Como en las familias venidas a menos, cuando aparece algo para repartir en una herencia imprevista, aparecen las tensiones ocultas, las disputas postergadas y las interpretaciones sobre cómo repartir y en qué gastar el maná caído del cielo. Algo parecido fue lo que ocurrió cuando el Fondo Monetario Internacional cumplió con su promesa de repartir US$ 650.000 millones en su unidad contable, los derechos especiales de giro (DEG) para todos los países miembros que necesitaban afrontar las contingencias de la pandemia.
La economía argentina, una de las naciones que acusó el impacto con más fuerza (una caída del 10% en su PBI durante el año pasado, que llegaría a compensarse recién para 2023 si no aparece un nuevo cisne negro) recibió por esa vía un total de US$ 4.350 millones que aún antes de monetizarse ya abrieron un debate doble: cómo contabilizarse y de qué manera utilizarse.
Luego de meses de tranquilidad financiera, el Banco Central comenzó a dejar de comprar reservas y luego a vender (en julio se vendieron US$ 450 millones y ayer, casi US$ 150 millones, por ejemplo) para que no se dispare el dólar “financiero”, alimentado por la expansión del gasto preelectoral.
Para el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, desdramatiza la situación y explicó que el contexto electoral siempre trae estos nervios en los mercados. Sin embargo, el organismo tomó nota y respondió, durante su presentación en el círculo rojo del Consejo de las Américas que el aflojamiento del control de cambios dependerá de la evolución de la “restricción externa” para lo cual la exportación pasaría a ser la clave. Un pensamiento que depende de los pronósticos climáticos para el año próximo, en el que la Niña tiene alta probabilidad de cambiar regímenes de lluvia y el sostén de los precios internacionales, que tocaron su pico durante esta campaña. Igualmente, un crecimiento optimista de entre el 5% y 7% por año, tampoco quitaría del medio dicha restricción. Ni siquiera con la esperanza de que se vuelquen al mercado parte de los US$ 100.000 millones que los argentinos tienen fuera del sistema bancario, evidentemente, porque la confianza tiene un precio.
“En lo que va de agosto se vendieron US$ 180 millones, lo que implica que el ritmo de intervención diaria es de US$ 26 millones por lo que si se mantiene este nivel llevaría a US$ 500 millones hasta las elecciones. El problema es que tal nivel de nivel de intervención es insostenible en el tiempo”, enfatiza el economista Federico Vacalebre, profesor de la UCEMA. Calcula que las reservas de libre disponibilidad rondaron los US$ 6.600 millones que incluyen US$ 3.500 millones en oro. “Con este nivel de goteo y reservas diarias para intervenir y que no surten efecto, hay que cubrir tres frentes; el pago de importaciones para continuar con la reactivación, pago de deuda a organismos internacionales y seguir interviniendo para contener los dólares alternativos”, agrega.
Para el economista Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, observa que la cuestión central en la contabilización de las reservas es la de si engrosan las reservas netas o las brutas. A su juicio, las reservas netas actuales constituyen un factor clave porque marca el “poder de fuego del Central para controlar el tipo de cambio”, algo imposible de realizar con las reservas brutas, que en realidad no están disponibles. La otra cuestión, subraya, es cómo deben contabilizarse: si se toman como un ingreso del Gobierno en las cuentas públicas. “Par mi considerarlas así sería un disparate absoluto: tendrías que tener a los DEG como una fuente de financiamiento del Gobierno, pero no como un ingreso fiscal genuino que llevaría a licuar el déficit fiscal de este año”, explica.
Francisco Gismondi, director de Empiria Consultores, recuerda que ya en 2009 se sumaron como “ganancia fiscal, como un ingreso arriba de la línea y eso es muy discutible”. Es posible (casi seguro) que lo vuelvan a hacer, pero no corresponde y obliga a mirar el resultado fiscal con y sin DEG, porque el año que viene no va a estar de nuevo este regalo”, aclara.
Sin embargo, este cálculo casi salido de la libreta del almacenero como la que se ufanaba de dominar Néstor Kirchner, choca contra algunos vericuetos contables que llevarían a mostrar, aún sin un acuerdo madurado con el FMI que la situación argentina es opulenta y que la sensación de agobio económico es sólo eso. El punto es cómo se contabiliza el depósito de los DEG en las cuentas públicas que finalmente, nos indican el nivel de reservas. "La definición de reservas netas del FMI es de reservas brutas menos pasivos a menos de un año en dólares o equivalentes. Y como esas reservas son del Tesoro a menos de un año y además las van a usar en menos de un año, no deberían ser considerados en las reservas netas", concluye Gismondi. Una forma de aplicar la autopercepción al estado patrimonial del Tesoro.
Con un acuerdo de “facilidades extendidas” negociándose con bajo perfil para aislarlo del ruido electoral, buena parte de los fondos ya recibidos volverían a las arcas del propio FMI o los otros organismos internacionales. Claro que sin la sangría de reservas que hubiera implicado dilatar el acuerdo y seguir pagando por dicha demora. En septiembre vence otra cuota por US$ 1.800 millones del acuerdo stand-by de Mauricio Macri en 2018 que, eventualmente podría pasar a engrosar las reservas si antes de diciembre se pudiera llegar a un final feliz y reestructurar la deuda a 10 años. Sólo en ese caso, sería se aplanaría la curva de vencimientos y se podrían utilizar en lo que más vienen haciendo en los últimos meses: poder de fuego en el mercado de bonos para controlar que la brecha cambiaria no se desboque. Pero cualquier demora por las reticencias del ala “dura” del kirchnerismo en acordar, costará seguir pagando cada vencimiento: en principio, luego del operado el 30 de septiembre ya mencionado, hay otro en enero próximo por US$ 730 millones y en febrero-marzo viene un plato fuerte: US$ 370 millones de intereses y US$ 3.500 millones de capital, para el cual el regalo de los DEG ya no alcanzaría y habría que volver a plantearse el defaultear o acordar en las condiciones establecidas.
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