"Los argentinos hemos vuelto a creer en el país”. Esta afirmación fue hecha por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el 4 de abril del 2017, mientras presentaba las cifras del blanqueo récord de capitales junto al entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad. La referencia en primera persona no era casual. Dujovne, antes de convertirse en ministro y principal responsable de la recaudación fiscal, también había sido parte de la lista de más de 240.000 argentinos que entraron al blanqueo y comenzaron a pagar impuestos por esos bienes que no tenían declarados. “Los argentinos decidieron salir de la oscuridad y la informalidad”, celebró Abad aquel mismo día.
El ingreso de Dujovne al blanqueo fue confirmado por dos fuentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), otras dos del propio gobierno de Mauricio Macri e implícitamente por el mismísimo ministro (ver recuadro). La ley le permitía adherirse, no era aún funcionario: adhirió antes de ser designado ministro el 3 de enero de 2017, cuando era un economista con consultora propia con sede en Barrio Parque y columnista del diario La Nación y TN. Además ocupaba una silla en el directorio del Banco Patagonia (propiedad del Banco do Brasil) y asesoraba al senador Luis Naidenoff (UCR-Formosa).
Dujovne había evadido impuestos. Blanqueó una sociedad en el extranjero llamada Florentine Global, según fuentes de AFIP. Se trata de una firma con un patrimonio de 20,1 millones de pesos, según la declaración jurada patrimonial al 3 de enero del 2017, que debió presentar Dujovne ante la Oficina Anticorrupción (OA) tras asumir como ministro. Allí informó que la incorporó a su patrimonio en julio del 2016. Precisamente, el blanqueo, que comenzó el 1 de agosto de ese año, sólo permitía legalizar los bienes poseídos hasta el 22 de julio. Los posteriores, no.
Una sociedad de nombre parecido, Florentine Global Investments Limited, fundada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas en el 2010, figura en los Panamá Papers, la revelación periodística internacional de marzo del 2016, pero no a nombre de Dujovne sino de una persona llamada Fatema Sattar. Claro que estas sociedades offshore suelen ocultar a sus verdaderos dueños. NOTICIAS le envió un cuestionario de doce preguntas a Dujovne sobre su ingreso al blanqueo y sobre el fenómeno de la economía en negro en la Argentina, pero no lo contestó. Uno de los interrogantes era sobre si su sociedad blanqueada era la misma que aparecía en los Panamá Papers, escándalo en el que también fueron mencionadas sociedades en las que aparecían Mauricio Macri, Néstor Grindetti, Alejandro Burzaco, Francisco de Narváez, Daniel Angelici y Daniel Muñoz, el fallecido secretario de Néstor Kirchner.
Dujovne tampoco contestó otra pregunta de NOTICIAS: “¿Cómo fue la operatoria por la que generó recursos en negro en el exterior, que después entraron al blanqueo? ¿Por qué lo hizo?”. Tampoco respondió si además de Florentine Global, blanqueó otros bienes. De ser así, la cifra “exteriorizada” –eufemismo usado por el Gobierno–, podría no ser de 20,1 millones sino de hasta 32,8 millones. Su patrimonio total asciende a 96,9 millones. La hipótesis surge de sumar los otros bienes que, según el propio Dujovne, incorporó a su patrimonio entre abril de 2016, cuando Cambiemos oficializó el antiguo rumor de que impulsaría un blanqueo, y julio de ese año. En abril se compró un auto cero kilómetro Volvo valuado en 1 millón de pesos y en julio, además de Florentine Global, incorporó a su patrimonio un lote en Punta del Este por 5,3 millones, títulos públicos Discount en dólares por 1,9 millón de pesos y acciones de una sociedad anónima en el exterior llamada Jilym Company tasada en sólo un centavo. El ministro no respondió si estos bienes fueron blanqueados. Según Abad, por el blanqueo, “hubo una reactivación interesante en la venta de automotores e inmuebles”. ¿Casualidades?
Dujovne recibió además tres donaciones en el 2016. Una en enero: acciones por 582.000 pesos de una sociedad anónima del extranjero denominada Para Bien. Y otras dos después de la fecha límite de julio: en septiembre, una participación de 48.000 pesos en Defarim SA, una empresa local “comercial, industrial e inmobiliaria”, según su inscripción. Y otra de 663.000 en Dracena SA, otra compañía argentina de bienes raíces.
Cálculos. Si el entonces consultor no hubiese entrado al blanqueo y la AFIP le hubiera descubierto con posterioridad los bienes en negro, debería haber abonado el 21% de IVA, el 35% del impuesto a las ganancias iniciales, el 35% de la posterior renta anual de los fondos conseguidos en negro, el 1,25% del tributo anual a los bienes personales y las multas por pagarlos tarde. Todo esto en caso de que esos activos hubiesen sido generados en los cinco años previos al 2016. De ser más antiguos, la evasión original hubiera prescripto y entonces sólo habría tenido que abonar el 35% de la renta anual de los fondos y el 1,25% anual de Bienes Personales. Por ingresar al perdón fiscal antes del 31 de diciembre del 2016 sólo desembolsó el 10%. Por algo la agencia tributaria que hasta marzo pasado dirigía Abad advertía que los evasores corrían el riesgo de perder prácticamente sus bienes. Pero no sólo eso: los que más habían defraudado podían terminar en prisión.
El régimen penal tributario prevé penas de cárcel de dos a seis años para el delito de evasión simple, aquella que supera los $ 1.500.000. Establece de tres años y seis meses (es decir, prisión efectiva) a nueve años de arresto para la evasión agravada, la que sea mayor a 15 millones. Dujovne se exponía a estos castigos.
Pero el economista pudo acogerse a la amnistía fiscal, como se denomina internacionalmente lo que en la Argentina se llama blanqueo. El término es más preciso: se amnistía a quien cometió un delito y también al que evadió sin llegar a ser un delincuente porque evadió menos de 1.500.000 pesos.
por Rodis Recalt, Alejandro Rebossio
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