Ya casi nadie discute si hay que regular la inteligencia artificial. Ese debate está saldado: Europa, Estados Unidos, Brasil y buena parte del mundo ya están regulando, con más o menos acierto. La discusión real es otra, y son dos preguntas: ¿hacia dónde apuntan esas reglas? ¿proteger al trabajador, a las industrias, a los más chicos?: y fundamentalmente ¿cuándo las escribimos nosotros?
Porque si regulamos recién cuando no nos quede otra, cuando la exigencia viene impuesta desde afuera para poder seguir siendo parte del mundo, vamos a haber perdido algo que no se recupera: la posibilidad de escribir reglas que nos sirvan a nosotros.
¿Qué riesgos concretos genera hoy trabajar con IA regulada?
El riesgo no es la regulación que viene. El riesgo es que no puedo escribir en un contrato qué es lo que voy a tener que cumplir dentro de dieciocho meses. Eso no es un problema filosófico, es un problema de contrato. En todo acuerdo de servicios hay una cláusula donde el proveedor garantiza el cumplimiento de la normativa aplicable. Con la norma europea de datos personales era simple: existía, estaba escrita, tenía fecha. Hoy esa misma cláusula es un cheque en blanco para las dos partes. Y cuando nadie sabe bien qué está firmando, el ciclo de venta se estira, el riesgo se valoriza hacia arriba y el cliente termina eligiendo el proyecto más conservador y no el mejor.
Un ejemplo de hace poco más de un mes fue cuando la Unión Europea corrió las obligaciones para los sistemas de mayor exigencia nueve días antes de que vencieran: la modificación se publicó el 24 de julio, el vencimiento era el 2 de agosto, y ahora esas reglas rigen recién en diciembre de 2027. Empresas que llevaban dos años preparándose se enteraron con una semana de aviso. Y lo que sí entró en vigencia ese 2 de agosto fue justamente lo que casi nadie estaba mirando: la obligación de avisarle a la persona que está interactuando con una IA y de etiquetar el contenido generado. Se pospuso lo que todos preparaban y se activó lo que nadie preparaba.
Entonces sí, prefiero mil veces una regulación exigente y clara. Pero le falta un atributo del que se habla poco: no alcanza con claridad, hace falta estabilidad. Un ciclo de producto de IA, del diseño a la operación real, corre entre dieciocho y veinticuatro meses. Hoy las reglas se mueven más rápido que eso.
Por eso la salida no es una norma que intente prever todo. Cuanto más detallada, más rápido queda vieja. Mejor un marco simple, que se actualice con previsibilidad y con tiempo, porque en el medio hay contratos vigentes que tienen que adecuarse.
Regulación bien diseñada: ventaja competitiva ¿sí o no?. Queremos una ley que un cliente de afuera pueda leer y reconocer. No una que le tengamos que explicar. Cuando Europa puso en marcha su reglamento de datos personales, la industria argentina exportó servicios: alguien tenía que relevar, rediseñar flujos de datos, documentar y auditar, y hubo empresas de acá que aprendieron a hacerlo antes que sus propios clientes. En 2020 se repitió con la ley brasileña. La norma ajena se convirtió en demanda propia.
Y hay un dato que la industria juega poco: la Argentina tiene decisión de adecuación de la Unión Europea en materia de datos personales desde 2003, fuimos el primer país de la región en obtenerla y la revalidamos en enero de 2024. Somos uno de los once países del mundo con ese estatus, y en América Latina solo Uruguay lo comparte. Fue un habilitante comercial silencioso durante veinte años.
Una ley argentina de IA bien diseñada puede ser exactamente eso: una credencial de exportación. O un inhabilitante.
La condición es una sola, que sea legible desde afuera. Si un cliente en Madrid o en Miami lee nuestro marco y lo reconoce no idéntico, pero compatible, el proveedor argentino arranca la conversación treinta puntos arriba. Si nuestro marco es exótico, cada venta al exterior empieza explicando por qué acá se hace distinto.
