Los vasos comunicantes entre el mundo y Argentina siguen construyendo la agenda de temas a tratar por la dirigencia. Porque antes que resolverlos, si fuera posible, está discutirlos, primer paso para reconocer un problema. En la misma semana en que el G7 deliberaba y llegaba a un acuerdo sobre la alícuota mínima para las grandes empresas multinacionales, invulnerables en lo tributario por su naturaleza, en Buenos Aires se ponía en marcha la reforma impositiva para las empresas. Mismo tema, pero respuestas diferentes.
El año pasado, en plena pandemia, el Congreso de los Estados Unidos llamó a comparecer ante una comisión investigadora a los representantes, entre otros, de los cuatro gigantes tecnológicos que hoy acaparan acusaciones de comportamientos anticompetitivos: Google, Microsoft, Apple y Amazon. Justamente Jeff Bezos, fundador y en ese entonces CEO de la empresa les agradeció la invitación “de comparecer ante ustedes hoy y estoy feliz de responder a sus preguntas”. Lejos de enojarse con los legisladores que en plena campaña electoral querían colocarlos en el banquillo de los acusados, el también propietario del Washington Post les dijo que “creo que Amazon debe ser escudriñada. Deberíamos examinar todas las grandes instituciones, ya sean empresas, agencias gubernamentales u organizaciones sin fines de lucro. Nuestra responsabilidad es asegurarnos de que pasamos ese escrutinio con éxito”.
High tech. Como nunca antes, las grandes empresas tecnológicas han burlado los esquemas clásicos sobre los cuales se asentaban la tributación internacional, pero también la lógica de inversión y producción. Según un estudio de Bloomberg Economics, hace 30 años, las 50 empresas más grandes que cotizaban en Wall Street representaban el 5% del PBI global. Hoy, arañan el 30% del total. Su capacidad de generar dividendos también creció asombrosamente en un mundo en que bajó la tasa de interés a casi cero: fue el 6,9% en 1990 y 18,2% en 2020. También se alteró el equilibrio regional de estos gigantes: hace tres décadas, la presencia de compañías chinas en el Top 50 era sólo del 3% y actualmente es del 8%, a contramano de las de origen europeo que bajaron a la mitad: de 15% a 7%. Y si tomamos las 20 empresas principales, ninguna de las rankeadas en 1990 estuvieron al tope de la lista en 2020.
Un cambio copernicano que también repercutió en la forma en que los gobiernos pueden tratar a estos monstruos generadores de empleo, valor paras sus accionistas, innovación, pero poco provechosos a la hora de pagar impuestos. En 1990, las 50 más grandes pagaban una tasa promedio de 35,5%, pero en 2020 era del 17,4%. Una baja sustancial que mucho tiene que ver con el peso relativo que fueron ganando los gigantes tecnológicos en el escenario económico globalizado. De todas ellas, el 42% son tecnológicas, casi 7 veces más que la participación que tenían en 1990. Y el resto, también puede realizar operaciones de localización de operaciones. “El tema es muy complejo porque se preguntan a quién cobrar y cómo, si están localizados en todas partes. Para los países que cobran más impuestos es una competencia desleal que existan otros que seducen inversiones con tasas mucho más bajas”, explica el tributarista César Litvin.
En este hilo de pensamiento tiene que ver con la evolución que empresas como Apple tuvieron en lo que va del siglo pero que no se verificó en el Tesoro de los Estados Unidos. Mientras en su país de origen pagaría 21% de impuesto a las ganancias, las operaciones radicadas en su segundo hogar impositivo, Irlanda tributa 12,5%. Gran negocio para la república con asiento en Dublin y para la compañía de la manzanita, pero un fracaso para la caja estadounidense. No es el primero ni será el único caso y es por eso que el puntapié inicial para intentar regular este gran colador impositivo que muchas veces tiene como protagonistas islas y dependencias de ultramar de naciones desarrolladas que ayudan a la elusión generalizada.
A diferencia de lo que ocurría con las regulaciones en mercados con riesgo de cartelización inminente (por ejemplo, las leyes anti trust norteamericanas de principios del siglo XX en referencia al acero, el ferrocarril y más tarde con las telefónicas), la estructura productiva de estos monstruos digitales las hace inaplicables. Incluso, podrían ser contraproducentes. Por eso, requiere un gran consenso y el próximo paso en la sugerencia del G7 de poner una alícuota mínima del 15% es el tratamiento en el G20, antes de pasar a la OCDE para un mayor consenso.
En los Estados Unidos, el debate también puso en la mira a los grandes millonarios que están detrás, como fundadores o accionistas minoritarios, de los fondos de inversión que controlan muchas de estos gigantes: también la sospecha que tienen recursos de sobra para armar un sistema tributario que aproveche los beneficios de muchos cuasi paraísos fiscales detrás del enjambre societario.
¿Y por casa? Mientras la política impositiva ocupa el centro de las preocupaciones económicas que la pandemia aceleró por una razón: la gestión de la emergencia provocó en todo el mundo un doble efecto con distinta intensidad en cada caso: por un lado, socavó la tributación por menor actividad y por otro, aumentó el gasto sanitario y la red de sostén económico para paliar la desocupación temporal. Para todo esto, cada punto de recaudación impositiva cuenta.
Argentina, que ya tenía una alícuota de impuesto a las Ganancias en descenso desde 2017, cuando se había reformado la ley, nuevamente cambio de dirección. En lugar de bajar al 25%, ahora se establecieron tres franjas impositivas en función de monto de las ganancias anuales en pesos. Hasta $ 5 millones, la tasa seguirá siendo del 25%, entre ese monto y $ 50 millones, la alícuota será del 30% y a partir de allí, sube a 35%. Además, se sigue penalizando con un 7% adicional a la distribución de dividendos, con lo cual la tasa efectiva en cada caso es del 30,25%; 34,9% y 39,55%, respectivamente. “Esta reforma tiene un sesgo que no promueve la inversión ya que no alivia la situación de las empresas que ya están tributando”, agrega Litvin. Para el diputado Luciano Laspina (JxC, Santa Fe), que tuvo una activa participación en la anterior reforma de 2017, los cambios introducidos son una forma de compensar para el fisco lo que perdió de recaudación por poner un piso más alto en el mínimo no imponible sin tocar las escalas en las alícuotas. “Se busca enmascarar una suba impositiva para las empresas grandes en una baja para las chicas que no es tal”, sentencia el legislador.
La presión impositiva para las empresas, sin embargo, no termina en este gravamen. El Banco Mundial, en su estudio Doing Business, la calcula para una empresa tipo en relación a las ganancias obtenidas y Argentina allí ocupa un dudoso lugar de privilegio: con 106% es el segundo país al que las sociedades más tributan. O sea que de cada peso que gana la empresa, en promedio ya entregó 1,06 al Estado en todos sus niveles.
Distintas respuestas ofrecidas ante problemas similares: la desfinanciación del Estado, la volatilidad de inversiones y la dificultad de generar empleos de calidad. Aunque es difícil medir los resultados en cuestiones multicausales, el tiempo dará su veredicto inapelable.
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