Bajo el titulo “Argentina: una investigación que amenaza la independencia judicial”, la organización Human Rights Watch, la misma que reclama el respeto a los derechos humanos en Venezuela, advirtió hoy en un comunicado que el pedido de juicio político al juez Alejo Ramos Padilla por parte del Gobierno argentimo “socava la independencia judicial”.
El 13 de marzo de 2019, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla declaró ante la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados acerca del curso de la investigación que lleva a cabo en referencia a las denuncias de que agentes de inteligencia habrían realizado operaciones ilegales. Dos días después, el representante del Poder Ejecutivo Nacional, Juan Bautista Mahiques (por requerimiento del ministro de Justicia, Germán Garavano), solicitó al Consejo de la Magistratura que inicie una investigación sobre el desempeño de Ramos Padilla, argumentando que el juez había llevado a cabo su investigación de una manera "política y periodística" y que "no cumplió con sus deberes con respecto a la imparcialidad y el secreto" de la investigación.
Al respecto, el director para las Américas de Human Rights Watch declaró: "Cualquier juez puede ser investigado con una buena causa, pero el Gobierno no ha proporcionado ninguna razón convincente para investigar a Ramos Padilla". Y enfatizó: "En cambio, parece estar tomando represalias contra un juez que está llevando a cabo una investigación incómoda".
El Consejo de la Magistratura está compuesto por 19 miembros e investiga el desempeño de los jueces. Tiene la autoridad para destituirlos de su cargo por "mal desempeño" o en el caso de que cometan un delito. Según la ley argentina, el "mal desempeño" incluye "negligencia grave", "actos abiertamente arbitrarios" o la repetida falta de "respetar la Constitución o la ley", entre otras acciones.
Durante la audiencia ante el Congreso, Ramos Padilla citó la evidencia que había revisado en la investigación criminal abierta en enero contra el espía y falso abogado Marcelo D’Alessio, presuntamente involucrado en operaciones de inteligencia, espionaje y extorsión para obligar a determinadas personas a confesar delitos o implicar a otros. En su exposición, el juez describió que D’Alessio había usado cámaras ocultas o información de la vida privada de sus presuntas víctimas, y que también había presentado pruebas en su contra con fines de extorsión. Estas confesiones, dijo Ramos Padilla, fueron luego utilizadas por jueces y fiscales para presentar cargos penales.
“El Ministerio de Justicia, al realizar la solicitud de que se investigue el accionar de Ramos Padilla, dijo que el juez había violado el Código de Procedimiento Penal de Argentina al revelar pruebas al público durante su audiencia en el Congreso. Sin embargo, la mayor parte de las pruebas que presentó el juez ya se habían divulgado cuando, el 25 de febrero, la acusación contra D´Alessio fue publicada en un sitio web especializado en temas judiciales”, resume y advierte la ONG fundada en 1978 y compuesta por 400 miembros de diversos países.
Para Human Rights Watch, “los jueces de investigación rutinariamente proporcionan información al público sobre las investigaciones en curso, pero las autoridades argentinas rara vez han expresado preocupaciones similares en otros casos, lo que sugiere un doble estándar preocupante”.
En otro párrafo, la organización que cada año publica más de cien informes y resúmenes referidos a la situación de los derechos humanos en más de 90 países, toma nota de que “el gobierno argentino también sostuvo que el juez carecía de "ecuanimidad" porque, durante la audiencia, dijo, categóricamente, que algunos hechos eran ciertos, aunque, según sus propias palabras, aún no se habían probado". Y declara que “Human Rights Watch escuchó la audiencia y no pudo identificar tales declaraciones”.
Para Human Rights Watch, Ramos Padilla no incurrió en ninguna de las acciones que el gobierno de Cambiemos le atribuye. Y lo puntualiza en su comunicado emitido hoy: “El juez aclaró repetidamente que sus palabras no deberían interpretarse como una "evaluación de los méritos" de la evidencia. Solo presentó la evidencia disponible, así como el análisis de la evidencia realizada por la Comisión Provincial para la Memoria, un organismo gubernamental de la provincia de Buenos Aires, a raíz de una solicitud del juez. En varios casos, Ramos Padilla aclaró que las pruebas podían interpretarse de varias maneras o que el acusado podría haber inventado las pruebas y que el análisis de la Comisión Provincial no fue concluyente para la investigación”.
Capítulo aparte merece la mención de Human Rights Watch a los tratados internacionales de los cuales Argentina es parte: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que le exigen salvaguardar la independencia e imparcialidad de su poder judicial. Una serie de normas, incluidos los Principios Básicos de la ONU sobre la Independencia del Poder Judicial, la Carta Universal del Juez y el Estatuto del Juez Iberoamericano, establecen componentes clave de un poder judicial independiente e imparcial. “Estos criterios indican que los jueces deben estar libres de presiones o interferencias indebidas por parte de otras ramas del gobierno -concluye el comunicado-. Los jueces solo pueden ser suspendidos o removidos por razones de incapacidad o comportamiento que los hace incapaces de cumplir con sus deberes".
También te puede interesar
por R. N.
Galería de imágenes
Comentarios