En un Gobierno plagado de conflictos de intereses, el ministro de Finanzas y amigo de Mauricio Macri, Luis Caputo, está en la mira de la Justicia y la Oficina Anticorrupción por ocultar que tenía sociedades offshore. Por un caso similar, este 19 de febrero renunció Valentín Díaz Gilligan a la subsecretaría general de la Presidencia. No es la primera vez que Caputo está bajo la lupa judicial. Dos revelaciones de NOTICIAS en 2017 derivaron en una causa que fue archivada en la víspera del último Día de los Santos Inocentes. Además está imputado en otros tres casos. Pero Caputo no dimite.
No lo hizo después de que el 11 de febrero los diarios Perfil y La Nación publicaran una investigación del equipo argentino de Paradise Papers en la que la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, según sus siglas en inglés) mostrara que este hábil colocador de la creciente deuda pública era dueño de sociedades offshore que había omitido en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA). “Díaz Gilligan ocultó que fue titular de una CUENTA offshore que manejó $$ de tercero (sería Paco Casal). Omisión maliciosa. Renunció. Luis Caputo ocultó que fue accionista de un ENTRAMADO offshore que manejó $$$ de terceros (no se sabe quiénes son). Omisión maliciosa. No renunció”, tuiteó aquel 19 de febrero Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación que integra el equipo de Paradise Papers junto con Emilia Delfino, de Perfil, entre otros. Hasta Jorge Lanata y Luis Majul se sumaron a la crítica. Lanata escribió el 17 de febrero en Clarín: “Hoy es el mismo gobierno su peor enemigo: los olvidos y conflictos de intereses de Toto Caputo…”. Dos días después, Majul opinó en El Cronista: “Caputo sostiene que nunca fue propietario ni accionista, pero los documentos que publicó la periodista Emilia Delfino demuestran lo contrario. Si Caputo omitió información ante la AFIP y los organismos de control, el Presidente o el jefe de Gabinete (Marcos Peña) deberían pedirle la dimisión”.
En la oposición, el diputado del Frente Renovador José Ignacio de Mendiguren pidió la renuncia. En noviembre pasado, cuando se publicaron los Paradise Papers, también la habían solicitado la entonces diputada Margarita Stolbizer, del GEN, y la kirchnerista Unidad Ciudadana.
Los Paradise Papers habían revelado que Caputo había administrado hasta 2015, antes de asumir en el Gobierno, un fondo de inversión del paraíso fiscal de las islas Caimán, Alto Global Fund, y una gerenciadora de fondos de inversión de Miami, Noctua, con ramificaciones en un estado norteamericano caracterizado por el secreto tributario, Delaware. Todo ingresante al Poder Ejecutivo debe declarar su patrimonio y antecedentes laborales de los últimos tres años para manifestar eventuales conflictos de interés que puedan surgir de sus posteriores decisiones de gobierno, según la ley de ética pública. Caputo no mencionó estos dos fondos en sus declaraciones patrimoniales ante la OA. Ante la consulta del equipo de periodistas, respondió en noviembre que había declarado ante la AFIP los honorarios que había percibido de Alto Global y Noctua. También negó que tuviese acciones en Noctua, aunque de forma poco convincente: “No tuve ninguna injerencia accionaria hasta donde yo sé. Tampoco es importante porque es una sociedad que no vale nada en sí, es un fondo, y vale en la medida de la cartera que maneja”. Noctua, a su vez, tenía como afiliada en la Argentina a Axis Sociedad Gerente de Fondos de Inversión, de la que Caputo tuvo control hasta 2015, según sus declaraciones juradas.
Los periodistas argentinos de Paradise Papers no se quedaron conformes y preguntaron a la SEC por la propiedad de Noctua. Entonces descubrieron que el ministro, primo del amigo y financista presidencial Nicolás Caputo, había tenido directamente 5% o menos de las acciones de Noctua hasta 2015, pero además era dueño indirectamente de la sociedad que la controlaba. El esquema era así: Noctua era propiedad mayoritaria de Affinis Partners II, firma de Caimán que a su vez pertenecía en un 50% a 74% a otra compañía de las mismas islas, Princess International Group, cuyo 75% o más era de Caputo.
