El sistema privado de salud está en terapia intensiva. Los tres actores que forman parte de esta gran estructura, que involucra a un 70 % de la población del país, coinciden en la existencia de una crisis.
Las prepagas, obras sociales y clínicas se unieron para denunciar que todo está a punto de colapsar. Según su planteo, la mayor sobrevida de la población y el desarrollo científico a nivel mundial se combinan con factores locales: inflación, insumos dolarizados, la ampliación de prestaciones en el Plan Médico Obligatorio (PMO) y la judicialización de las coberturas. Por su parte, los pacientes -las verdaderas víctimas-, cuando les toca enfrentar una enfermedad o discapacidad, terminan enredados en malabares burocráticos para acceder a los tratamientos y, a veces, no lo logran.
Por último, está el Estado que es el máximo responsable del funcionamiento de este sistema, pero no encuentra la salida, a punto tal que el propio secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, reconoce la existencia de una crisis alarmante: “Estamos bastante en manos de Dios”, dice.
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A principios de mayo, se creó la Confederación Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS) que, por primera vez, nuclea en un mismo espacio a prestadores (sanatorios y clínicas) y financiadores (prepagas) de medicina privada del país. “Nos unió el espanto”, asegura Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (ADECRA), uno de los miembros. “Este es el último intento de salvar al sistema”, subraya por su parte Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical Group y presidente del nuevo organismo.
Según las cifras que manejan estos empresarios, y que ratifican desde el Estado, la crisis en el sector puede poner en jaque a la totalidad del sistema de salud: ya sea a través de una obra social o de una prepaga, más de 30 millones de argentinos utiliza servicios privados de cobertura médica. El resto, apenas un tercio, se atiende de forma exclusiva en el sistema público.
El negocio de la medicina privada en el país mueve, cada año, entre 6.500 y 7.000 millones de dólares y tiene, en épocas prósperas, un promedio de rentabilidad de 2,5 a 3%. “Hoy, las que tienen espalda para soportar la situación y pueden mantenerse en azul están en 1 o 1,5% de rentabilidad. Otras ya están en rojo”, aclaran voceros.
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Y si bien los números fríos son fundamentales para comprender la denuncia que involucra un negocio, la contracara de esta situación es humana. Según Enio García, de la Fundación Soberanía Sanitaria, durante el primer trimestre de este año, sólo en la zona Metropolitana (la única donde hay estudios al respecto), las prepagas perdieron 140.380 afiliados, es decir, el 10% del total.
Con matices, las entidades reconocen problemas en este sentido: “La crisis ya hace aparecer algunos síntomas. Como financiadores, estamos viendo dificultades de la gente para pagar las cuotas, para acceder a tratamientos cuando tienen algún tipo de copago, y también bajas. Esto va a ir empeorando porque generalmente, cuando hay bajas, los primeros que se van son los que usan menos servicios. O sea, te queda menos gente que aporta pero que consume más servicios”, afirma Daniel Barbagallo, gerente de Relaciones Institucionales de OSDE y presidente de la Asociación Civil de Telemedicina de la República Argentina (ACTRA), también miembro de la UAS.
Problema internos. Según los empresarios, las dificultades propias de la Argentina que complican al sector se podrían sintetizar en: la inflación, que en el sector de la medicina siempre está por encima de la general; la devaluación del dólar, en una industria que debe importar todos sus insumos; el Congreso que, según ellos, aprueba leyes para incorporar prestaciones al PMO y obliga a las obras sociales y prepagas a dar su cobertura sin considerar el financiamiento; cuestionan la actitud de los jueces, quienes otorgan amparos judiciales para que estas entidades se hagan cargo de determinados medicamentos o tratamientos -dicen- sin un análisis de fondo de cada situación; y el estancamiento de la economía, que impide generar nuevos puestos de trabajo en el sector privado que pueda incrementar el número de nuevos afiliados.
A una velocidad vertiginosa aparecen nuevos desarrollos científicos y farmacológicos que tienen costos extremadamente altos y dolarizados, algo difícil de afrontar en un país devaluado. Rubinstein reconoce que ni siquiera las arcas del Estado podrían cubrir esa diferencia: “La inflación de costos en salud, sobre todo en la última década, se ha disparado de una manera fenomenal y exponencial. Esto es lo que está amenazando la sustentabilidad. No alcanza en las prepagas y tampoco alcanza el Fondo Solidario de Redistribución al que aportan todas las obras sociales del país, que tiene el objetivo de compensar inequidades y de financiar prestaciones de altísimo precio”, asegura. Para el secretario, la crisis que del sector privado se puede extrapolar al sector público.
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Belocopitt insiste en este punto: “Pongo un ejemplo. En el 2018, la medicina prepaga aumentó un 40,7 y la inflación general había sido de 47,6. Pero la inflación médica había superado el 65%”. Su afirmación es una respuesta que intenta tamizar la crítica que se le hace al sector por el aumento de las cuotas. Desde la Fundación Soberanía Sanitaria, por ejemplo, aseguran que “en los cuatro años de Cambiemos, las prepagas han tenido un aumento acumulado de un 255%”, asegura García.
“Para que sea un aumento, debería estar por encima de la inflación. Ni siquiera es actualización. Estos aumentos no cubren la actualización, la inflación médica y todas las nuevas prácticas que se le impusieron al sistema”, se defiende Belocopitt y provoca: “No hay relación entre el precio de la medicina prepaga y el producto. Aunque a la gente le duela escucharlo, el precio de la medicina prepaga en Argentina es barato”.
