El asesinato de la joven cordobesa Catalina Gutiérrez, de 21 años, conmocionó a la opinión pública. Estudiante de Arquitectura e influencer con más de 80 mil seguidores en Instagram, su cuerpo fue encontrado dentro de su auto incendiado en el barrio Ampliación Kennedy de la Ciudad de Córdoba y el principal acusado es Néstor Soto, un compañero de estudios que se habría obsesionado con ella. Un hecho impactante que toma mayor relieve al ocurrir dentro de una política de desprotección hacia a mujer por parte del Gobierno nacional.
Otro caso que por estas mismas horas también sacudió los archivos judiciales fue el de Daiana Ayelén Fontes, quien apareció ahorcada en su casa de Ezpeleta. La mujer de 33 años, madre de dos hijos, era hostigada por su ex pareja, quien tenía una orden de restricción que no respetaba. Según los investigadores, aunque la escena recreaba un suicidio, se especula que su ex podría ser el culpable.
Todo esto se da en el marco de un país sin una institucionalidad contra la violencia de género, con un nuevo Gobierno que cerró el Ministerio de la Mujer, rechaza la agenda y los reclamos del colectivo feminista y suspendió los programas de asistencia para víctimas de estos hostigamientos.
Realidad inapelable. En la última semana, el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (OFDPN) informó que, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del corriente año, se registraron nada menos que 147 femicidios, número que promedia un crimen cada 29 horas. Sin embargo, estos preocupantes números parecen no alterar los planes de una administración que está empecinado en recortar gastos sociales y programas de ayuda. Hay un antes y después con el cierre de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género, el cual significa un exponencial retroceso institucional de más de 35 años, incluso previo a 1987, año que se creó la Subsecretaría de la Mujer. Actualmente, el desmantelamiento de las políticas de género, la falta de programas de prevención y el desamparo a las víctimas de violencia y abuso están dejando a las mujeres en una zona de vulnerabilidad extrema, la cual se ve reflejada en el incremento considerable de la tasa de femicidios.
De mantenerse la tendencia del primer semestre, este 2024 terminaría con un récord de casi 300 femicidios. En el 2023, los casos registrados fueron 250, en el 2022 hubo 252, en el 2021 el número alcanzó 232 y en el 2020 pandémico los casos fueron 251. El incremento más fuerte se viene dando este año.
Consultada por NOTICIAS, la abogada penalista Raquel Hermida Leyenda habló sobre el aumento de asesinatos en lo que va del semestre: “Esta política de minimizar todos los derechos de la mujer es consecuencia de una ideología negacionista que pretende hacer desaparecer la realidad, convenciendo a los argentinos que lo que les pasa a las mujeres no es importante. Lamentablemente la realidad, por más que se niegue, no desaparece y solo se habilita el incremento de femicidios”.
El último día hábil de junio, el gobierno libertario despidió al 85 por ciento del personal de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que Javier Milei cerró de entrada. La Línea 144 también sufrió un ajuste de un 25,5 por ciento menos de sus recursos y el Programa Acompañar, que brinda apoyo económico a personas en situación de violencia, sufrió un recorte del 79 por ciento respecto a cifra que manejaba el año pasado. Con respecto a otros programas que ofrecían amparo a víctimas de femicidios, transfemicidios y travesticidios, la actividad se redujo a cero.
Coordinadora de la fundación Contención, la cual recibe a diario todo tipo de pedido de ayuda y asesoramiento legal y psicológico, Hermida Leyenda resalta: “Con esta actitud de menospreciar herramientas imprescindibles como la línea 144, la desnaturalización de comisarías especializadas y recortar todo tipo de ayuda a las víctimas de violencia de género, el Gobierno no hace más que mostrar que lo que le pasa a la mujer no es de su interés. La perspectiva de género es la igualdad ante la ley, y negarla es negar el artículo 16 de la Constitución Nacional. Con todas estas medidas y la quita de presupuesto, los femicidios van a seguir aumentando”.
Relatos inexplicables. Otro episodio que marcó la agenda policial en mayo fue el triple femicidio de Barracas, en el que Pamela Cobbas (52), Amarante (42) y Roxana Figueroa (52) murieron luego que el presunto lesbicida Justo Fernando Barrientos arrojara un explosivo en la habitación donde dormían. Catalogado como “un crimen de odio hacia las lesbianas”, no hizo más que resaltar el previo cierre del Inadi y el recorte presupuestario que sufrieron todas las instituciones gubernamentales feministas y del colectivo LGTB.
“Hoy, para una mujer, salir de la violencia de su hogar es prácticamente imposible” dice una ex empleada de la Línea 144, quien como otras 52 mujeres fueron despedidas el último mes, sobre un staff total de 124 operadoras. “El año pasado teníamos un promedio de 340 llamadas por día y nos era imposible cumplir con toda la demanda, hoy no imagino cómo puede funcionar la línea. Y las videollamadas para personas sordomudas quedaron desactivadas”, reconoce.
Los casos son repetitivos y lamentablemente constantes. Nombres como los de Yanina Pérez y Camila Nahir Costa, entre decenas más, no hacen más que manchar con sangre los registros policiales. Y a su vez hay otra problemática de la cual pocos organismos se encargan con eficiencia, que son los niños que pierden a sus progenitores, en el caso de la madre por femicidio, y en el del padre, por cárcel. En lo que va del 2024, más de 110 niños quedaron a disposición de la Justicia a la espera de una revinculación familiar o con familias de acogimiento hasta conseguir una familia que los pueda adoptar.
Sin políticas de protección, resguardo ni instituciones que las contengan, las mujeres en Argentina viven su momento más crítico.
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