Ante la consulta de NOTICIAS, la vocera de Finanzas reitera: “Como ya aclaró el ministro, nunca fue propietario ni accionista de estas empresas, sino asesor, administrador, fiduciario y/o manager. Por lo que sus declaraciones ante la AFIP y la OA son correctas. No hay ni ha habido bajo ningún punto de vista ningún conflicto de intereses”. Habrá que ver las pruebas que Caputo, representado por el abogado Matías Cúneo Libarona, presentará ante la Justicia y la OA para rebatir la información de la SEC.
De manual. El gobierno de Macri actúa en estos casos con el mismo manual de procedimientos. Envía el asunto a la OA, que dirige Laura Alonso, para que dirima. “Se busca encapsulsar ahí el tema”, reconoce un diputado de la UCR. Alonso ya pidió los documentos a la SEC y espera respuesta.
“El Gobierno no quería entregar a Díaz Gilligan… lo entregó porque el asunto siguió en los medios”, reconoce un operador del PRO. Uno de los ministros que participó del retiro espiritual de Macri con su gabinete en Chapadmalal del 15 al 17 de febrero reconoce que en los pasillos no se dejaba de hablar del caso, mientras se guardaba silencio sobre Caputo. El escándalo que destapó el diario español El País sobre Díaz Gilligan tapó en los medios el de los Paradise Papers. “El Gobierno pensaba que no debía dar más explicaciones que las que dio Díaz Gilligan en entrevistas a Clarín y La Nación el 18 de febrero, pero fracasó y ni esperaron a que Alonso se expidiera”, continúa la fuente del PRO. “Pero si lo de Caputo sigue en los medios, Macri no lo va a entregar. Los Caputo son hombres de extrema confianza de Macri y Toto es el tipo que le está consiguiendo en el mundo la plata que necesita para financiar el déficit, lo conocen todos en Wall Street y tiene buen timing en las colocaciones. Y la Justicia va a patear el tema hasta que el ciclo político se revierta, como siempre pasó”, agrega el informante.
El juez Julián Ercolini recibió la denuncia que en noviembre pasado formularon Rodolfo Tailhade y otros diputados kirchneristas contra Caputo y delegó la investigación en el fiscal Carlos Rívolo. A partir de la información de la SEC, Tailhade y el senador Fernando “Pino” Solanas, de Proyecto Sur, se presentaron ante la Justicia. “No hay información”, respondió Rívolo cuando NOTICIAS le preguntó por su indagación.
Hay incógnitas que deberán resolverse. ¿Por qué Caputo niega la información de la SEC? ¿Omitió declarar las sociedades ante la OA para ocultar un patrimonio en negro, es decir, por el que había dejado de tributar, o lo tenía blanqueado ante la AFIP y buscaba evitar que se lo acuse de incompatibilidades con la función pública? “Incompatibilidades se sabía que iba a tener porque siempre se dedicó al mundo financiero, pero debería haberlas aclarado. Lo llamativo es que no declare el patrimonio”, comenta el operador del PRO. Otras fuentes cercanas a un ministro del riñón de Macri analiza: “Caputo se dedicó toda la vida a conseguir guita, nadie se extraña porque tenga offshores. Hay consenso de que por el momento sigue. Tiene que haber algo muy concreto para que se vaya y ni en la Justicia ni en Anticorrupción está instalado el tema”.
Expertise. Dos ex secretarios de Finanzas reconocen razonable que al frente de esta área estén personas que cuenten con experiencia en el sector privado. No es un asunto para inexpertos. Sin embargo, señalan que cualquier funcionario debe aclarar los posibles conflictos de interés para apartarse de decisiones que lo puedan involucrar con sus ex empresas o patrones. “Toto es buen tipo, pero me parece que estos pibes del PRO pecan de ingenuidad y soberbia, cuando les falta experiencia en la administración pública”, evalúa un antecesor del ministro.
