No pasaron más de tres horas del cierre de las elecciones generales del 14 de noviembre cuando el Presidente emitió un discurso grabado para anunciar, solemnemente, que el tiempo de dudas había quedado atrás y se proponía eliminar la incertidumbre mayor que, hasta ese momento, campeaba sobre la economía argentina. Dijo que enviaría al Congreso un proyecto de ley para obtener el respaldo necesario para un programa acordado con el principal acreedor internacional del país, el Fondo Monetario Internacional.
Las negociaciones, que habían sido llevadas adelante con parsimonia por el ministro más criticado por el ala cristinista del Gobierno, parecieron buscar otra velocidad. Quizás, una vez terminados los coletazos del expansionismo fiscal del trimestre previo a las elecciones, el foco estaba puesto en los plazos inexorables que marca el calendario de pagos del Tesoro. Jorge Vasconcelos, economista jefe del IERAL, estima que el déficit fiscal del tercer trimestre era de más del 8% del PBI, justo cuando la expansión monetaria para financiarlo alimentó el drenaje de reservas y alimentó la demanda de dólares alternativos. También cuando la escasez de dólares por la estacionalidad de las exportaciones obligó a restringir aún más las importaciones hasta llegar al poco efectivo pero ruidoso freno a la financiación a la venta con tarjeta de pasajes al exterior.
Bajo cero. El primer signo de agotamiento del modelo pandémico fue justamente ese: el agotamiento de las reservas líquidas disponibles que se operaría hacia el mes que viene, luego de pagar las obligaciones con organismos internacionales de diciembre ( alrededor de US$ 1.900 millones, que se pagarían con los sobrantes de los DEG distribuidos este año por el mismo FMI) y antes de empezar a enfrentar los pagos de febrero y marzo, en un año con exigencias superiores a sus posibilidades: US$ 19.000 millones, una cifra similar que la que se debería pagar en 2023. Corresponde utilizar el potencial en esta frase porque es obvio que no se pagarán. No hay forma que la economía genere ese ahorro en este lapso, ni siquiera el propio organismo financiero internacional esperaría eso de cualquier deudor. En general se establecen refinanciamientos hasta lograr un mejor acceso a los mercados voluntarios de deuda, algo que todavía está fuera del menú accesible para Argentina, que carga con un riesgo país de casi 1.700 puntos básicos (17% anual sobre la tasa de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos).
Malos recuerdos. La pesadilla de volver a enfrentar algún tipo de restricción sobre los depósitos bancarios se activó justamente por la continua caída de las reservas internacionales. En noviembre cayeron casi US$ 900 millones, aún con cepos más o menos sutiles. Como las reservas totales incluyen el encaje sobre los depósitos en moneda extranjera, existió el temor que, ante una crisis o ruptura con la comunidad financiera internacional, se echen mano para afrontar pagos “de extrema necesidad”. A 20 años del establecimiento del corralito, se puede palpar el grave daño a la confianza en el sistema bancario que esa medida y la más grave aún del “corralón” y la pesificación asimétrica, acarreó en el largo plazo. Tanto o más que el temor reverencia a una hiperinflación que, curiosamente cimentó el consenso de la década en que rigió la convertibilidad.
La percepción de la factibilidad que estos dos factores (el agotamiento de reservas y un rebrote inflacionario), allanaron el camino hacia un acuerdo con el Fondo. No en su letra chica, pero sí de que era inevitable.
“Un acuerdo con el Fondo no es la solución a los problemas económicos de Argentina, pero dados los desequilibrios económicos que tenemos hoy y la imposibilidad de generar confianza, un acuerdo con el fondo sería una señal positiva”, sostiene Francisco Gismondi, director de Empiria Consultores.
El escenario que se aproxima en que, una vez obtenida la luz verde del FMI, es el que el economista Gabriel Rubinstein, director de GRA Consultora, ponía como el más probable en la tapa de Noticias del mes pasado. Lo calificaba como “regular” y le asignaba la mayor probabilidad de ocurrencia. “No se soluciona todo porque quedan muchas dudas: hay que ver cómo se cumple y qué pasa si acordamos o no… Por eso no veo una gran convicción del Gobierno para avanzar en una necesaria reducción del déficit o en solucionar cuestiones cambiarias”, aclara.
Para Rubinstein, lo que viene es cierto crecimiento del PBI, una inflación del 45% anual -un poco mejor que lo que está ahora-; una brecha que baje al 70%. “Las cosas pueden mejora un poco pero no es algo muy diferente a la coyuntura actual. En esencia, significa administrar la situación para ir llegando con cierta dignidad al final del mandato presidencial”, explica.
Precios, otra vez. En la última encuesta REM, en la que el Banco Central recoge las proyecciones de los economistas profesionales de plaza, la inflación proyectada para todo 2022 era del 51%. Sin embargo, cualquier modificación de las variables que anclaron los precios durante este año y parte del año pasado, afectaría directamente al IPC. Del actual 3,5% promedio mensual durante 2021 podría pasarse al 4% o 4,5%, que proyectaría una inflación de entre 60% y 70% anualizada. Las exigencias de ajustes caerán inevitablemente en dichas “anclas”: subsidios a los servicios públicos, el dólar oficial, el control de precios y ciertos impuestos.
Un estudio de IDESA arroja que, mientras los precios subieron 91% en los últimos dos años, las tarifas de servicios públicos (en promedio) sólo crecieron 11%. Es decir, se retrasaron casi 40% con respecto al nivel de diciembre de 2019 en el que todavía no habían conseguido nivelarse a sus costos. En el Presupuesto Nacional presentado y todavía sin señales para ser tratado, se pone en la rebaja de subsidios la responsabilidad de la mitad de la mejora fiscal. Cómo y cuándo se hará parece ser la pregunta sin respuesta todavía. La actualización del tipo de cambio es la contracara de la brecha cambiaria y presenta un círculo virtuoso: si desaparece la incertidumbre, se desinfla la demanda por los dólares alternativos y le da espacio para el crecimiento del tipo de cambio oficial, que también alienta las exportaciones. Claro, todo esto implica un empujón a la inflación núcleo, por el impacto sobre el precio de los alimentos y las tarifas. Un tiro por elevación a la mejora en el nivel de ingreso por la reactivación evidenciada en los últimos meses que hizo bajar, entre otros, la pobreza medida por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA con respecto a la gran crisis del año pasado.
Consenso y detalles. El inicio de una marcha en el desierto, o al menos en un camino sin muchos atractivos para ofrecer, puede tener ya su gran acuerdo entre muchos de los protagonistas políticos, pero nadie parece querer asumir la responsabilidad del qué y cómo. El analista Carlos Fara pone justamente una cuota de escepticismo en este punto. “Un ajuste mal hecho puede tener costos fatales sin los analgésicos necesarios y tiene que ver con la capacidad de liderazgo (como en su momento de Menem o Duhalde). Y también el expertise del cirujano (como las duplas Erman-Cavallo y Remes-Lavagna). El problema es que no parece haber ni el liderazgo ni los cirujanos porque falta lo primero” subraya.
Todo parece indicar que, aún llegando a un acuerdo razonable con el Fondo Monetario Internacional, el partido recién estará por comenzar. No parece existir todavía ni el timing ni el amplio consenso necesario para abordar los cambios estructurales que pongan, nuevamente, a la economía argentina en la senda del crecimiento “sostenible” de la que se apartó hace décadas.
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