Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el presidente de México que asumió un mes antes que Jair Bolsonaro en Brasil (el 1 de diciembre), ya se plantea como la contracara del ultraderechista.
Líder de un partido de centroizquierda (Morena) que rompió con una tradición casi ininterrumpida de setenta años de gobierno de la centroderecha del PRI (fue elegido con el 53,2% de los votos) al que pertenecía Enrique Peña Nieto, vencedor sobre AMLO en 2012, marca un cambio de rumbo político pero también cultural, con mujeres en puestos claves. “La política interior de este país tendrá una visión distinta, la de los ojos de una mujer”, dijo al asumir en el cargo, Olga Sánchez Cordero, su Secretaría de Gobernación (cargo que equivale al Jefe de Gabinete y que por primera vez detenta una mujer). Con agenda feminista y de género, Sánchez Cordero es impulsora de la despenalización del aborto en un país tradicionalmente cristiano -y fuertemente machista-. Carril opuesto al que recorre el gobierno de Bolsonaro en Brasil, donde su ministra de la Mujer, la Familia y los DD.HH, Damares Alves, insiste por “un Brasil sin aborto”.
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Avanzada. La Marcos Peña de AMLO, que llegó al poder de todos modos con un importante caudal de votos ligados a iglesias evangélicas, impone ahora a la coalición su línea política, y acelera un paquete de propuestas innovadoras y polémicas, entre ellas la de despenalizar el aborto a nivel nacional. Y mientras negocia con, legisladores, gobernadores y jueces, anticipa un decreto de impacto que ponga en off-side a quienes fallan en contra: la amnistía para 200 mujeres presas por abortar.
“En México hay, al menos, tres mil mujeres presas por abortar”, explica la senadora Malú Micher, presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Senado que busca el beneficio de la amnistía. Pablo Kornblum, especialista argentino en Economía y Relaciones internacionales, contextualiza: “AMLO es un cambio de paradigma, político y cultural, y por eso también la propuesta de la amnistía a estas mujeres, que durante el gobierno del PRI hubiera sido impensable”. Para Laura Masson, antropóloga argentina, estos procesos se relacionan con la articulación de la lucha incansable de los movimientos feministas, pero tienen su contra reflejo en la oposición religiosa como sucede en Brasil: a AMLO los pastores mexicanos ya le pidieron la cabeza de Sánchez Cordero. Y lo mismo se repite en otros países de la región, atentos a lo que pase en México.
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Al sur. En Guatemala, donde gobierna Jimmy Morales, un ex actor y profesor de Teología acusado de acoso y abuso sexual por varias mujeres de su equipo, se debate por estos días una ley para penalizar duramente el aborto, hasta ahora permitido sólo si peligra la vida de la madre. La reforma que apoya el evangelista Morales “Para la Protección de la Vida y la Familia”, agrava las penas contra las mujeres que decidan abortar, y ajusta los criterios médicos para la calificación de aborto no punible: en Guatemala se producen 65.000 abortos inducidos por año según el Instituto Guttmacher y tres quintas partes de ese total sufren complicaciones.
En la misma línea, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala firmó hace días una sentencia en la que prohibió la distribución del “Manual de Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y Atención de Embarazos de Niñas y Adolescentes” por un pedido de la Asociación La Familia Importa, que argumentó que era “una amenaza al derecho a la vida”.
Provida. En el México de AMLO, la única causal legal del aborto es la violación, pero como no es necesaria denuncia alguna, la aplicación en los diferentes estados depende de los magistrados: en 29 provincias, es no punible en caso de conducta imprudente o culposa probada por juicio; en 23, si hay peligro de muerte para la mujer; en 15, por riesgos de salud. Sólo en 2 estados se considera una causal de exclusión que haya causas económicas para interrumpir el embarazo. Sin embargo, organizaciones feministas plantean que hay situaciones como abortos espontáneos, partos prematuros y emergencias obstétricas, donde prima la figura legal del homicidio: unas 4200 mujeres son denunciadas por abortar al año.
La organización mexicana “Las libres” documenta desde 2009 los casos de mujeres indígenas acusadas de homicidio por abortos espontáneos. El caso insignia es el de Evelia Mutul, que fue presa durante diez años por homicidio: había sufrido una caída que le indujo el parto y su bebé murió tras media hora de vida.
La antropóloga mexicana Areli Veloz, advierte dos cuestiones que pesan para la implementación efectiva de las promesas de campaña de AMLO. Por un lado, la tipificación del delito de aborto corresponde a los gobiernos provinciales, lo que complicaría el poder liberar a las mujeres que están encarceladas. Por otro, el gobierno de AMLO contó con el apoyo del Partido Encuentro Social (PES), un partido ultra-conservador que militó activamente como provida. “Desde el feminismo mexicano, estamos atentas ya que pareciera que los temas de género están quedando en segundo plano, mientras que la derecha sigue teniendo presencia”, concluye Veloz en diálogo con NOTICIAS.
por Delfina Tremouilleres, Nicole Martin, Soledad Beato
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