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Política / 22 de octubre de 2018

Las mentiras de Bonadio en su “autodenuncia”

El juez afirma que es “inapropiado” sostener que protege al empresario Sebastián Eskenazi, pero la Cámara Federal ya le había llamado la atención por no profundizar la investigación sobre YPF.

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El juez Claudio Bonadio presentó una denuncia en la que pide que se investiguen “posibles maniobras irregulares o ilegales” con el fin de apartarlo en la investigación de la causa conocida como “de los cuadernos”. En el escrito se cita la entrevista que Carlos Pagni le hizo a Jorge Fontevecchia, en la que se alude a la causa de los cuadernos, y también una nota publicada en esta revista el pasado 12 de octubre con el título “Foto que quema”. Aquella nota estaba inspirada en la foto en la que se ve a Bonadio compartiendo una comida con el empresarios Sebastián Eskenazi y que publicó el periodista Horacio Verbitsky en su portal. Pero la nota de esta revista no hacía referencia al caso de los cuadernos, sino que se basó en otro expediente que tiene el juez Bonadio: la causa en la que se investigan posibles negociados en las importaciones de GNL (Gas Natural Licuado). Uno de los empresarios que participó de aquel negocio fue el mismo Sebastián Eskenazi, cuando era CEO de YPF antes de ser nacionalizada. En la causa, Eskenazi, el comensal de la foto, jamás fue llamado a declarar.

Bonadio, en su escrito afirmó que “tal información sólo puede hacerse con un profundo desconocimiento del trámite a la causa a la cual el periodista alude, pero en la que deja trascender una inapropiada ‘protección’ al citado empresario”.

¿Cuando Bonadio habla de un “profundo desconocimiento” del expediente, también se referirá a sus colegas de la Cámara Federal? En marzo de este año, los jueces Leopoldo Bruglia, Jorge Ballestero y Martín Irurzun firmaron un fallo que generó polémica porque liberaba a Roberto Baratta quien había estado preso desde octubre del año anterior por orden de Bonadio. En ese fallo, los jueces cuestionaban la veracidad del peritaje que había sido la base para que el juez resolviera el procesamiento con prisión preventiva. Pero este no era el único llamado de atención sobre el juez. También hicieron foco en la omisión del magistrado sobre el rol de YPF, tanto en su etapa privada como en en sus primeros años de reestatizada. Es decir que lo que se plasma en la nota publicada por NOTICIAS, ya había sido motivo de discusión en el expediente.

En su voto, el camarista Leopoldo Bruglia afirmó que la Auditoría General de la Nación (AGN) había realizado un “irrefutable informe” y dentro de las medidas pendientes que le encomendaba al juez estaba profundizar la investigación y determinar qué servicios había prestado YPF.

Jorge Ballestero, quien ya no forma parte de la Cámara Federal, afirmó en aquel voto que el juez Bonadio solo se había encargado de cuestionar que YPF cobraba una comisión del 0,5% a Enarsa por la gestión de compra de GNL. Pero solo se remitió al 2012, cuando ya se había estatizado. “Su reproche no se ocupó en remontarse hasta el año 2008 -período auditado por la AGN- sino que prefirió acomodarse en el año 2012 cuando únicamente quedaba en el país la ya nacionalizada YPF”, escribió Ballestero. Sobre este punto que remarcó el ex camarista surge una pregunta inevitable: ¿Si Bonadio cuestionaba los contratos de la YPF reestatizada, por qué no citó a declarar a Miguel Galuccio, el entonces CEO de la compañía? La carátula del expediente, como puede verse en esta nota, tiene como denunciado al ex mandamás de la petrolera nacional. Misterios del Juzgado Nº 11.

Por último, el juez Irurzun cerró el fallo diciendo que coincide con los dos jueces anteriores y que resulta necesario y urgente realizar medidas que permitan clarificar la intervención de “otros proveedores” en el caso.

¿Cómo sigue el caso? Hoy se está realizando un nuevo peritaje para determinar si hubo sobreprecios en la importación de GNL y cualquiera de las dos resultados dejará en una encrucijada al juez. Si el nuevo peritaje vuelve a sostener que hubo sobreprecios, el juez Bonadio deberá avanzar en la dirección que le ordenó la Cámara y determinar el rol de YPF, y por lo tanto de Sebastián Eskenazi, en la importación de energía a través del puerto de Ingeniero White, en Bahía Blanca. Pero si el peritaje da negativo, todos los que fueron procesados hace un año e incluso pasaron unos meses en prisión tendrán motivos para demandar al Estado.

Hace dos semanas, en una nota del diario La Nación, el periodista Diego Cabot, aportó un dato más que podría arrojar luz sobre este caso: “YPF nunca abrió los términos de ese contrato” con Enarsa.  Conseguir esos contratos podría revelar la trama de la importación de energía durante la denominada “década ganada”. La decisión está en manos del juez.

Resolucion Camara