En Francia, el presidente Emmanuel Macron depende de los votos de quienes no lo quieren pero creen que es mucho mejor que su rival principal, la nacionalista Marine Le Pen. En el Reino Unido, los conservadores dicen que son los únicos capaces de impedir que el país caiga en manos de Jeremy Corbyn, un admirador de Hugo Chávez y Fidel Castro. Y aquí, el oficialismo entiende que le conviene más hablar menos de sus propios méritos y más, mucho más, de lo terrible que sería permitir que Cristina Kirchner y su tropa volvieran al poder.
Hasta ahora, los encargados de la operación miedo oficialista se han concentrado en advertirnos que el eventual regreso de los kirchneristas tendría consecuencias económicas catastróficas, ya que no tardarían en cometer locuras, pero puede que la nueva estrella del firmamento macrista, Miguel Ángel Pichetto, los induzca a prestar más atención a riesgos que a su juicio son decididamente mayores. Según el rionegrino, el proyecto kirchnerista es tan autoritario que un régimen comprometido con sus planteos haría de la Argentina una dictadura plebiscitada.
Puede que Pichetto se haya quedado corto. Los autoritarios suelen ser amigos del orden, razón por la que en momentos difíciles muchos les brindan su apoyo, pero en el universo K abundan ultras que, a juzgar por lo que dicen, preferirían el caos. Será por tal motivo que los menos inhibidos están ocupados elaborando una ideología presuntamente revolucionaria en que delincuentes desalmados tendrían un papel protagónico.
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Al hablar de lo que sucedió cuando la economía del país se desplomó en 2002 y era un joven bien que vio como “la Argentina sumergida se vino encima”, el activista K Juan Grabois confesó: “Si me hubiese tocado salir a juntar cartones, estaría choreando de caño”, a diferencia de los pibes que “frente a la exclusión, frente a la desigualdad, heroicamente decidieron salir a revolver la basura de la clase media para ganarse el pan con dignidad. Eso es heroico y es la reserva moral de nuestra patria”.
Lo reconozca o no Grabois, tal actitud es típica del intelectual burgués un tanto paternalista al que le cuesta entender la falta de militancia de “sumergidos” que no creen en revoluciones u otras soluciones mágicas sino en ciertos valores. Saben que quienes por lo común están al otro lado del “caño” son tan pobres como ellos mismos. No se les ocurriría tomar al dueño de un par de zapatillas baratas por un enemigo de clase que merece morir.
Dady Brieva, un actor que aspira a ser el vocero principal de la rama lumpen del kirchnerismo, fue más frontal que Grabois; sin aludir al heroísmo de quienes se niegan a violar la ley aun cuando se encuentren en una situación límite, afirma respetar el oficio del chorro. Coincidirá Guillermo Moreno. Dice: “Si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, vive de lo ajeno, pero con códigos. No me robes una billetera y me dejes la señora tirada con fractura de cadera, tiene 60 años y cuando se recupera tiene 85”.
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A su modo, tales pensadores son discípulos del destacado jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, el defensor más influyente del “garantismo” que según sus muchos detractores favorece a los delincuentes en desmedro de sus víctimas, pero por su forma de expresarse podrían ser denunciados por apología del crimen, un delito que, según el código penal, será reprimido con prisión de dos a seis años, si bien en los casos citados sería probable que a lo sumo recibieran una amonestación leve.
Sea como fuere, desde hace siglos la idea de que en última instancia la sociedad tiene la culpa de todo lo malo y que por lo tanto hay que desmantelarla para después construir otra mejor sobre los escombros de la de antes ha fascinado a ciertos intelectuales que no han vacilado en tratar a los criminales, y los enfermos mentales, como rebeldes contra el maligno orden burgués, cuando no del salvajismo capitalista al que tanto odia el Papa. Tal actitud influyó de manera perversa en la legislación de países comunistas en que las autoridades, bajo el pretexto de que en el territorio que gobernaban tales rebeldes estaban contaminados por el capitalismo ya que no tenían motivos para quejarse, pronto llegaron a la conclusión de que quienes se negaban a someterse a sus leyes merecían ser reprimidos con severidad aleccionadora.
