El Amazonas sigue ardiendo. A pesar de los esfuerzos por apaciguar el fuego, la selva continúa en llamas. Pero mientras los especialistas ponen plazos para determinar cuándo y de qué manera se termina el incendio, detrás del denso humo asoman cuestiones aún más oscuras: negocios privados, intereses empresariales y políticas de Estado que propiciaron que el ecosistema que produce el 6% del oxígeno del planeta esté en serio riesgo. Así mientras muchos se preocupan por el daño ambiental, otros piensan en nuevas oportunidades comerciales y la acumulación de poder que se puede generar a través de una salvaje deforestación.
A más de 20 días de que se comenzaran a reportar los primeros focos de gravedad, muchos se han encargado de dar diversas explicaciones y de encontrar múltiples culpables. Y aunque la principal urgencia sigue siendo lograr controlar a las llamas, las versiones y acusaciones escalaron a nivel internacional y amenazan con generar conflictos diplomáticos entre Brasil y el resto del mundo. Detrás de todos los dichos, sin embargo, subyace la realidad: la región amazónica es una de las más codiciadas del planeta por su capacidad productiva y su riqueza natural. Y por eso, a pesar de albergar al 50 % de la biodiversidad del planeta y de ser indispensable para combatir el cambio climático, es uno de los territorios más importantes y codiciados para los negocios globales y la geopolítica. Tal es así que incluso Al Gore, ex vicepresidente estadounidense y uno de los activistas más visibles de la lucha contra el calentamiento global llegó a decir que “es demasiado importante para ser de los brasileños”.
Con 6,6 millones de kilómetros cuadrados, la cuenca del Amazonas abarca nueve países de Sudamérica: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa. Pero el 65% de este ecosistema, más de 4,5 millones de kilómetros cuadrados, se encuentra enmarcado dentro de Brasil y representa más de la mitad del área total del país. Así su injerencia tanto en la explotación como en la protección ambiental es total. Por eso y ante la presión de organismos y ONG's internacionales, desde la reinstauración democrática en 1985, los diversos gobiernos brasileros se han comprometido al cuidado y conservación de este “pulmón del mundo”. Con diversa efectividad se fueron adoptando varias medidas para la preservación del área y se llegó a reducir la deforestación en un 80% para comienzos de esta década. Pero el cambio de signo político y la llegada de Jair Bolsonaro al poder en Brasil modificaron este panorama. Hoy el Amazonas deja de ser visto como una reserva natural y comienza a transformarse en el objeto del deseo de empresas y del propio gobierno que buscan hacer negocios y política en la selva.
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Descontrol. “Volvimos a una situación incluso peor a la que teníamos en la década de los ochenta”, enfatizó la ex ministra y ex candidata presidencial Marina Silva para sintetizar las políticas medioambientales que adoptó Brasil con el nuevo presidente. Es que una de las principales promesas de Bolsonaro en su candidatura fue “sacar al Estado del cuello de los productores al reducir las protecciones ambientales y la aplicación de la ley, y detener las demarcaciones de tierras indígenas” y no tardó en ponerse manos a la obra para cumplirla.
¿Pero cómo se relaciona esto con los incendios? Al arrasar con miles y miles de hectáreas, esos suelos vírgenes son ocupados, de manera ilegal, por empresarios locales o extranjeros quienes obtienen terrenos altamente productivos. Una ecuación un tanto básica pero que cuenta con la venia del gobierno que lejos de combatir este atropello sobre el ecosistema, lo fomenta. De hecho, algunos de los incendios intencionales que se producen en la zona son festejados por los “ruralistas” y señalados como una muestra de apoyo a Bolsonaro y sus políticas. Por ejemplo, los alcaldes en el estado amazónico de Pará pusieron un anuncio en un diario local animando a la gente a encender fuegos “para demostrar al presidente que queremos trabajar” en lo que denominaron “el día del fuego”.
Vale destacar que según datos de la agencia de protección medioambiental de Brasil Ibama, el 63% de la superficie brasileña esta protegida en parques nacionales y reservas indígenas, y solo se realiza explotación agropecuaria en el 8%. Las disputas por ampliar la tierra a explotar se vienen sucediendo hace años, sin embargo, las estrictas leyes proteccionistas lo impedían. Bolsonaro, que cuenta con un gran respaldo de este sector, tanto de los ruralistas, como de empresas multinacionales permite que sean ellos quienes exploten esos suelos fértiles.
“Estos incendios sin precedentes son una tragedia internacional y una contribución peligrosa al caos climático. Esta devastación está directamente relacionada con la retórica anti-ambiental del presidente Bolsonaro, que erróneamente enmarca las protecciones forestales y los derechos humanos como impedimentos para el crecimiento económico de Brasil. Los agricultores y ganaderos entienden el mensaje del presidente como una licencia para cometer incendios provocados con impunidad sin sentido, a fin de expandir agresivamente sus operaciones en la selva tropical”, manifestó Christian Poirier, el director del programa Amazon Watch, la ONG internacional dedicada a la preservación de este ecosistema.
“En esta época del año suelen suceder incendios por la sequía. Pero la magnitud y la cantidad de focos de este año lleva a pensar que se trata de algo producido adrede”, explicó Hernán Giardini, Coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace Argentina.