Y el momento importa. América Latina concentra el 14% de las visitas globales a soluciones de IA y está tercera en el mundo en descargas de aplicaciones de IA generativa. Pero representa el 6,6% del PBI mundial y capta apenas el 1,12% de la inversión global en IA. Estamos usando muchísimo más de lo que estamos construyendo. Un marco regulatorio previsible es una de las pocas palancas que tenemos para pasar de consumidores a proveedores.
Ahí está mi preocupación con algunos de los proyectos que hoy circulan en Diputados. La ambición no es el problema; el problema es el mecanismo. Una autorización estatal previa a la comercialización convierte al Estado en una compuerta por la que hay que pasar antes de vender. Y las compuertas siempre tienen gente interesada en administrarlas. Eso no existe en el marco europeo para la enorme mayoría de los sistemas, ni en ningún estado norteamericano. Un competidor español o mexicano sale al mercado sin ese trámite; nosotros saldríamos con él encima.
El rol del Estado. Es importante hacer foco en tres puntos que marcan la diferencia al momento de hablar sobre regular o no regular, o cómo hacerlo. En primer lugar, es importante saber que se regula el uso, no la tecnología. La unidad de análisis tiene que ser la decisión que afecta a una persona concreta si le dan un crédito, si entra a un puesto, si accede a una prestación de salud y no el modelo en abstracto. Regular la herramienta es regular algo que cambia cada seis meses; regular la decisión es regular algo que es estable hace décadas. Además, buena parte ya está regulada, por ejemplo la discriminación laboral ya es ilegal, el scoring crediticio ya tiene marco. No hace falta un régimen paralelo. Hace falta especificar cómo se aplica el existente cuando la decisión la sugiere una máquina.
En segundo lugar, el Estado tiene que intermediar la disrupción, y el instrumento correcto es el derecho posterior, no el permiso previo. La asimetría es real: entre quien despliega un sistema de decisión automatizada y quien la recibe no hay paridad de información ni capacidad de reclamo. El que pierde un empleo o un crédito por una inferencia estadística no tiene cómo auditarla, y hoy tampoco hay forma de probar si hubo sesgo. El número lo dice todo: el 62% de los trabajadores argentinos teme perder su empleo por la IA, pero solo el 15% la usa habitualmente. Los que sí la usan todos los días reportan 71% más productividad y 54% más sensación de seguridad laboral. La brecha no es tecnológica, es de acceso.
Proteger a esa persona no requiere frenar el mercado. Requiere que sepa que hubo un sistema involucrado, que pueda pedir una explicación en un plazo cierto y que pueda exigir revisión humana. Eso protege sin frenar.
En tercer lugar, el Estado como comprador. No es el mayor comprador de tecnología del país, pero es un comprador de escala, sostenido, y con una deuda técnica enorme, o sea que va a tener que comprar más. Y tiene algo que ningún privado tiene: cuando incorpora una exigencia a un pliego, ordena el mercado sin sancionar a nadie. Si pide documentación de sistemas, trazabilidad de decisiones y supervisión humana en sus propias licitaciones, en dos años la industria argentina desarrolla esas capacidades por vía de mercado. Y quedan disponibles para exportar. Es más rápido de implementar, más barato de fiscalizar y reversible si sale mal.
Lo bueno es que no partimos de cero. La Agencia de Acceso a la Información Pública tiene desde 2023 un programa específico de transparencia y protección de datos en el uso de IA, con guía publicada para entidades públicas y privadas. Y en abril de este año el Estado incorporó formalmente entre sus competencias la elaboración de políticas y marcos regulatorios sobre IA, gobernanza de datos y software abierto. La capacidad institucional existe. Falta usarla. Sumemos a los reguladores sectoriales que ya están BCRA, CNV, salud, que pueden moverse antes y con más precisión que una ley general.
No se puede jugar al fútbol en una cancha que se mueve, con una pelota que a veces es redonda y a veces cuadrada. Primero el marco claro; después ajustamos las pausas de hidratación y el tiempo para sacar el lateral. Regular no es frenar. Es poner semáforos para poder acelerar.
*Fundador y CEO de Epidata
por Valerio Adrián Anacleto
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