Que el país se llene de autopistas es el deseo de Mauricio Macri. Unas 22 obras ya están marcha. Otras 16 quiere el Presidente concretar mediante un nuevo sistema, de participación público-privada (PPP), que no se financian con los ingresos corrientes del Estado ni con créditos que consiga sino con préstamos que deben obtener las constructoras.
El 20 de abril próximo es el último día para la presentación de ofertas de los primeros seis corredores viales con PPP, lo que constituye el debut de un régimen que se extenderá a cárceles, redes eléctricas, trenes y hospitales. En el sector de la construcción están entusiasmados con la idea, pero advierten que las obras en estas primeras autopistas pueden resultar más del doble que con las obras públicas tradicionales, dado que deben presupuestar los costos a 15 años de los materiales, un financiamiento que de por sí es más alto que para el Estado, con sus respectivas comisiones, y algunos pagos de impuestos por adelantado.
"Estamos transformando el sistema de concesión vial", destaca el director nacional de Vialidad, Javier Iguacel, cuyo apellido se popularizó en las últimas semanas en las rutas argentinas porque el sindicato de trabajadores de peajes protesta contra la prevista eliminación de las cabinas en los próximos cinco años. Iguacel niega que vaya a dejar a "2.500 familias en la calle", como rezan las pancartas, y asegura que las concesionarias deben mantener el personal y usarlo para tareas como atención al usuario, control de evasores, administración y mantenimiento.
“De los 42.000 kilómetros de red vial del país, 9.000 están bajo concesión, en situación lamentable”, explica Iguacel. “De estos 9.000, 7.500 pasarán al sistema PPP y 1.500 quedarán sin peaje. Con los 16 corredores PPP habrá en los próximos cuatro años obras por 12.000 millones de dólares, lo que duplicará el nivel actual de obras de Vialidad, que de por sí es récord”.
“Hay 12 grupos de tres o cuatro empresas cada uno que se presentarán en la primera licitación, incluidas compañías de Italia, Francia, España, Portugal, Corea del Sur, Estados Unidos, Brasil y Colombia”, relata el director de Vialidad. Los consorcios pueden ofertar por los seis corredores, pero sólo pueden ganar hasta dos. Entre las firmas españolas figura Abertis. que ya opera en el país rutas como los accesos Norte y Oeste y que pertenece al grupo ACS, una de las 30 constructoras que más obras públicas ganó con el gobierno de Macri y que pertenece al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. También aparece Acciona, aliada de Techint.
Rovella Carranza se unió a la portuguesa Mota Engil e iba a sumar también a la italiana Astaldi, pero a último momento la casa matriz bajó el pulgar por temor al “riesgo argentino”. Otras interesadas son la coreana Hyundai y la italiana Impregilo.
Banca. Como son los privados los que deben conseguir el financiamiento, por estos días sobrevuelan banqueros de JP Morgan, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Goldman Sachs, UBS, Credit Suisse y Deutsche Bank para analizar préstamos y colocaciones de deuda en el exterior. Las obras y el posterior mantenimiento, con repavimentación incluida, se pagarán con peajes y con el aporte –a partir del quinto año de concesión– del impuesto al gasoil, que hasta el gobierno anterior se destinaba a subsidios varios.
Entre los constructores señalan que el presupuesto de las obras PPP duplica o triplica el de las tradicionales, sobre todo por el financiamiento. "Se paga una sobretasa sobre la tasa que paga el Estado de dos a cuatro puntos porcentuales, y además tenés que pagarles a los bancos fees (cuotas), comisiones, avales bancarios", comenta un experimentado empresario. Aunque el riesgo país bajó en el gobierno de Macri, subió en los últimos meses y aún es de los más altos de los mercados emergentes. Pero Iguacel confía: "El interés será apenas uno o dos puntos por encima de lo que paga el Estado. El beneficio económico para el país más que duplica el costo de la obra”.
Entre las constructoras no hay unanimidad, pero algunas comentan lo difícil de calcular los costos de construcción a 15 años. Todas se quejan por los cómputos de IVA e impuesto a las ganancias, pero el Gobierno promete solucionarlos. El tiempo corre. Iguacel confía en seguir bajando los costos de construcción y que en 2019 las obras PPP igualen en cantidad a las tradicionales.
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