"Desde septiembre se trató de aprobar cuatro veces esta Ley de Emergencia en Discapacidad y nuestros derechos no se cumplen, porque quedan menos de un mes para el comienzo de las clases y nadie sabe si van abrir las escuelas especiales, nadie sabe si vamos a tener acompañantes, nadie sabe si vamos a poder acceder a medicación- transporte a nuestros derechos, a nuestra educación a la salud", sostuvo Ian Mosche en un video subido en redes sociales.
En una grabación, el joven activista señaló: "Se suicidaron doce personas, entre niños, adultos y adolescentes por no poder acceder a las terapias y a los tratamiento. A la gravedad y a la magnitud que esto a llegado, nadie sabe que va a pasar este año. Hasta el 4 de febrero habrá que esperar para que los diputados salgan hablar y vuelvan al debate". "¡Son todos cómplices!", destacó Mosche y apuntó contra los "periodistas" que "no hablan de la realidad" y cuestionó al Gobierno por no estar "con el pueblo".
En un fragmento de la edición, el niño autista argentino y activista por los derechos de las personas neurodivergentes que se hizo conocido por su labor en redes sociales, promoviendo la inclusión y la empatía sobre el autismo, mencionó las recientes declaraciones de la actriz Valentina Bassi. La artista destacó la falta de acceso a la educación y derecho a la salud al no implementarse la Ley de emergencia pen Discapacidad sancionada en septiembre del año pasado.
"El gobierno esta en desobediencia judicial. Viola la constitución, la división de poderes, las reglas de la democracia y nada pasa, todo parece estar en una aparente normalidad", afirmó Bassi, haciendo un llamado a dirigentes, legisladores y periodistas; cerró: "La Constitución no permite neutralidad, sobre todo cuando se esta avasallando Derechos Humanos de personas tan vulnerables".
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Congreso en julio de 2025 y designada como Ley 27.793. La norma fue concebida como un instrumento para garantizar derechos básicos a personas con discapacidad, incluyendo la actualización de prestaciones, la creación de pensiones no contributivas equivalentes al 70 % del haber mínimo jubilatorio y la regularización de deudas del sistema de salud con prestadores, entre otras medidas que buscan cumplir con compromisos constitucionales e internacionales del país.
La norma además declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más, en un contexto de recortes en asistencia y protestas sociales por parte de organizaciones del sector. Sin embargo, la administración de Javier Milei adoptó una postura muy crítica, vetándola inicialmente el 4 de agosto de 2025, argumentando que “resultaba imprescindible que toda ampliación de prestaciones se diseñe con criterios de viabilidad financiera, responsabilidad institucional y sustentabilidad”, añadiendo que no había dinero suficiente para financiarla sin poner en riesgo otros servicios esenciales.
La respuesta del Legislativo fue contundente: el Congreso rechazó el veto presidencial en ambas cámaras con amplia mayoría, un gesto histórico que no ocurría hace más de dos décadas y que obligó al Ejecutivo a promulgar la norma. Sin embargo, el gobierno encontró una vía para dilatar su aplicación práctica: mediante el Decreto 681/2025, condicionó la implementación de la ley a que el Congreso especifique fuentes de financiamiento concretas e incluya las partidas en el presupuesto nacional, lo que ha sido interpretado por opositores y constitucionalistas como un “veto encubierto” que contraviene la voluntad parlamentaria.
El choque entre el Ejecutivo y la Justicia también se hizo sentir: en enero de 2026 un juez federal intimó al Gobierno a reglamentar e implementar la ley antes del 4 de febrero, advirtiendo que, de lo contrario, se aplicarían multas diarias a funcionarios o incluso causas penales por desobediencia, tras una presentación de familias afectadas por la demora en la ejecución de la normativa. Esta medida judicial dejó sin efecto parte de la estrategia presidencial de exigir condiciones previas de financiamiento para su puesta en marcha.
Un caso que trascendió en medios fue el protagonizado por Ian Mosche. En medio del cruce por la ley, Milei publicó mensajes polémicos en sus redes sociales refiriéndose a Mosche y su reclamo, lo que llevó a la familia a presentar una denuncia judicial por vulneración de derechos del niño y de personas con discapacidad, acusando al presidente de usar su condición en una disputa política y de difundir mensajes que derivaron en hostigamiento digital.
Más allá de lo estrictamente jurídico, la discusión sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad ha puesto en tensión diferentes dimensiones del debate público argentino: la necesidad de proteger derechos sociales fundamentales frente a reformas económicas de corte neoliberal, el rol de las instituciones para garantizar esos derechos y el tratamiento social y político de las personas con discapacidad. El Gobierno ha defendido su estrategia apelando a la sostenibilidad fiscal, mientras que opositores y organizaciones sociales han cuestionado duramente una demora que deja sin cobertura real a una de las poblaciones más vulnerables del país.
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