La calma de la Legislatura de Chubut se rompió el 28 de agosto del 2017, cuando un pesado sobre de papel madera a nombre de tres diputados del FpV apareció misteriosamente en una escalera del edificio. “Puede ser una bomba”, se escuchó decir en los pasillos. Nadie se animó a abrirlo. La policía llegó unos minutos después y reveló el misterioso contenido: una pila de 500 expedientes del Gobierno provincial y una carta anónima.
“Era una hoja escrita en computadora, decía que el gobernador Mario Das Neves estaba internado, varios funcionarios de vacaciones y nadie se hacía cargo”, recuerda Gabriela Dufour, una de las destinatarias de la correspondencia. Era tanta la información recibida, que los legisladores de la oposición se tomaron varios días para leer. Y descubrieron que lo que tenían entre manos sí era una bomba, pero todavía no había sido activada.
Los documentos daban cuenta de compras irregulares por parte de la provincia durante la emergencia por el temporal que azotó a Comodoro Rivadavia en marzo de ese año. Entre los productos comprados había colchones, bidones de agua al doble del precio regular y hasta fardos para alimentar animales. “En muchos casos estaban las facturas pero faltaban los elementos. Sacaban la plata y la volvían a ingresar a una caja negra”, dice Dufour a NOTICIAS.
Las compras en la mira alcanzaban los 46 millones de pesos. Pero ese era sólo el comienzo. El escándalo del “sobre-bomba”, como lo conocen los chubutenses, fue el puntapié inicial de una megacausa que hoy tiene en la cárcel a importantes empresarios de la provincia y cinco ex funcionarios del círculo íntimo del fallecido Das Neves, acusados de estafar al Estado por 800 millones de pesos.
El ejecutor. “Si Das Neves estuviera vivo estaría sentado en el banquillo”, sostiene un fiscal de Chubut. Quienes lo conocieron dicen que era controlador y que nada se hacía sin su aval. Pero en el entorno familiar aseguran que en los últimos meses de vida, ya debilitado por el cáncer que lo obligaba a tomar reiteradas licencias y dejar Chubut para internarse en Buenos Aires, algunos de sus funcionarios se aprovecharon de la situación.
Uno de ellos es Diego Correa, detenido y acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que operaba a metros de la oficina del gobernador. Según reconstruyó la Justicia, se quedaba con un millón de pesos por mes, que invertía en emprendimientos inmobiliarios, autos de alta gama, tiempos compartidos en el Caribe, terrenos en la cordillera y propiedades en varias ciudades.
Una de las compras extravagantes de Correa fue una camioneta Hyundai H1, valuada en casi un millón de pesos, que pagó en efectivo en una concesionaria en la que la familia solía adquirir sus vehículos. Estaba a nombre de una de sus empresas y se la alquilaba al Estado. Cuando empezaron a investigarlo intentó venderla y la terminó escondiendo en un garaje de Quilmes.
El dinero llegaba desde varios frentes. Pero el mayor caudal provenía de los empresarios de la construcción: eran obligados a pagar entre el 4 y 5 por ciento del valor de las obras para que el Ministerio de Economía les depositara lo acordado. La coima llegaba en bolsas de dinero en efectivo a la gobernación o por cheques que, según la investigación, cambiaban los choferes oficiales en el banco.
Además de comandar ese entramado, Correa es juzgado por los negocios de dos de sus empresas con el Estado. Con Dual Core reparaba casas oficiales supuestamente en ruinas, y por medio de Sepat ofrecía servicios de sonido en actos oficiales. Por esas maniobras, cayeron presos también su pareja Natalia McLeod; el tío y socio de la mujer, Sandro Figueroa; su amiga Daniela Souza y el contador Federico Gatica.
Correa, que no contestó las consultas de esta revista, era policía aduanero cuando conoció a Das Neves, por el 2001, mientras era director general de Aduanas. El joven ambicioso se ganó la confianza de su jefe mayor y empezó a escalar. “Correa era un ejecutor de lo que nadie se animaba a hacer. Era mucho más que su mano derecha”, sostiene un viejo conocido de Das Neves.