Caputo fue ejecutivo de JP Morgan entre 1994 y 1998 y de Deutsche Bank entre ese año y 2008, cuando se retiró para fundar Axis, pero ante la OA sólo debía informar el currículum 2012-2015. En abril de 2014, tras las elecciones legislativas que desecharon una re-reelección de Cristina Fernández de Kirchner, Caputo contó a la agencia Bloomberg que estaba recolectando 300 millones de dólares de inversores para un fondo de Noctua que apostaría por activos argentinos, incluidos los títulos públicos que hasta entonces se pagaba religiosamente y que mejoraban de cotización por las expectativas de un vuelco pro mercado de la Argentina en 2015. Pero en julio de 2014, la Justicia de Estados Unidos bloqueó los giros a los tenedores de esos bonos hasta que se saldara la deuda con los fondos buitres y otros acreedores que habían rechazado la reestructuración de 2005 y 2010.
En febrero de 2016, Caputo llegó a un acuerdo con los buitres y destrabó así los pagos a los inversores en títulos emitidos en 2005 y 2010, como Noctua. ¿Incurrió en un conflicto de interés? ¿Debió haberse apartado de la negociación? Por lo pronto, Caputo negó en noviembre ante la prensa cualquier vínculo con los buitres: “La primera vez que traté con fondos buitres fue como funcionario. Ningún fondo que haya litigado contra la Argentina estuvo vinculado a Noctua, no lo creo. No lo creo, pero la verdad es que no lo sé. Si aparece algún fondo que haya litigado contra la Argentina vinculado a Noctua me como este teléfono ahora y me tiro por la ventana”. Un integrante de la Secretaría de Finanzas en el final del gobierno de Cristina Kirchner reconoce que ninguna de las sociedades de Caputo aparecían en el listado de litigantes contra el país.
En 2005, cuando estaba en Deutsche Bank, Caputo había apoyado el canje de deuda e incluso había propuesto al banco alemán como colocador, pero su casa matriz rechazó la idea porque temía que dañara su reputación en un país donde había inversores con títulos en default desde 2001. En 2016, el entonces secretario de Finanzas logró que el 98% de los que no entraron a la reestructuración llegaran a un acuerdo, pero aún quedan demandas en Nueva York por 1.000 millones de dólares del otro 2%. Allí también otros 200 tenedores de bonos de los canjes 2005 y 2010 reclaman 650 millones por el retraso en los pagos ocurrido entre 2014 y 2016.
Antes de los Paradise Papers había otras causas contra Caputo. El juez Luis Rodríguez desestimó el pasado 27 de diciembre una denuncia que había formulado el jefe de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises), Gabriel de Vedia, a partir de una revelación de NOTICIAS en julio pasado. La nota contaba que en mayo de 2016 la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a través de su Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), en cuyo comité ejecutivo estaba Caputo, invirtió 450 millones de pesos en un fondo de Axis. El entonces secretario de Finanzas había sido el mayor accionista de esta empresa hasta 2015, pero después vendió su parte a sus ex socios Carlos Planas y Fernando Iribarne. Al 31 de diciembre de 2016, Planas le debía 12 millones de pesos a Caputo e Iribarne, 400.000, según la declaración jurada de quien asumiera como ministro a fines de aquel año.
Pero el fiscal de la causa, Eduardo Taiano, desestimó el 29 de noviembre la denuncia de De Vedia después de que Caputo se apersonara ante el juez Rodríguez. “La denuncia de De Vedia estaba bien hecha, pero no se pudo comprobar ningún delito”, explica Taiano a NOTICIAS. El fiscal descartó la denuncia porque, en la reunión de julio de 2016, el Comité Ejecutivo del FGS, del que participaba Caputo, se limitó a “tomar nota” de la apuesta por Axis, que había decidido un mes antes el Comité de Inversiones de ese organismo de la Anses. Este comité es el encargado de las inversiones de corto plazo y, según Caputo, escogió fondos comunes de inversión porque así lo había dispuesto el Comité Ejecutivo en septiembre de 2015, cuando aún gobernaba el kirchnerismo. El Comité de Inversiones también invirtió en otros fondos en la era Macri.
