras: primero a través de pagos a la empresa CAESA entre el 2005 y el 2009 por servicios de consultoría inexistentes y luego mediante transferencias a través del esquema internacional de pago de sobornos montado por el grupo Odebrecht, el cual tenía un departamento especial para pagar sobornos llamado “División de Operaciones Estructuradas”.
CAESA era una consultora encabezada por Manuel Vázquez, identificado como el testaferro de Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte de Néstor Kirchner. Ambos están presos.
Entre los documentos que describió en su dictamen, Picardi mencionó una factura Nº 184 emitida por CAESA a nombre de IECSA. Desde el entorno de Calcaterra afirmaron a NOTICIAS que Vázquez había sido contratado entre el 2005 y el 2008 para solucionar inconvenientes que la empresa tenía en Brasil. Incluso agregaron que la contratación inicial fue hecha por la gestión anterior. Calcaterra siempre recuerda que él compró IECSA en 2007 a su tío Franco Macri, padre del Presidente.
Millones
El punto más sensible del dictamen del fiscal es el embargo. Mientras todos los involucrados tienen un pedido de embargo por 4,3 millones de pesos, para Calcaterra pidieron 54 millones. La explicación radica en que el fiscal pidió dos clases de embargos: uno para personas jurídicas (60 millones) y otro para personas físicas (4,3 millones). Pero como IECSA fue vendida este año –ya con el escándalo en marcha–, Picardi resolvió que en representación de la empresa, el embargo debería caer sobre quien fuera el accionista mayoritario: es decir, Angelo. Por esto de los 60 millones que correspondían a IECSA, 50 fueron para él. Los 10 millones restantes recayeron sobre el empresario Marcelo Mindlin a través de SACDE, la empresa que compró IECSA. Un enredo económico y cacofónico.
Para el primo del Presidente, esta distinción no responde sólo a cálculos matemáticos y accionarios, sino a una “operación contra el Gobierno”. Desde el entorno de Calcaterra afirmaron que no hay elementos para semejante pedido de embargo. Ellos sostienen que no estuvieron involucrados en las coimas que afirmó haber pagado Odebrecht, la constructora socia de IECSA en la obra del soterramiento. Incluso remarcan que nunca supieron lo que estaba pasando y recuerdan un episodio sucedido en el 2013. En febrero de ese año una cuenta en Uruguay a nombre de Sabrimol, manejada por Jorge “El Corcho” Rodríguez, recibió alrededor de 400.000 dólares, según reveló el diario La Nación. Además hubo otras transferencias a Hong Kong que serían coimas para funcionarios argentinos. A los pocos meses de concretarse esos pagos, la composición accionaria del consorcio que encaró el soterramiento cambió y Odebrecht pasó a tener el control de la obra, supuestamente con un guiño del gobierno K. Antes estaba dividido en partes iguales. Calcaterra afirma a sus colaboradores que ese empoderamiento de la empresa brasileña podría haber respondido al pago de sobornos, pero para el fiscal se explica porque Odebrecht había asumido el compromiso de gestionar el financiamiento del 50 por ciento del proyecto a través del Banco Nacional de Desarrollo y Social de Brasil (BNDES).
La definición sobre estas medidas cautelares quedó en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene el respaldo del presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, para ser implacable con los empresarios. En esta nueva etapa del país, los jueces decidieron, con retardo, apuntar sus investigaciones hacia la pata empresaria, aun a riesgo de meterse con un familiar del poder. Un dato insólito sobre este caso: el expediente se inició por una denuncia de la actual diputada electa por Cambiemos, Graciela Ocaña. Fuego amigo.
por Rodis Recalt
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