El ministro de Finanzas, Luis Caputo, sondea a los bancos locales para pedirles hasta 4.000 millones de dólares. Se sumarían a los 1.000 millones que en marzo pasado le prestó la filial local del británico HSBC, que dirige Gabriel Martino.
Algunos economistas advierten de los impactos negativos de esta alternativa de financiamiento que estuvo prohibida desde la crisis de 2002 hasta que en 2016 fue habilitada por el Banco Central, pero que recién ahora se puso en práctica.
Un mentor de aquella prohibición, el entonces secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, critica el cambio: “Le sacás recursos al sector privado, bajando la competitividad”. En el Central niegan este riesgo o el de prestar a quien no genera dólares: “La norma dice que por cada dólar que se presta al Estado, los bancos deben prestar dos al sector privado”.
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