La Policía lo detuvo al salir de su casa. “Tenía 22.500 euros en efectivo y un pasaje a Buenos Aires”, recuerda el fiscal Alex Williams, a cargo de la causa El Embrujo. El nombre hace referencia a un chamán al que la banda hacía consultas esotéricas y que hasta ahora no fue identificado.
El controlador. Los millones de pesos que circulaban en las sombras quedaban registrados en planillas. Los documentos fueron encontrados junto a chequeras, celulares y computadoras en una casa alquilada por la provincia en Playa Unión, una localidad balnearia cercana a Rawson que Correa usaba de depósito.
Se cree que el artesano de esas tablas minuciosamente elaboradas era Diego Luthers, el secretario de Correa, también detenido. Cargaba fechas, nombres, ingresos y egresos. Los montos iban desde los 22 pesos hasta el millón y medio.
Los gastos incluían relajantes musculares, cargas para la SUBE y marcos para anteojos. Unas líneas más abajo, aparecían cheques por 50 mil pesos, aportes de un millón mensual para “salvar” al ahogado Canal 9 de Comodoro Rivadavia y supuestos pagos a funcionarios, entre ellos el actual gobernador Mariano Arcioni. Según la contabilidad, el entonces vice de Das Neves recibía 100 mil pesos por mes, una suma que triplicaba la media que habrían recibido otros miembros del Gabinete.
“Esas planillas fueron la clave”, explica a NOTICIAS el fiscal Marcos Nápoli. En menos de un mes, la verificación de 15 de los cientos de ítems cargados abrió una caja de Pandora que derivó en una segunda gran causa: Revelación.
El nombre fue puesto por la Policía de Chubut que llevó a cabo más de 20 allanamientos simultáneos en Comodoro, Esquel, Puerto Madryn y Trelew. Entre ellos, la casa de la viuda de Das Neves, Raquel di Perna y su hija, María Victoria Das Neves, quien se quejó del operativo en las redes sociales (ver recuadro).
El equipo. Los empresarios le decían “toallón” a Víctor Cisterna, porque “te abraza y te seca”, repetían entre ellos. Era jefe de Gabinete y el supuesto cajero antes de Correa. Pero no recaudaba él: la Justicia cree que el “valijero” era Pablo Bastida, también detenido.
En prisión están también el ex ministro de Economía Pablo Oca y el ex secretario privado de la gobernación Gonzalo Carpintero, par de Correa. Fuentes cercanas a la causa sostienen que juntos llevaban las riendas del Gobierno en la peor etapa de salud de Das Neves, quien falleció el 31 de octubre de 2017.
Además de los funcionarios, la Justicia imputó a siete empresarios. Y por decisión del juez Sergio Piñeda, dos quedaron detenidos: Patricio Mussante, presidente de la Cámara de la Construcción y dueño de Sudelco; y Federico Piccione, de Nitens. Con domiciliaria permanecen Daniel Russo, Juan Salaberry, Juan Carlos Villegas, Esteban Torraca, Oscar Peña y el periodista Andrés Jorge Ninin, vinculado a los pagos millonarios a Canal 9.
Mamushka. Si se la compara con la tradicional muñeca rusa, la pieza más grande sería la enigmática persona que entregó el sobre a los diputados hace diez meses. Se supo luego que era la secretaria de un ministro y ex pareja de un vocero de la gobernación. Hoy está con tratamiento psiquiátrico.
Los fiscales de la Unidad Anticorrupción comparan la causa con una mamushka, pero no saben cuándo llegarán a la última. Doce causas se abrieron desde entonces, donde se investigan contrataciones directas en cuatro obras eléctricas por 260 millones de pesos; pagos de sobresueldos; la compra de cámaras de seguridad obsoletas por 34 millones; irregularidades en Lotería, Ceremonial, la obra social Seros; y hasta vuelos, donde aparece como pasajero Sergio Massa. Aunque desde el Frente Renovador aseguran a NOTICIAS que “jamás se subió a una aeronave de las empresas mencionadas en la denuncia”.
En conflicto con empleados provinciales y con las cuentas complicadas, cerca del vicegobernador Arcioni aseguran “no está preocupado”. Figura en las planillas delatoras, pero por la tirante relación que tenía con Das Neves, sostienen que “no le daban dinero”. Los fiscales no lo descartan. Dicen que nadie está a salvo.
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