La firma de tres magistrados desencadenó un torbellino que no discriminó a nadie. El polémico fallo que le otorgó el beneficio del 2 por 1 a un represor detenido salpicó a la Corte Suprema, que quedó en el eje de la polémica, aglutinó en su contra a una parte gigantesca de la sociedad y, sobre todo, manchó la imagen de un gobierno del que una parte del imaginario colectivo presume las peores cosas. Dentro del PRO, que hace rato busca sacarse el aura conservadora que arrastra el apellido Macri, la noticia despertó temor, recelos y varios enojos. Las repercusiones no son desbocadas: con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, críticas para el oficialismo, hay que cuidarse el doble.
Las sospechas de la incidencia de la Casa Rosada en la medida (“obviamente tuvieron algo que ver”, dijo Cristina Kirchner desde Grecia) tuvieron un disparador. Es que la reacción inicial de la autoridad suprema del Gobierno sobre el tema fue desafortunada: “Estoy de acuerdo con el fallo si es ajustado a la ley”, dijo Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos, apenas publicada la decisión. El enojo no sólo fue para afuera. “No puede decir eso, ni aunque lo piense. Tiene un cargo muy importante, es un tema delicado. ¿Cómo no se da cuenta de que la está pifiando?”, se quejó un diputado del PRO. No es la primera metida de pata del secretario –que evitó hablar para esta nota– que despertó la bronca dentro de su partido. Ya había tenido polémicos dichos sobre los “8.500 desaparecidos”, o cuando calificó la marcha del 24 de marzo como “un acto opositor”. “Igual es improbable que Macri le pida que dé un paso al costado”, aseguran desde el oficialismo.
Avruj quedó casi en soledad. “Coincido con el secretario en que el fallo estuvo bien desde el sentido jurídico, pero a nadie le gustan sus consecuencias. Por eso llevamos adelante una ley en el Congreso que evitará este tipo de situaciones”, le dice a NOTICIAS el diputado del PRO Pablo Tonelli, que impulsó el proyecto que restringió el alcance del 2 por 1 y que se aprobó en la Cámara. Sólo Tonelli y Elisa Carrió defendieron el sentido de la declaración de Avruj: el resto lo miró de costado.
El gran debate que se reabrió con el fallo de la Corte es sobre la indefinida adscripción ideológica de Macri. ¿Es “facho” el Presidente? Para el kirchnerismo y la izquierda, sí. Esta idea está tan instalada que el PRO, conocedor de la situación, salió en bloque a corregir los dichos de Avruj. Peña, Vidal, Dietrich, Frigerio, Garavano y hasta Macri aclararon en público su rechazo al fallo. Para este gobierno, que actúa y reacciona a partir de las encuestas, es difícil imaginar que los números no influyeron en la posición oficial. “No tuvieron nada que ver, son cuestiones de sentido común”, desmiente un legislador amarillo. “La posición de rechazo a todo tipo de impunidad que pregona el Gobierno fue clara. Cada uno tiene que cumplir la condena que recibió”, dice el diputado Daniel Lipovetzky, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Ciudad.
La sucesión de situaciones inoportunas del macrismo se apilan. Las idas y vueltas con el feriado del 24, la discusión sobre el total de víctimas de la dictadura por parte de funcionarios como Gómez Centurión o Lopérfido, declaraciones presidenciales sobre “el curro de los derechos humanos” o el famoso “no tengo idea cuántos fueron”, alimentan sospechas. “Son discusiones nefastas e inconducentes. El fallo de la Corte estuvo precedido por un discurso contaminante”, asegura Leandro Despouy, hasta marzo representante de Derechos Humanos de la Cancillería.
No sólo el Gobierno se vio salpicado por la decisión de la Corte Suprema: en la Iglesia hubo tanto ruido que llegó hasta el Vaticano. La institución ya había sido cuestionada cuando se difundió un encuentro “para la reconciliación”, que auspiciaba la Conferencia Episcopal y juntaba a familiares y víctimas tanto de las organizaciones guerrilleras como de los militares. La reunión en Pilar, ocurrida en los últimos días de abril, despertó varios enojos (“es un disparate”, dijo Estela de Carlotto), pero la situación escaló cuando salió el polémico 2 x 1. “Estamos atajando penales: el diablo metió la cola”, dicen desde el Episcopado, en referencia a la desafortunada coincidencia con el fallo de los supremos.
“Las reuniones se vienen haciendo desde hace años. Son charlas privadas entre obispos y personas que intentan cerrar una vieja herida. Tuvimos un problema de comunicación y se hicieron públicas: no es que había algo que ocultar, pero son testimonios muy personales”, aclaran en la Iglesia. Tan importante fue la controversia que llegó hasta los oídos del Papa: su hombre de máxima confianza en el país, Víctor Fernández, dijo que “fue un error” hacer públicas las reuniones. El rector de la UCA, hombre de bajo perfil y que no hace movimientos fuertes sin el permiso expreso de Bergoglio, sorprendió a más de uno al dar una entrevista a La Nación. Además, sus declaraciones hacen referencia a algo que empieza a ser vox populi en el mundo religioso: el enojo de Bergoglio con algunos altos cargos de la Conferencia Episcopal. Que Dios los ayude.
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