Las declaraciones del papista K Grabois, el exsecretario de comercio Moreno y el inefable Dady, no han sido repudiadas públicamente por Cristina o Alberto Fernández. Aunque por estar en campaña, ellos mismos han sido más cautos, no podrán sino suponer que caen bien en sectores marginados en que, según la lógica de los inspiradores del célebre “vatayón militante”, el deseo de vengarse será tan fuerte como lo es en partes de la comunidad negra de Estados Unidos. Es que los kirchneristas siempre se han sentido tentados a aprovechar el temor de la clase medía relativamente acomodada a la violencia de los villeros, de ahí la solidaridad con las organizaciones piqueteras que desde su punto de vista le resultaban funcionales.
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Los más fanatizados dicen creer que Macri está librando una guerra contra los pobres, una guerra que ha disfrazado de una lucha contra el delito. Para quienes piensan así, el que el gobierno “de los ricos” haya repartido más beneficios sociales que cualquier otro de la historia del país no significa nada. Conforme con la ideología que han fraguado, a lo sumo será cuestión de una vil maniobra propagandística.
De más está decir que la voluntad K de tratar bien a los delincuentes está vinculada con los problemas judiciales de su jefa, Cristina, que los obliga a interpretar en términos políticos los esfuerzos por castigar a los corruptos más notorios. Para minimizar la gravedad de los cargos en su contra, tiene forzosamente que dar a entender que la ley misma está al servicio del mal y que por lo tanto sería mejor abolirla o, cuando menos, reemplazarla por algo más popular.
Asimismo, puesto que la evidencia en contra de la expresidenta es tan abrumadora, les es necesario convencerse de que, pensándolo bien, tenía pleno derecho a apropiarse de una tajada del dinero disponible porque era buena y la usaba para “hacer política” como hacían los “pibes de la revolución” montoneros con la plata proveniente de secuestros y extorsiones. Al fin y al cabo, el robo tiene un lugar respetado en los anales revolucionarios; Josef Stalin empezó su carrera como ladrón de bancos.
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Uno podía argüir que, a diferencia de los demás, quienes reivindican el crimen son sinceros, ya que es de suponer que en circunstancias determinadas muchas personas que son habitualmente honestas estarían dispuestas a violar la ley, aunque sólo fuera de manera no violenta. En una época en que se valora tanto “la autenticidad” y la hipocresía es considerada despreciable, la franqueza con la que se expresan tendría sus defensores, pero ello no quiere decir que sea buena. Sucede que, sin una dosis de hipocresía, la vida civilizada sería imposible; una sociedad en que todos hablaran como el otro yo del Dr Merengue, diciendo lo que realmente piensan en vez de conformarse con las banalidades amigables que la mayoría suele intercambiar, sería con toda seguridad un infierno.
Son muchos los intelectuales progresistas que ven en el delito una variante rudimentaria del terrorismo político para entonces atribuirlo a la extrema pobreza. Si estuvieran en lo cierto, no habría paz en ningún rincón de la tierra. Por fortuna, no lo están; con escasas excepciones que son repudiadas por sus vecinos y hasta por sus familiares, los pobres son tan honestos como los que ya tienen cuanto necesitan. Tratarlos como delincuentes en potencia –con aprobación o con desprecio, da igual–, no sólo es muy injusto sino también contribuye a ampliar las grietas sociales existentes.
Reivindicar a los “chorros” es peligroso porque, al difundir un clima de miedo, puede provocar la reacción de quienes temen que el país esté por entrar en otro período convulsivo. Además de los deseosos de “vivir de lo ajeno”, hay quienes están resueltos a defender lo propio por los medios que fueran. Mientras que entre los politizados hay personajes con ideas acerca de la criminalidad que podrían calificarse de románticas, también los hay que, sin animarse a decirlo abiertamente, son partidarios de la ley de Lynch o de justicia por mano propia. De difundirse la sensación de que en el futuro próximo el país podría tener un gobierno proclive a simpatizar con los delincuentes so pretexto de que son víctimas de una sociedad malévola, sorprenderían que no se formaran grupos de autodefensa decididas a hacerles frente.
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Hace poco más de medio siglo, la convicción generalizada de que la violencia política, de un signo u otro más o menos izquierdista, podría justificarse, produjo una multitud de bandas terroristas, lo que, a su vez, estimuló la creación por Juan Domingo Perón y José López Rega de la Triple-A. Todos sabemos lo que vino después. Durante largos años, la mayoría o, por lo menos, una minoría sustancial de la población, se resignó a ser gobernada por una dictadura militar brutal por entender que la alternativa podría ser mucho peor. La violencia politizada es una enfermedad contagiosa que, portada por palabras a primera vista meramente provocadoras, tiene que ser enfrentada lo antes posible; caso contrario, podría propagarse con gran rapidez.
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