Más de 165 vacunas contra la Covid-19 están en desarrollo en el mundo: 27 ya se encuentran en diferentes fases de ensayos clínicos en seres humanos. Aunque normalmente una vacuna ha llevado entre siete y diez años en ser creada, testeada, aprobada, fabricada y distribuida, el nuevo coronavirus lo cambió todo, lo acelera. Los expertos independientes hablan, en el mejor de los escenarios, del primer trimestre del 2021.
Para esto, para que la vacuna anticovid tome entre 12 y 18 meses en lugar de una década, hay programas que permiten reducir tiempos, tanto en el caso de la Food and Drug Administration (FDA), la agencia de regulación de medicamentos de los Estados Unidos y en el de la European Medicines Agency (EMA). Así es como, por ejemplo, está permitido combinar fases de ensayos clínicos y por eso algunas candidatas vacunales aún estando en fase I/II se pueden probar por primera vez en cientos de personas (cuando lo usual es que sea sobre algunas decenas).
También se les permite a los laboratorios comenzar a fabricar las vacunas mientras las están testeando, algo que en condiciones normales no se hace porque las pruebas bien podrían no garantizar seguridad (lo primero que se debe comprobar en una vacuna) ni capacidad de brindar inmunidad duradera. Así, lo que normalmente podría llevar tres años, se reduce a seis meses. Luego, están la aprobación y más tarde, la distribución.
Allí es donde residen muchos de los interrogantes menos populares: ¿Qué países y poblaciones estarán en condiciones de acceder a las vacunas? ¿Cuáles podrán pagar las dosis y a qué precio? ¿Hay posibilidad de que se garantice un reparto equitativo que incluya a las naciones más pobres?
Ya a principios de junio lo decía António Guterres, Secretario General de la ONU, es necesario tener “solidaridad global” para garantizar que la vacuna anticovid tenga un precio asequible y sea accesible, que pueda llegar a lugares muy diferentes e inhóspitos. Hace diez días, mandatarios de países tan dispares como Canadá, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Etiopía, España, Sudáfrica, Suecia y Túnez escribieron una columna de opinión en The Washington Post: “Debemos garantizar urgentemente que las vacunas se distribuyan de acuerdo con un conjunto de principios transparentes, equitativos y científicamente sólidos. El lugar donde vives no debería determinar si vives, y la solidaridad global es fundamental para salvar vidas y proteger la economía”.
El punto es que hay mucho dinero en juego, y no todos los países están en condiciones de hacer lo que el gobierno de los Estados Unidos, con su programa Warm Speed. A través de él las candidatas vacunales más protemedoras recibieron miles de millones de dólares de fondos federales para apurar los desarrollos, y garantizar cientos de millones de dosis a los ciudadanos estadounidenses. También China está invirtiendo en varias candidatas propias. Ellos tienen con qué hacerlo.
Derechos de propiedad
“Las patentes generan monopolios, durante su vigencia sólo el titular de la patente puede producir, comercializar o importar el producto patentado -explica a NOTICIAS Lorena Di Giano, entre otras cosas, coordinadora general de RedLAM, Red Latinoamericana para el Acceso a Medicamentos-. En general las empresas que tienen patentes, al no existir competidores en el mercado nacional, suben los precios con la finalidad de obtener rentabilidad. Los productos no tienen un precio común en todos los países porque en general, si existen patentes, las empresas pretenden lo más que puedan obtener de su comprador, lo que comúnmente depende del nivel de desarrollo y de renta del país. El caso de la vacuna para prevenir la Covid-19 estará atravesada por el mismo problema. Cerca del 80% de las iniciativas de desarrollo de vacunas están en manos de la gran industria privada. Y todas estas empresas hacen uso del sistema de patentes. Hemos encontrado por lo menos 190 patentes sobre vacunas que se estudian para el coronavirus SARS-COV-2 que bloquearían la producción de versiones genéricas que podrían competir en el mercado para asegurar la disponibilidad y la asequibilidad de las vacunas”. (Entrevista completa aquí).
Desde la industria, el punto de vista es muy diferente. “El sistema de protección de propiedad intelectual, lejos de ser un obstáculo, es el que ha permitido una respuesta veloz y sin precedente de la industria biofarmacéutica a la Covid-19, allanando el camino para las colaboraciones y alianzas necesarias para buscar nuevos tratamientos y vacunas. Gran parte del trabajo actual está basado en productos, conocimientos y capacidades de investigación desarrollados a lo largo de varios años con el apoyo de un sistema construido para incentivar la innovación. En este sentido, la propiedad intelectual es un habilitante y no un obstáculo para la investigación, el desarrollo y las pruebas de potenciales tratamientos y vacunas”, dice Carlos Escobar Herrán, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, CAEME.
Esfuerzos y dudas
Hay iniciativas locales, regionales y mundiales con el objetivo declarado de garantizar la disponibilidad de vacunas. COVAX es la base sobre la cual se erige el denominado Acelerador de Acceso a Herramientas Covid-19 (ACT), que se formó para “acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a las pruebas, tratamientos y vacunas de Covid-19”. Está codirigido por la Alianza Global para las Vacunas y la Inmunización (Gavi), la Coalición para las innovaciones en preparación para epidemias (CEPI) y por la OMS.
Aunque, más allá de los slogans, hay preocupación. “Vemos dos riesgos en esta situación, y son la producción insuficiente y los precios altos. Ambos están vinculados con los monopolios, porque si no permiten que haya otros productos no se podrán fabricar las dosis suficientes -apunta el representante de la campaña de acceso a fármacos de Médicos sin fronteras, Felipe Carvalho -. Gavi, por ejemplo, no ha hecho un buen trabajo en otras situaciones. Es el caso de la vacuna contra la neumonía, que a pesar de estar en el mercado desde 2009, no puede ser utilizada en 50 países debido a que es muy cara. Está muy bien que haya una coordinación global, pero precisamos reformas para garantizar la comercialización de las vacunas al costo de producción”.
Ejecutivos de cinco laboratorios que están desarrollando una vacuna anticovid tuvieron una audiencia virtual ante el Subcomité de Supervisión e Investigaciones de Energía y Comercio del Congreso de los Estados Unidos: AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer y Merck. De todas, dos admitieron que la ofrecerían con precios superiores al costo; mientras que otras dos prometieron vender al costo en una primera etapa; y una quinta, poner a disposición un mismo precio global, sin distinción por territorios.
¿Y la Argentina? Así como hay países ricos que pueden invertir mucho dinero, hay otros que aportan infraestructura y conocimientos para realizar los ensayos clínicos. Allí están Brasil y la Argentina. El presidente Alberto Fernández ya se ha reunido con el gerente general de la farmacéutica Pfizer y con el director científico de la Fundación INFANT, Fernando Polack, a cargo de los ensayos clínicos de esta candidata. El mandatario argentino también se reunió con directivos de AstraZeneca, la farmacéutica que trabaja junto a la Universidad de Oxford. Dijo Fernández: “El día que llegue (la vacuna), debemos garantizar su acceso rápido y equitativo, priorizando a las poblaciones de riesgo”.
Off the record, se comenta también que una de las candidatas chinas está buscando lugar (la Argentina) para llevar a cabo parte de sus testeos fuera del gigante asiático. ¿Garantizará eso acceso a una cantidad de dosis para el país? En un webinar reciente sobre vacunas, algunos expertos señalaron que una cosa no va atada a la otra. Se verá.
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