Miles de argentinos con cuentas en negro en el extranjero deberán poner las barbas en remojo. Quizás la Administración Federal de Ingresos Brutos (AFIP) los afeita. Una semana antes de que el 5 de octubre último se desatara la polémica por los desplazamientos de funcionarios en la agencia tributaria, su máximo jefe, Leandro Cuccioli, recibió una lista de 171.711 cuentas bancarias de argentinos en el exterior. Se suma a otro listado de 40.829 que llegó a la AFIP en mayo pasado, con lo que totalizan 212.540. Provienen del intercambio automático de información tributaria que un centenar de países, incluidos paraísos fiscales y excluido Estados Unidos, comenzaron a implementar entre el año pasado y el actual, a partir de un convenio de 2014.
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El material sobre las 171.000 cuentas aún no fue analizado, pero se sabe que proviene de 51 países. De las 40.000 de mayo se conoce que son de 36 territorios, la mayoría de Bélgica, España, Francia, Reino Unido, las británicas islas Bermudas, Man y Cayman, Luxemburgo y Países Bajos. El acuerdo internacional de intercambio de datos impositivos incluye territorios sospechosos de proteger dinero negro, como las islas Vírgenes Británicas, Guernsey, Jersey (ambas de Reino Unido), las africanas Seychelles, Suiza, Andorra, Hong Kong o Uruguay. Quedaron algunos paraísos fuera, como las islas Vírgenes norteamericanas. Estados Unidos tampoco firmó, aunque mantiene un pacto bilateral de trueque informativo con la Argentina, aunque no automático sino por requerimiento y cuando se cumplan ciertos requisitos.
Una de las principales razones del éxito del blanqueo de capitales de 2016/2017 fue la amenaza de la entrada en vigencia de estos convenios. Precisamente, en esa amnistía fiscal, a la que adhirió Nicolás Dujovne antes de asumir como ministro de Hacienda, se develaron cuentas de argentinos en el exterior por 25.900 millones de dólares, de los que 45% se encontraba en bancos estadounidenses, 32% suizos y 9% uruguayos.
La AFIP detectó que varios de los titulares de las cuentas que recibió en mayo se habían acogido al blanqueo, pero no habían declarado esos depósitos. A ellos se les dio de baja el sinceramiento fiscal, lo que significa que deberán pagar todos los gravémenes por sus bienes blanqueados.
La amnistía implicaba tributar apenas entre el 1% y el 15% del patrimonio ilegal, pero aquellos a los que se les cae el beneficio o los que se mantuvieron al margen y ahora son detectados corren el riesgo de perder toda su fortuna. Porque se suman el 21% de IVA y el 35% del impuesto a las ganancias del origen del dinero evadido, más Ganancias de la renta anual de cuentas e inversiones, el gravamen anual de bienes personales, los intereses y los punitorios.
Juicio. El número de blanqueadores con cuentas no declaradas aún no es significativo, pero todavía la AFIP sigue analizando las primeras 40.000 cuentas. Por ahora tampoco ha comenzado demandas penales contra aquellos contribuyentes con depósitos en negro, ya sea que hayan adherido o no a la amnistía fiscal.
Una vez que llega la información de las cuentas, la AFIP la cruza con lo declarado en su base de datos. Si halla que los depósitos estaban ocultos, envía una fiscalización al contribuyente y después determina a cuánto asciende la deuda impositiva. Sólo después se inicia el juicio.
“No me sorprende que haya gente que blanqueó pero mantuvo cuentas ocultas: muchos blanquearon sólo el 20% de lo que tienen afuera”, advierte un experto en wealth management (gestión de patrimonios), como se llama la división que los bancos dedican para atender las fortunas de clientes ricos. El economista especialista Jorge Gaggero considera que únicamente se transparentó un cuarto de los activos en el extranjero. “Las divisiones de wealth management de los bancos en la Argentina son tan o más grandes que las de Brasil y México, pese a que tienen una economía más grande. Acá hay mucha evasión”, agrega el experto. La Universidad de Naciones Unidas considera que la Argentina es uno de los ocho países con más fraude tributario del mundo (ver infografía).
“Fugan la plata por el dólar cable: llevan el efectivo a una cueva, que funciona en estos bancos, y este banco se los acredita en el exterior”, relata el entendido. “También giran por facturación de servicios inexistentes en el extranjero o mediante la venta de una empresa, que se cobra en parte en negro en otro país”, añade el informante, que se pregunta por el rol de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige Mariano Federici, en el análisis del lavado de este dinero proveniente de evasión.
Otro economista especializado, Juan Valerdi, profesor de la Universidad de La Plata, advierte: “Es muy grande el número de cuentas que llegaron a la AFIP, pero no es que se acabó la opacidad offshore. Estas filtraciones de cuentas no son inocentes. Hay que ver de qué países son, de qué bancos, si son peces gordos. Es como los cuadernos K o el Lava Jato: en gran parte son verdad, pero el poder no deja vacíos, les saca poder a empresas locales y a una clase política diezmada. Alguien absorbe ese poder: las multinacionales y otros países que encuentran menos resistencia para hacerse de recursos”.
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Truchadas. Cuccioli pretende combatir también la facturación trucha. Con el uso del big data, ya detectó 3.941 empresas sospechosas de emitir facturas apócrifas por 78.000 millones de pesos anuales. A ellas se les impuso la factura M, con lo que no pueden descontar el IVA. El 90% ni apeló, el 9% lo hizo pero sin suerte. Sólo el 1% pudo justificar sus ingresos. Grandes empresas y pymes recurren a estas facturas falsas para inflar gastos y pagar menos Ganancias. Cuccioli planea reforzar su persecución, sobre todo ante una recesión que se avecina aún peor.
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