No por previsible dejó de impactar. La acumulación de distorsiones que acumuló la economía argentina desde el inicio de la pandemia terminó hundiendo las esperanzas del Plan Llegar que todavía abrigaba. Algunos lo vieron como una corrida cambiaria que alcanzó un pico simbólico cuando un “hornero” ni siquiera llegó a alcanzar para comprar un billete de un dólar, pero ese fue el emergente de una crisis más profunda y con varios aspectos en juego.
Cero en déficit. Ya la semana anterior, durante el desarrollo del Coloquio de IDEA el blanco de las críticas, pero sobre todo de las propuestas que hicieran economistas alineados con la oposición de Juntos por el Cambio fue el desorden fiscal. Con un estilo más racional, haciendo esfuerzos por la equidistancia entre el continuismo y la motosierra, el plan para arribar pronto al equilibrio fiscal básicamente cruzaba por un reordenamiento del gasto público y de la estructura tributaria. Como mencionó Carlos Melconian, a los desbordes que se encontrarían al 10 de diciembre se agregarían tres elementos novedosos de esta crisis: a) la virtual desaparición del impuesto inflacionario que iría menguando a medida que un eventual plan de estabilización logra domar el alza de precios; b) el ajuste pro cíclico del gasto jubilatorio, que indexa los haberes con la inflación pasada, por lo tanto deberían ganarle ante una desaceleración; y c) la reposición del impuesto a las Ganancias, con otro nombre, algo poco simpático en la batalla dialéctica por cancelar el impuesto más progresivo de las opciones existentes. Pero también advirtió que la creatividad fiscal de muchos economistas chocaría con una restricción férreamente de la jurisprudencia: los derechos adquiridos.
La primera víctima de esta limitación es el intento de reformar el sistema previsional. No es poca cosa: insume alrededor del 50% del Presupuesto Nacional y el 13% de los recursos totales medidos en términos de PBI. Jorge Colina, de IDESA, un think tank que viene bregando hace tiempo por la reformulación del sistema, muestra también una gran contradicción: mientras se lo protege de intentos reformistas, los haberes jubilatorios se transformaron en la principal variable de ajuste del gasto público. Mientras que en 2022 las jubilaciones absorbieron un 7,6% del PBI, este año la proyección indica que estrían bajando al 7,2% (considerando un alza del IPC del 133% anual), pero para 2024 sólo volverían a recuperar el nivel del año pasado si la inflación no supera el 70% anual. Cualquier coqueteo con la híper terminará pulverizando los haberes, por más compensaciones que se instalen.
En conclusión, las reformas sugeridas van del presente en adelante y sobre todo se basan en la eliminación de superposiciones y la desigualdad de cobertura de los diferentes regímenes. Pero si bien es la batalla más importante para lograr equilibrar las cuentas, es la que sólo produce efectos en el muy largo plazo.
Los otros componentes del ordenamiento son la racionalización del gasto de las empresas públicas, los subsidios al consumo energético y de transporte y las transferencias discrecionales a las provincias. Cada uno de ellos requiere de negociaciones con fuerte contenido político y, aun habiendo encontrado un punto de acuerdo, precisaría una hoja de ruta contemplando el timing para alcanzar la normalidad. El economista Esteban Domecq agrega a estos factores el “efecto derrame” en el gasto público, que mide la ineficiencia en su asignación (la corrupción y la superposición, entre otras) y que en el caso argentino casi duplica la media de la región totalizando hasta 4,5% del PBI.
La otra deuda. Otro lastre de estos años de mala praxis y restricciones externas es la enorme deuda que el Estado contrajo con los importadores por los sucesivos controles que pusieron plazos excesivos de pago de las compras al exterior y que terminaron financiando las casas matrices. El economista Fernando Marull estima que llegarán a US$54.000 millones, incluyendo la importación de bienes y servicios. O sea, un 20% más que el préstamo del FMI que concentró los vencimientos. Aquí se ve con claridad el enorme impacto de la sequía durante esta campaña y la erosión del intrincado sistema de cepos sobre el saldo de la balanza comercial.
Esta escasez crónica de dólares también explica el derrotero de la corrida cambiaria que se aceleró luego de las PASO. Como se advertía, la devaluación del 22% que el ministro-candidato consintió en implementar el 14 de agosto pasado, se trasladó a los precios, en promedio en 40 días. Ya la semana anterior, había comenzado a preparar la pista de despegue con minidevaluaciones diarias para no dar un salto tan abrupto. La lección de aquella vez es que sin un plan integral y en un marco de incertidumbre, cualquier alteración del status quo (en este caso, el precio artificialmente bajo del tipo de cambio oficial) las válvulas de escape terminan siendo los precios dolarizados (los alimentos) y luego el tipo de cambio libre.
Una forma de visualizar estas expectativas crecientes es la brecha del tipo de cambio (medida como la diferencia entre el dólar oficial y el financiero -CCL-). El reciente raid del dólar blue volvió a desnudar esta diferencia, llevando la brecha al 180% que anticipa dos cosas: una próxima devaluación del dólar “comercial” y un golpe inflacionario que en los hechos puede acortar también esa diferencia en términos reales. Es decir, una vez más la inflación (estabilizada hasta esta semana en 12% mensual) es probable que vuelva a tener un salto. Una forma salvaje de licuar pasivos, gasto público y volver a acomodar los tantos. El saldo: nivel de pobreza creciente y salarios reales (en pesos, pero también en dólares históricos) decrecientes.
Fuga del peso. La otra vertiente de esta crisis es la huida del peso como vehículo de ahorro y como referente de los precios. No fue necesario que el libertario Javier Milei bochara a los plazos fijos como vehículo idóneo para defender los ahorros para que continuara una tendencia preocupante: el drenaje de depósitos del sistema bancario, combinado con la retirada del sector privado como destinatario del crédito. Obvio que lo poco que va quedando está dirigido al sector público, especialmente las colocaciones que los bancos realizan en instrumentos de deuda de corto y mediano plazo emitidos por el Banco Central.
Mientras esta dinámica se sucede, parece que el protagonismo principal se lo lleva el dólar blue. La puesta en escena de allanamientos en la City porteña es una contención momentánea a los movimientos especulativos. De hecho, el valor actual no es el más alto: en términos reales lo superó el pico de octubre de 2020, cuando el tsunami de pesos emitidos para compensar la emergencia terminó impulsando el valor del dólar y contrariando los que creyeron, por un rato en la utopía que la emisión no necesariamente generaba inflación. El plan platita versión post PASO 2023 estaría demostrando, nuevamente que la ley de hierro sigue vigente. La memoria y la gimnasia económica de la ciudadanía hace el resto.
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por Tristán Rodríguez Loredo
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