En mayo de 2016, cuando se votó la operación con Axis, el comité estaba integrado por el entonces subdirector ejecutivo del FGS, Luis María Blaquier, que llegó al Gobierno con Macri pero renunció al cargo en diciembre de ese año; y dos analistas financieros heredados de la gestión de Diego Bossio en la Anses, Leandro Toriano e Ignacio Julián. Toriano se había sumado a Anses en 2014 y el mismo mes en que aprobó la inversión en Axis fue nombrado por este organismo como director del Estado en cuatro empresas: en Transener, eléctrica del Estado y de Pampa Energía, de Marcelo Mindlin; y en tres compañías en las que es accionista Nicolás Caputo, la electrónica Mirgor, la eléctrica Central Puerto y Distribuidora Gas Cuyana. En cambio, Julián, que se había incorporado a Anses en 2012, dejó el ente al mes siguiente de votar la colocación en Axis. Se fue a trabajar a un broker de la City, Criteria ALyC. Un integrante de la Secretaría de Finanzas de la era K cuenta que al menos en lo formal el Comité de Inversiones decide con independencia dónde coloca la plata de los jubilados. En el entorno de Bossio defienden a Toriano y Julián: “Lo único que consideraban era la rentabilidad de tal o cual inversión. La cuestión de la composición accionaria de los fondos escapaba a su rol”.
Archivo. La causa Axis está archivada, pero puede llegar a ser revivida si aparece alguna prueba. Ya ocurrió algo así en tiempos de kirchnerismo. Lo sabe Taiano, que reflotó la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner.
El ex intendente del edificio donde funcionan las oficinas de Axis, César Rija, contó a NOTICIAS en noviembre pasado que Caputo seguía yendo allí: “Desde que asumió en el Gobierno, Caputo debe haber visitado el edificio, como mucho, cuatro veces, hasta que yo tuve un infarto en septiembre de 2016 y dejé de trabajar. Cada vez se quedaba mínimo de cinco o seis horas”. Aquel año, Rija le pidió aumento salarial a Martín Maccarone, CEO de la constructora Coinsa, dueña del edificio. “Maccarone me contestó: ‘¿Cómo voy a darte un aumento? ¿Qué le voy a decir a Caputo?’. Y yo le dije: ‘No sabía que Caputo también era mi patrón’”.
Mujer. El ahora ministro fue imputado en 2016 por el fiscal Carlos Stornelli en la causa dólar futuro (ver recuadro). En junio pasado, Stornelli amplió la imputación a la esposa del ministro, Ximena Ruiz Hangling.
A mediados del año pasado, otro fiscal, Jorge Di Lello, requirió al magistrado Claudio Bonadio que instruya una causa contra el ministro y el jefe de la Anses, Emilio Basavilbaso, porque en 2016 la Anses vendió sus acciones en Petrobras Argentina a Pampa y al poco tiempo suscribió obligaciones negociables del grupo de Mindlin, empresario de relación estrecha con Macri. Caputo, Basavilbaso y el Presidente compartieron días de verano en el country Cumelén, de Villa La Angostura. Tras la feria judicial, Bonadio requirió a Pampa más información de la compra de Petrobras y escuchó el 19 de febrero al fiscal De Vedia, uno de los denunciantes, para que explicara los supuestos riesgos para la Anses. La causa se había originado por demandas de Tailhade y de su par Victoria Donda, de Libres del Sur.
El ministro también enfrenta un requerimiento de instrucción que el fiscal Juan Pedro Zoni elevó en junio pasado al juez Ariel Lijo por la colocación del bono a 100 años. Lo hizo a partir de la demanda presentada por un pelotón de diputados K, incluidos Darío Martínez, María Emilia Soria y Nilda Garré. Tras una revelación de la periodista Noelia Barral Grigera en Radio Con Vos, Zoni pidió en noviembre que se investigara que Noctua fue uno de los diez fondos que suscribieron el título centenario. El fiscal sospecha que el ministro benefició a su ex empresa. Pero también hay quienes en el mundillo financiero elogian a Toto porque anunció y colocó ese bono un día antes de que los papeles argentinos se derrumbaran por la decisión de Morgan Stanley de mantener al país en la categoría de mercado fronterizo, en lugar de elevarlo a emergente. No por nada Caputo declaró a la prensa cuando estallaron los Paradise Papers: “Hoy no tengo nada que ver ni con Axis ni con Noctua. Es más, hoy desfavorezco a mis ex socios, en lugar de favorecerlos”.
En el Ministerio de Finanzas se preguntan por qué esta semana NOTICIAS hacía tapa con Caputo: “¿Por qué no se meten con Triaca?”. Esta historia continuará…
por Rodis Recalt, Alejandro Rebossio
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