Exiliado por propia voluntad en Miami, junto a su esposa, la voluptuosa Victoria Vanucci, Matías Garfunkel continúa sumando disgustos en Argentina. A principios de este mes y por pedido de la AFIP, la Justicia embargó al empresario ex dueño de Grupo Veintitrés en $ 32.967.343,58.
El estallido del Grupo Veintitrés, los cruces con su ex socio Sergio Szpolski, el avance de la causa por contrabando de obras artísticas y la nueva denuncia penal de la AFIP en su contra son sólo algunos de los frentes con los que tiene que lidiar el millonario.
Por eso, a pesar de que su intención era radicarse definitivamente en Miami, hace poco más de un mes arribó a escondidas al país para declarar en la primera de esas causas, contrabando de obras de arte, ya que de no presentarse podría enfrentar una orden de captura internacional.
El caso comenzó luego de que un ex abogado de Garfunkel, Adolfo Verra, le iniciara acciones para cobrar sus honorarios y le trabara un embargo sobre obras de arte que el millonario tenía en su casa de Belgrano. Poco después, esas piezas aparecieron en una subasta en la tradicional casa Christie’s de Nueva York.
Por iniciativa del magistrado a cargo del caso en el fuero civil, se inició la causa en fuero el penal económico para poder determinar si Garfunkel había cometido los delitos de malversación de fondos públicos, por vender bienes embargados, y contrabando, por trasladar las piezas a Estados Unidos sin cumplir los pasos correspondientes en AFIP y la Aduana.
"Hay muchas posibilidades de que el delito que se le imputa pase a ser contrabando agravado, que no es excarcelable", confirmaron fuentes cercanas al expediente a NOTICIAS. Sin embargo, allegados a Garfunkel le quitaron importancia al tema.
El otro gran frente, y al que ahora deberá hacer frente, es la denuncia impulsada por el titular de la AFIP, Alberto Abad, contra él y Szpolski en la que se los acusa de haber evadido los aportes laborales de los trabajadores de Grupo Veintitrés, el multimedios en el que ambos compartían acciones.
Según figura en la denuncia, las empresas pertenecientes al grupo retenían los aportes previsionales de sus empleados en relación de dependencia pero no los depositaban. Además, las sumas eran ingresadas o regularizadas en un plan de facilidades de pago superado el plazo legal para ello. Con estas maniobras, Szpolski y Garfunkel habrían podido evadir una suma que asciende a los 85 millones de pesos.
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