La muerte en la ciudad de Córdoba de Susana Beatriz Montoya, esposa de Ricardo Fermín Albareda, un subcomisario desaparecido durante la última dictadura, conmocionó a todos. Su hijo Fernando Albareda, militante de HIJOS, fue quien la encontró muerta en el patio de su casa, con un fuerte traumatismo de cráneo combinado con una asfixia mecánica por estrangulamiento. A su vez, en las paredes del hogar aparecían amenazas que advertían que ahora iban por toda su familia: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos”. La escena era dantesca e inmediatamente las investigaciones vincularon el hecho a la historia que tenía la mujer con respecto a su esposo desaparecido en la última dictadura militar. Pero, para sorpresa de la Policía, ninguna de las entradas a la casa estaba forzada, un dato que daba a entender que la víctima era muy cercana a su asesino o al menos era de su confianza.
Paralelamente a lectura que venía haciendo la fiscalía de Córdoba del hecho, la Justicia comenzó a analizar qué implicancia tenía una indemnización de más de 76 millones de pesos que estaba por cobrar Montoya por parte del gobierno provincial por un fallo inédito en el cual, luego de tantos años, se le reconocía el grado de comisario a su ex marido Albareda.
Desde el minuto uno a la aparición sin vida del cuerpo de Montoya, su hijo orientó la investigación hacia los nuevos aires políticos que tienden a reivindicar a la dictadura, culpando a posibles células que hubiesen quedado con vida del juicio oral en el que se condenó al genocida Luciano Benjamín Menéndez y a los policías Rodolfo Campos, Armando Cejas y Hugo Britos, todos ex miembros del D2, por los cargos de secuestro, tortura y desaparición de su padre Ricardo Fermín Albareda, detenido el 25 de septiembre 1979. Incluso varios diputados se hicieron eco de su razonamiento y el propio Pablo Carro de Unión por la Patria alzó la voz para culpar al nuevo gobierno: “Esto es producto del negacionismo. Junto a su familia, exigimos el inmediato esclarecimiento del hecho”.
Sin embargo, en las últimas horas un giro inesperado tomó por sorpresa a la fiscalía de Juan Pablo Klinger, quien determinó la inmediata detención del mismo Fernando Armando Albareda, de 53 años de edad, imputado de sospechoso de homicidio calificado por el vínculo. La clave según Klinger, quien nunca descartó la autoría de propio Albareda, fue que se estableció que “los manuscritos obrantes en la pared de la casa de la víctima presentan grafocinetismos afines con los grafismos de los anónimos denunciados en diciembre del año 2023 por el imputado, presentando ambas características similares” a las del hijo de la víctima.
Si bien la investigación sigue su curso, en los pasillos del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba dan el caso como resuelto.
Galería de imágenes
Comentarios