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Los datos sustentan esta afirmación. Desde que el nuevo presidente asumió el 1 de enero de este año, los incendios tuvieron un aumento del 85%. Según datos del Instituto Nacional para la Investigación Espacial (INPE), la agencia federal que monitorea la deforestación y los incendios en Brasil, entre el 1° de enero y el 1° de agosto, fueron deforestados 9.250 kilómetros cuadrados, casi tres veces el área que abarca el Gran Buenos Aires. Más aún, el total de este año ya supera el de 2018, cuando en todo el año la superficie arrasada alcanzó los 7.537 millones de kilómetros cuadrados. La respuesta de Bolsonaro a estas alarmantes cifras fue cesar de su cargo al director del INPE, Ricardo Galvao.
Negocios. Pero mientras las llamas siguen devorando toda la vegetación a su paso, algunos, lejos de lamentarse por la tragedia ambiental, se frotan las manos pensando en futuros negocios. Los máximos provechos serán para las multinacionales que se dedican a la siembra y la cría de ganado. Entre Cargill, Bunge y Archer Daniels Midland (ADM) controlan el 60% de la siembra de soja en Brasil y el incendio dejaría lugar a más tierras productivas para aprovechar. Estas tres empresas, junto con la compañía de alimentación brasileña JBS, ya fueron denunciadas en el pasado por prácticas ilegales en la región. Desde financiamiento a terceros para la tala indiscriminada en regiones vedadas hasta el uso de pesticidas prohibidos.
Según señala Marina Silva se podría tratar de una devolución de favores políticos. El lobby agroindustrial fue clave para que Bolsonaro fuera electo presidente. Él, a modo de retribución, no sólo prometió (y luego cumplió) la modificación de las leyes de protección ambiental, sino que nombró al frente del ministerio de Agricultura a quien fuera líder del Frente Parlamentario Agropecuario, Tereza Cristina. La denominada bancada ruralista del Congreso Nacional ocupa casi la mitad de la Cámara de Diputados y casi la mitad del Senado Federal, liderados por el diputado Alceu Moreira (Movimiento Democrático Brasileño, MDB) por lo cual resulta clave para sostener el gobierno de Bolsonaro y explicar el por qué de sus medidas.
“Las empresas agropecuarias de Brasil tienen una metodología de producción agrícola que dobla y triplica la producción sin tener que talar bosques. La llamada agricultura baja en carbono tiene un retorno mucho mayor que las actividades predatorias. Pero el gobierno dialoga con actores que por ignorancia o mala fe incitan a la depredación sobre la selva”, se refirió Silva a lo que los medios brasileños ya han comenzado a llamar el “lobby agropecuario”.
Para Moira Birss, directora de campaña financiera de Amazon Watch, la responsabilidad es compartida entre la gestión política y las compañías y sus intereses comerciales: “Es importante comprender también que las empresas de todo el mundo están envalentonando las políticas tóxicas de Bolsonaro cuando firman acuerdos comerciales con su gobierno o invierten en empresas de agronegocios que operan en el Amazonas”, dijo.
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No es el único negocio que crece al calor de las llamas. Las nuevas tierras robadas a la selva están dando lugar a otro delito. En la región amazónica existen los denominados “Grileiros”, como se le llama a estafadores que a través de contactos con el poder o de coimas y en complicidad con la policía y demás autoridades logran fraguar un título de propiedad de tierras antes pertenecientes a reservas naturales o a los pueblos originarios que ocupan la región.
Estos delincuentes ocupan grandes extensiones de hectáreas, las lotean y luego proceden a comercializarlas. De hecho, muchos de los que participaron del polémico “día del fuego” fueron señalados por los ambientalistas brasileros como “grileiros” que sólo buscaban avanzar sobre la selva para negociar esas tierras.
Dichos. El gobierno brasilero tardó en tomar cartas en el asunto y afrontar la crisis. Esta demora no sólo le generó potenciales conflictos diplomáticos sino que además minimizó el asunto e incluso responsabilizó a los ambientalistas como los iniciadores de los incendios, dijo, con el fin de desestabilizar su gobierno. “Eso es un disparate. Es hasta gracioso si no fuera porque lo que está pasando en el Amazonas es muy grave. ¿Cómo la gente que realmente se preocupa por el medio ambiente va a generar un daño ambiental de tanta envergadura?”, se preguntó Giardini.
Por su parte, el ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles adjudicó toda la responsabilidad de las llamas al clima seco, el viento y el calor, algo que contrasta con lo que han dicho todos los especialistas. Más aún, el ministro, contra el que algunos sectores del país vecino están promoviendo un pedido de juicio político, fue más allá y dejó ver la postura del gobierno del que forma parte: “La solución para la Amazonia es monetizarla. Las leyes que se promulgaron en los últimos 20 años fueron demasiado restrictivas para el desarrollo del área”, afirmó.
Pero mientras se cruzan las acusaciones, el Amazonas sigue ardiendo. Más de 6 mil kilómetros cuadrados ya se vieron devorados por las llamas. Bolsonaro ahora aceptó la ayuda internacional, pero el daño ya está hecho. “Afirmó que tendrá 'tolerancia cero' contra el crimen ambiental pero su régimen ha permitido que florezca la impunidad en el Amazonas”, lo contradijo Poirier.
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Pero una vez que el humo se disipe, los problemas del Amazonas volverán a estar allí. Su potencialidad productiva, su cantidad de recursos naturales y ubicación estratégica la vuelven objeto de deseo. El cuidado del medioambiente había logrado frenar el avance sobre este ecosistema, pero Bolsonaro decidió jugar con fuego en la selva.
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