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Economía / 14 de enero de 2019

Un fondo buitre que cobró en 2016 reclama ahora por una medida de CFK

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Aurelius Capital, uno de los fondos buitre que acordó en 2016 con el entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, el cobro del 7% de la deuda impaga desde la crisis de 2001 demanda otra vez a la Argentina. Este lunes abrió en Nueva York un juicio contra el país, esta vez no por la deuda antigua, sino porque aquellos cupones atados al crecimiento del PBI que se habían entregado como reestructuración del 93% de aquel pasivo en 2005 y 2010.

Esos cupones pagaban renta cuando la economía crecía más del 3,2% anual, pero en marzo de 2014 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía, cambió el método de cálculo del PBI y consideró que la actividad que en los primeros diez meses de 2013 había crecido al 5,4%, según el cuestionado INDEC, finalmente había terminado aquel año con una expansión del 3%, menos de lo necesario para abonar a los acreedores.

El fondo Aurelius se agarró de este cambio de metodología para cuestionarlo y reclamar que el cupón atado al PBI debería haber pagado por el crecimiento de 2013 unos US$ 61 millones en diciembre de 2014. Ese dinero equivale en la actualidad a 83 millones, según la demanda, a la que tuvo acceso NOTICIAS.

La cuestión es bien técnica. Aurelius sostiene que el cupón debía abonarse porque se cumplían dos criterios establecidos en los prospectos de la reestructuración de deuda: que el tamaño de la economía de 2013 superó el caso base del PBI previsto para ese año y medido con precios constantes (actualizados por inflación) de 1993 y que el crecimiento de la actividad comparado con 2012 excedió la tasa de expansión de ese caso base.

“En 2014, la Argentina anunció que estaba cambiando el año de precios base a 2004. Como se explica a continuación, los documentos rectores (del cupón) establecen que un ajuste debe hacerse al PBI base de cada año para reflejar este cambio. Ese ajuste es necesario para garantizar que la comparación del PBI del caso base con el actual sería de ‘manzanas con manzanas'”, indica Aurelius. Según este fondo, que se dedica a comprar deuda para litigar contra países, el país comparó el PBI de 2013 con precios de 2004 y el de 2012 con los de 1993.

El Ministerio de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri, a cargo de Nicolás Dujovne, respondió que “por ahora no hay nada que comentar” sobre la demanda. En el mismo mes de marzo de 2014 en que Kicillof anunció el cambio de metodología y el crecimiento del 3% en 2013, Guillermo Nielsen, el secretario de Finanzas de Néstor Kirchner que renegoció la deuda en 2005 y creó el cupón del PBI, opinó que sí debía pagarse la renta aquel año. “Incluso con el cambio de base a 2004, un crecimiento del 3% con el nuevo PBI llevaría a que este año el cupón también deba pagarse”, escribió Nielsen entonces en una columna del diario La Nación. Es decir, argumentaba a favor de lo que ahora reclama Aurelius.

En el equipo del ex ministro Kicillof responden a eventuales reproches: “El prospecto establece que el país emisor de los bonos es que el hace el cálculo del PBI, el que determina si se iba a pagar el cupón. El propescto decía que podía cambiar la base de cálculo y cómo. Mi posición es que no hay plafón para un reclamo. En 2013 está claro que la Argentina no creció más del 3% y así lo refleja cualquier medición. Nosotros no comparamos peras con manzanas. Hicimos la conversión de la base hacia atrás. Lo que llama la atención es que cuando se acercan las elecciones renacen estas demandas. Aurelius no figuraba entre los tenedores de la deuda nueva, pero buscó el resquicio para litigar, es el clásico accionar de los buitres de siempre”.

Otros ex integrantes de la Secretaría de Finanzas en la era K, en cambio, opinan lo contrario: “Me parece una locura porque la interpretación de Aurelius de la cláusula del cupón es contraria a su espíritu. Si seguimos su criterio, podrías casi no crecer, pero tener que pagar igual. También argumenta que hay un derecho cuasi adquirido al año base de 1993″.

El ex funcionario, que prefiere guardar el anonimato, cuestiona que el gobierno de Macri no les haya obligado a los fondos buitre en 2016 que renunciaran a cualquier reclamo posterior contra la Argentina. “Me parece escandaloso que cuando pagaron a los buitres no haya habido como contrapartida una obligación de no hacer más juicios con temas de la deuda. Yo pensé que lo habían hecho. Con los buitres podés hacer que se comprometan a no adquirir más tus papeles. Aurelius, que combatió hasta el final los canjes de 2005 y 2010, compró en el mercado secundario los cupones PBI de esos canjes, cuyo pago había bloqueado en 2014, y ahora te corre por el cálculo”, opina.

NOTICIAS contactó fuentes cercanas a Prat-Gay para formular su descargo: “Nunca vimos un caso en que alguien renuncie a litigar por bonos que están al día”. En cambio, su entonces secretario de Finanzas, Luis Caputo, declaró: “Se acordó que no podían litigar, si mal no recuerdo. No sé qué argumento estarán usando ahora los de Aurelius. No leí la demanda”.

Para prevenir nuevos juicios de los buitres, los bonos emitidos desde 2005 en adelante establecen que las reestructuraciones aprobadas por los tenedores de más del 85% de las acreencias sean impuestas a aquella minoría que las rechazan. “Ahora es posible que los buitres estén pensando en bloquear futuros canjes de la Argentina teniendo un 15% de alguna serie de títulos. Eso ya hicieron con Grecia: le bloquearon cuatro series”, añade el ex funcionario. “Con la demanda de Aurelius se demuestran que los buitres ya están posicionados en la deuda nueva de la Argentina. Si hay que reestructurar, lo que es muy probable, vamos a tener que lidiar de nuevo con ellos”, completa.

El documento completo:

Aurelius v. Argentina (#19-0351) - Complaint with exhibits