En la última semana, un presunto escándalo involucró al físico y economista Demián Reidel, titular de Nucleoeléctrica Argentina S.A. y cercano al presidente Javier Milei, por una acusación sobre la gestión de compras y ventas de una inversión inmobiliaria personal no declarada que, según críticos, habría servido para justificar movimientos financieros inexplicados y el pago de deudas millonarias en un corto plazo.
La controversia se profundizó tras una investigación de un portal periodístico, que reveló que Reidel había cancelado deudas personales por alrededor de 825 millones de pesos en apenas 18 días. Ese cambio brusco llamó la atención de analistas políticos que vinculaban la maniobra con su gestión en una empresa estatal con adjudicaciones por montos superiores a los 20.000 millones de pesos bajo su administración.
En medio de ese escenario, Reidel salió al cruce de las versiones que circulaban tanto en redes como en informes de prensa, rechazando cualquier acusación de irregularidad y explicando el origen de los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias que financiaron la cancelación de sus pasivos.
A través de publicaciones en sus redes sociales, el economista sostuvo que en 2018 adquirió con fondos propios una participación en un desarrollo inmobiliario dentro del país, operación que, según su versión, llevó adelante sin vinculación con su cargo público y con total transparencia ante los organismos correspondientes.
Reidel detalló que la compra de esa participación fue realizada con recursos propios, y que la venta se produjo de manera escalonada: en marzo de 2023 y diciembre de 2024 vendió partes de esa inversión, y en 2025 completó otra fracción del activo.
Durante parte de ese proceso, explicó, tomó un financiamiento puente utilizando ese activo inmobiliario como garantía, lo que generó las deudas que posteriormente canceló una vez percibido el dinero de las ventas. El economista precisó que el 15 de diciembre pasado concretó la venta de esa porción por 770.000 dólares, y que tanto la adquisición inicial como la venta se hicieron con capital propio y bajo escrituración certificada por escribano público.
"No suelo responder operaciones, pero se acabó. Acá están los papeles. En 2018 compré con fondos propios una participación en un desarrollo inmobiliario en Argentina. Fui vendiendo por etapas, sin apuro: vendí en marzo de 2023 y diciembre de 2024. En 2025 vendí otra parte y, mientras avanzaba esa venta, tomé financiamiento puente contra el activo para tener liquidez: eso es “la deuda”. El 15/12/2025 vendí esa parte por USD 770.000. La compra fue con fondos propios. La venta también. Cobré y cancelé la deuda. Es una operación transparente, totalmente documentada, con firmas certificadas ante escribano público y consta en mi declaración jurada. Ahí tienen el documento de la venta", destacó el economista y físico en X, compartiendo el escrito correspondiente a la cesión.
La secuencia de operaciones demuestra que no hubo uso de recursos estatales ni de fondos de Nucleoeléctrica para gestiones personales, y aseguró que toda la operatoria está documentada y fue informada en su declaración jurada. Con ese argumento, el funcionario buscó desactivar las sospechas de que la cancelación repentina de deudas pudiera estar vinculada a un presunto beneficio derivado de su posición en el Estado o de adjudicaciones bajo su supervisión.
Hasta ahora no se han formalizado denuncias penales específicas por esta cuestión inmobiliaria, pero el caso se ha convertido en un foco de debate público sobre transparencia, patrimonio y responsabilidad de funcionarios en el manejo de sus activos personales mientras ocupan cargos de relevancia estatal en Argentina. Hace días, Reidel estuvo en la mira pública tras denunciase presuntas irregularidades en contrataciones millonarias y sobreprecios en Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares del país.
La controversia se desató a partir de una presentación formal ante el Comité de Integridad de la empresa por parte del ingeniero Juan Pablo Norazco, gerente de las centrales Atucha I y II, que alertó sobre un proceso de contratación directa del servicio de limpieza de las plantas que habría generado un perjuicio económico estimado en más de 6,5 millones de dólares. Norazco planteó que, frente a una licitación del servicio que históricamente costaba cerca de 600.000 dólares por dos años, el nuevo contrato propuesto rondaba los 7 millones, cifra que encendió alarmas sobre posibles sobreprecios y fallas en el proceso de evaluación técnica.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), representación sindical con fuerte presencia en Zárate y vinculada a la operatoria de las plantas nucleares, confirmó la denuncia y sostuvo que el reclamo del ingeniero “no está vinculado a la política partidaria”, subrayando que las presuntas irregularidades apuntan al manejo del contrato y a supuestas prácticas de contratación “irregular” dentro de la compañía.
El escándalo se profundizó con otras presentaciones surgidas desde el propio sindicato ATE que señalaron compras de software administrativo a un precio que superaría ampliamente los valores de mercado: según esos denuncios internos, un sistema SAP S/4HANA habría sido adquirido por alrededor de 7 millones de dólares cuando su valor estándar se sitúa cerca de 600.000 dólares, lo que implicaría un sobreprecio de más del 1000% y motivó pedidos de auditoría detallada.
La reacción pública de Reidel llegó a través de su entorno y redes oficiales, donde el economista negó que existiera cualquier intención dolosa o irregular en las contrataciones bajo su gestión al frente de Nucleoeléctrica. Fuentes allegadas a su equipo sostuvieron que los procesos internos están sujetos a revisiones y que cualquier denuncia será investigada con transparencia, señalando además que algunas de las acusaciones obedecen a conflictos internos de la compañía con sectores técnicos que se resistieron a cambios administrativos promovidos por la nueva conducción.
Reidel, que fue designado por el propio Milei como titular de NASA tras haber ejercido como jefe del Consejo de Asesores económicos de la Presidencia, viene enfrentando tensiones dentro de la empresa estatal desde hace meses. Según publicaciones especializadas, su gestión incluyó el apartamiento de funcionarios históricos y gerentes técnicos, lo que generó resistencias y denuncias internas que ahora trascendieron al debate público. La gravedad del caso llevó a que el directorio de Nucleoeléctrica decidiera suspender la licitación cuestionada y apartar temporalmente a dos gerentes designados por Reidel, el gerente general Marcelo Famá y el gerente de Coordinación Administrativa Hernán Pantuso, mientras se investigan los hechos denunciados para garantizar transparencia en la empresa.
La controversia alrededor de Reidel se suma a una serie de debates públicos sobre la gestión de recursos estratégicos del Estado y la transparencia en la contratación en empresas públicas. El caso, todavía en etapa de investigación, plantea interrogantes sobre prácticas administrativas, controles internos y la relación entre funcionarios designados por el gobierno y la gestión de activos estatales de alta relevancia económica y estratégica.
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por R.N.
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