En este escenario, los empresarios se enfurecen particularmente con dos poderes del Estado: el legislativo y el judicial. “El Estado delegó el sistema de salud de los argentinos en las obras sociales y en los sistemas de medicina prepaga. Hicieron política con el bolsillo del sistema. El Congreso, en los últimos 20 años, levantó la mano para crear nuevas coberturas. No discutimos si están bien o mal sino que nunca se discutió cómo se iban a financiar”, insiste Belocopitt y agrega: “Las organizaciones de salud fueron concebidas para actos médicos y no para actos sociales”.
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En esa línea, ponen como ejemplo una serie de leyes que fueron aprobadas sin una reglamentación clara respecto de su financiamiento, como por ejemplo, celiaquía, obesidad o fertilidad asistida. Según dijo a NOTICIAS Carmen Polledo, diputada y presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara baja, desde que ella asumió en 2017 esto no ocurre.
Rubinstein admite que desde el Gobierno se está revisando este desajuste. “Nosotros no estamos de acuerdo con sacar leyes para cada enfermedad porque eso es ineficiente e inequitativo”, aseguró.
Un enojo similar tienen los empresarios con los jueces, a los que acusan de aprobar medidas cautelares a mansalva para dar cobertura médica con tratamientos o medicinas que, a veces, ni siquiera han atravesado todas las fases de prueba científica. Esta situación también la observa Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires: “Los jueces no son médicos y quizás no lo analizan bien. Hay un abuso de la figura del amparo y el magistrado, ante la duda, saca una cautelar”.
Según Cherro, el estancamiento de la economía en este contexto no es un tema menor: “El empleo privado aumentó un 0,5% por año mientras que el monotributismo, los trabajadores domésticos y los empleados públicos aumentaron entre un 19 y un 23%. Esto quiere decir que hay un sector grande de personas que se incorpora a la seguridad social, con su grupo familiar, con muy pocos ingresos. El empleado privado, que es el que puede llegar con buenos ingresos per cápita, va disminuyendo”.
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Problemas externos. La situación descripta se profundiza con los avances médicos que hicieron que las personas vivan más y, por ende, puedan depender muchos años de tratamientos o medicamentos. Además, aparecen nuevas medicinas y tecnologías que curan o tratan enfermedades que eran mortales en el pasado y que, ahora, implican un altísimo costo para la industria.
“Las drogas de alto costo y baja incidencia están generando estragos en el sistema de salud. No hay chances de experimentar con estos medicamentos. Deben ser aplicados, pero con la precisión absoluta de éxito porque pueden hacer explotar un sistema. Hay frasquitos que cuestan 2,2 millones de dólares. El mundo mira esto con la alegría de ver que traen increíbles soluciones si se usan bien, pero desgarradores problemas si se usan mal”, insiste Belocopitt.
En la misma línea habla Rubinstein: “Todos los días hay nuevos descubrimientos y avances. Pero muchas veces el beneficio es muy marginal si uno pondera por toda la población beneficiaria. Por ejemplo: en los últimos 10 años, la sobrevida del cáncer colorrectal aumentó en promedio entre 4 y 6 meses pero el costo del tratamiento, de la quimioterapia, de los nuevos agentes biológicos para tratar este cáncer, aumentó 100 veces”, advierte el secretario. Y agrega: “Yo soy la autoridad sanitaria máxima del país y tengo que pensar en el sistema de salud en su conjunto”.
Por ello, el reclamo de las entidades es que el Estado regule y ponga límites tanto a los legisladores como a los jueces. “Si el avance sigue a este ritmo, no nos quedan más de dos o tres años”, insiste Belocopitt.
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En la teoría. De forma llamativa, tanto las entidades como el secretario de Salud coinciden en la necesidad de hacer una reforma estructural. Según Rubinstein, ya están trabajando en ese sentido y espera que el Senado le de un pronto tratamiento a la ley que pretende crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria que regulará todo lo vinculado a las prestaciones médicas. “En la medida que no tengamos la Agencia, estamos bastante a la buena de Dios”, advierte.
“Se confunde el rol de la prepaga con el del Estado. Somos un servicio opcional. Si los hospitales públicos funcionaran bien, tendríamos menos afiliados pero se podría cobrar más, tendríamos mayor rentabilidad y 200 millones de problemas menos”, explica Belocopitt.
En la práctica. La discusión política, económica o médica acerca de cuáles son los modelos más sustentables parece una abstracción absurda cuando se necesita una cobertura. Los trámites para cualquier chequeo pueden ser engorrosos, pero todo se complica de forma terrible cuando en el grupo familiar hay alguna persona con discapacidad.
Karina Herrera, presidenta de la Asociación Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión (AFFAPREI) y madre de dos niños con autismo, asegura que desde el inicio se encontró con trabas por parte de su prepaga: “Desde demoras para aprobar terapias hasta el filtro que significa pasar por el equipo interdisciplinario externo que tiene la prepaga, que siempre cambia el diagnóstico e hizo que perdiéramos tiempo valiosísimo”, cuenta. Similar es el testimonio de Mónica Iturbide, también madre de un niño con autismo que decidió judicializar su caso: “Fui a la Justicia por la no paga del nomenclador. Siempre pagan menos de lo que deberían. El primer amparo lo hice hace 9 años y después siguieron dos más”, cuenta.
La urgencia de las familias no puede esperar a que el Estado y los actores de la medicina privada se pongan de acuerdo. Las respuestas deben ser inmediatas.
por Marcos Teijeiro, Giselle Leclercq
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