Cuando los funcionarios y la policía iban tomando posesión de los inmuebles que la Justicia había ordenado incautarle a los narcotraficantes, no daban crédito de lo que veían: salas de tortura, túneles para escapar de la propiedad y polígonos de tiro, entre otras cosas. Una verdadera película de terror.
En lo que va del año, 12 casas que pertenecían a las dos bandas narcos más temidas de Rosario, Los Monos y el clan Alvarado, fueron incautadas en un intento por debilitarlos económicamente. La decisión del gobierno de Santa Fe fue hacerlo con absoluto bajo perfil: no publicaron fotos, ningún funcionario habló en ON del tema y no se supo ningún detalle de cómo iban tomando posesión de los inmuebles. Hasta ahora. Es que el temor a una represalia del crimen organizado era una hipótesis válida: por ahora, al menos, no sucedió.
“Lujos” de las mansiones del narcotráfico.
Lo primero que vieron los agentes de la Policía de Investigaciones al ingresar a la mansión que Los Monos tenían en Pérez, a pocos kilómetros de Rosario, fue una pileta con forma de Mickey. A pocos metros, una casona que la familia Cantero había comenzado a construir hace una década, en ruinas por el abandono, y un poco más lejos un haras: de seguir con el poder de otros tiempos, ese hubiese sido el lugar donde iban a criar sus caballos de carrera. Detrás de esa fastuosidad de inmueble, un galpón venido a menos era el espacio acondicionado para practicar tiro.
También incautaron inmuebles de Los Monos en Granadero Baigorria y una casa en Funes. La particularidad es que esta última era utilizada para realizar alquileres temporarios a través de Airbnb: estaba vacía al momento en el que la policía entró, pero se encontraron con una prolija lista de actividades prohibidas, claves de wifi y otras indicaciones.
Meses antes, la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) había tomado posesión de seis casas de la banda liderada por Esteban Alvarado. En algunas todavía vivía gente que estaría relacionada a la organización.
En la estancia Los Muchachos, ubicada en la localidad de Piñero, a 20 kilómetros de Rosario, había caballos de carrera y, un sello de los Alvarado, galgos que eran criados para correr. Pero lo que más sorprendió a los policías estaba en una pequeña construcción contigua al casco principal: una sala de tortura con una camilla metálica conectada a la red eléctrica. Allí habría sido torturado el prestamista Lucio Maldonado, previo a ser asesinado en un baldío, en 2018. Eso le valió una condena a prisión perpetua a Esteban Alvarado.
Además, la Aprad tomó posesión de la casa de una mujer que funcionaba como bunker, una carnicería que estaba en plena actividad en la zona centro de Rosario y tres lotes más una casa en el country Puerto Roldan. En el barrio privado había un sofisticado sistema de conductos para escapar por la parte trasera de la vivienda, ante una eventual redada. Allí estaba viviendo un abogado que estaría relacionado al grupo criminal y que fue desalojado.
Bienes narco a subasta.
Los oficios de la Justicia para que Aprad tomara posesión de los bienes eran del 2022 y del 2023. Estaban cajoneados. Los líderes de las bandas narcos habían sido detenidos, pero sus familiares y su banda todavía podían hacer uso de sus bienes. En febrero, funcionarios provinciales quisieron revertir esta situación y metieron escritos en cada una de los expedientes avisando que incautarían las propiedades. Entre mayo y junio realizaron el trabajo en silencio y con cautela, para evitar una reacción adversa. No la hubo.
El objetivo de la provincia es subastar algunos de estos inmuebles antes de fin de año. Antes de hacerlo, van a presentar en la legislatura santafesina un proyecto para “borrar” las huellas registrales del inmueble. Pretenden que, con el paso de los años, se olvide el dato de que el domicilio perteneció o fue construido por una organización criminal.
Tendrán una tarea más complicada: que un inversor se anime a comprar una casa que perteneció a Los Monos o al clan Alvarado, por temor a lo que pueda suceder. Por eso evalúan qué bienes poner a subasta (los lotes del country serían los menos riesgosos) y con cuál quedarse para uso estatal: por su ubicación, la carnicería podría pasar a formar parte de una delegación oficial, por ejemplo. La estimación es que el conjunto de inmuebles rondaría los cuatro millones de dólares.
En abril, en Rosario se remataron 22 autos (uno de colección), 6 camionetas, 12 motos por un valor de medio millón de dólares. Ya preparan un nuevo evento que se realizará en la capital santafesina entre septiembre y octubre: hay 400 vehículos más por toda la provincia que deben tener un destino: se subastan, se compactan o se reutilizan para un fin estatal o social.
“Para terminar con las bandas hay que desarticular la trama del dinero”, explican los funcionarios que se pusieron al frente de la situación. Los líderes están presos y condenados: si logran avanzar contra sus bienes consideran que podrían cortar con el financiamiento de las organizaciones criminales.
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