En febrero de 2018 hubo un terremoto en los pasillos de la Cámara de Senadores. La vicepresidenta Gabriela Michetti anunció que comenzaría a exigir que marquen la entrada y salida de empleados con máquinas de huellas dactilares y eso escandalizó a muchos: sobre todo a los que no pisaban el Congreso, a pesar de cobrar un suculento sueldo.
Finalmente, la avanzada que prometía poner en jaque a los “ñoquis” quedó a medio camino: los senadores consiguieron que los asesores que trabajaban en sus despachos no tuviesen que marcar. No había argumento aparente para tal resquicio, pero funcionó. “De repente todos se pasaron a ‘despacho’”, cuenta una fuente del Congreso. Y completa: “Lo cual es bastante raro, porque las oficinas son de 16 metros cuadrados, tendrían que estar trabajando uno arriba del otro para entrar”.
En la Cámara alta hay 5.752 empleados, de los cuales 1.765 trabajan directamente ligados a los representantes de las provincias, un número que nadie quiere ni puede justificar. La cuestión es transversal a todos los partidos políticos, por eso es difícil el saneamiento. Se tocan demasiados intereses.
Pero el tema se coló en la agenda cuando el economista Roberto Cachanosky debatió con Fernando “Pino” Solanas en el programa “A dos voces” de TN. En medio de una acalorada discusión por el momento de crisis, le retrucó: “El senador tiene 35 empleados entre planta permanente y planta transitoria. Es casi una pyme”.
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Sin embargo, tras el análisis de los datos que realizó NOTICIAS en los archivos públicos del Senado, resultó que Solanas ni siquiera es parte del top ten. Pobre “Pino”. Para los estándares del Congreso es poco más que un moderado y se llevó la peor parte.
El ranking. En silencio, Roberto Basualdo, legislador de Cambiemos por San Juan, acumula 60 asesores (22 en planta permanente y 38 de manera transitoria). Nada mal: un promedio de 6 personas por cada comisión en la que participa. Otro oficialista lo sigue en el listado. El formoseño Luis Naidenoff tiene 48 asesores. Ambos fueron consultados por NOTICIAS, pero prefirieron el silencio. El sindicalista Gerardo Montenegro, senador por Santiago del Estero, completa el podio con 42.
La legisladora más reconocida, Cristina Kirchner, está entre los que menos tienen y es una de las pocas que no ostenta a nadie en planta permanente: contrató a 10 asesores que deberían irse una vez que la ex presidenta deje su banca. Debajo de ella apenas hay dos senadores, ambos de Cambiemos: Humberto Schiavoni (Misiones) tiene siete empleados y Eduardo Costa (Santa Cruz) cuatro. El premio a la austeridad parecía llevárselo Marta Varela, representante de la Capital, con cero asesores. Pero era apenas un error del sistema: “Somos 11”, confesaron en su despacho. Ni siquiera los que parecen mesurados lo son tanto.
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El presupuesto anual de la Cámara alta es de 9.157 millones de pesos. “Con eso es posible saber que cada senador le cuesta al Estado 11 millones de pesos al mes. 13 veces más de lo que sale un legislador en España, por ejemplo”, le revela a NOTICIAS el economista Cachanosky.
La pelea. El número de empleados de la Cámara de Senadores es una espina en el zapato de Mauricio Macri. Se trata de uno de los temas que más lo irritan, pero al que no se animó a combatir con firmeza. Es que pasar el rastrillo fino, como pretendía, implicaba llenarse de enemigos. Y con el tembladeral de la economía y la crisis social, hubiese sido riesgoso perder la buena sintonía que le prestó gran parte de la Cámara alta en su Gobierno. Debió conformarse con pequeñas victorias.
Le apuntó a la biblioteca del Congreso, donde hay más de 1.600 empleados. Y se sorprendió al enterarse de la cantidad de direcciones y oficinas que hay en los recovecos del emblemático edificio de Entre Ríos y Rivadavia. Hay, por ejemplo, una orquesta juvenil con tres empleados asignados, entre otras particiones insólitas para la tarea legislativa.
Gabriela Michetti fue la encargada del ajuste. Apenas llegó al Congreso anuló dos decretos que había dejado firmado Amado Boudou, en los que pasaba a planta permanente a 2.050 personas. Para sanear la obra social de los legisladores, Michetti les quitó la exclusividad, abrió una licitación y acaba de designar a la empresa Omint para brindar los servicios de salud. En los pasillos del Senado, Michetti es casi una mala palabra. “A nosotros nos llega lo que se dice”, comentan en su entorno. Y alguno se le animó públicamente: en agosto de 2018, en plena sesión, Naidenoff le reprochó por una cuestión formal. La vicepresidenta cree que su enojo tenía que ver con el ajuste que impulsa. Por eso, Michetti explotó: “Sos un pelotudo, no rompas las pelotas”, le recriminó fuera del micrófono.
La otra tarea de la vicepresidenta fue agregarle transparencia al sistema. Hizo publicar todos los datos sobre los empleados de cada senador y los sueldos (que van de 14.600 a 90.000 pesos, de acuerdo a la categoría). Rearmado en enero, el sistema todavía muestra algunos errores: por ejemplo Ernesto Sanz, José Cano y Carlos Verna siguen apareciendo con empleados a cargo a pesar de haber dejado el Senado hace años. En la sala de prensa de la Cámara no se habían percatado del pifie hasta que fueron avisados por esta revista. Prometieron corregirlos.
La discusión sobre la cantidad correcta de asesores es complicada. Hasta los dirigentes más probos justifican el sistema, porque son parte de él. “No hay un número. Algunos senadores trabajan tanto que 30 asesores no son suficientes. Y otros tienen 2 y están de más para su nula actividad”, sostiene un ex legislador de amplia experiencia en la Cámara. En medio de la crisis económica, el Senado muestra su peor cara: capas de asesores de diferentes gestiones que se van acumulando en la planta permanente y agravan la situación de un Estado grande e ineficiente.
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