Bárbara García está feliz pero a la vez intranquila. Es que a pesar de que con su lucha logró que, 46 años después, los encargados de secuestrar a su madre sean condenados, el proceso judicial que debió atravesar y el modo en que uno de los represores cumplirá la condena no la dejan del todo satisfecha.
Su historia es inaudita incluso dentro de las causas de delitos de lesa humanidad. El 14 de junio de 1976, la madre de Bárbara, Rocío Ángela Martínez Borbolla, y su pareja Pedro Oscar Martucci fueron secuestrados de madrugada en Haedo. Bárbara, quien en ese momento tenía sólo 9 años, no sólo estaba presente y hasta fue amenazada por uno de los militares, sino que décadas después lo identificó ante la Justicia, permitiendo que se lo juzgara. “Mi historia es increíble. Pero yo siempre había dicho que de esa cara nunca me iba a olvidar. Y asi fue”, detalla a NOTICIAS. En efecto, esa identificación fue clave, entre otros testimonios, para comenzar el proceso judicial contra Martín Sánchez Zinny, a quien ella identificó, y otros cuatro ex militares.
Derrotero. “El juicio estuvo repleto de irregularidades. Desde pruebas que no estaban aprobadas por el Tribunal y que la defensa de ellos incluyeron a último momento hasta el comportamiento de Sánchez Zinny, quien directamente me amenazaba y me maltrataba cada vez que tomaba la palabra. Ni siquiera querían permitir la transmisión del juicio, que era oral y público”, explica García. El juicio estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires y comenzó el 3 de diciembre de 2021. Sin embargo, cuando la "Causa Vialidad”, que involucra a Cristina Kirchner, cayó en el mismo juzgado, su trámite se aceleró.
A pesar de que la propia García reconoce que cuando llegó el momento de oir las sentencias ni ella ni su abogado, Pablo Llonto, estaban seguros de tener un fallo favorable, la Justicia les dio la razón. Tres de los cinco acusados, entre ellos Sánchez Zinny, fueron condenados a prisión perpetua. “Mi hermano Camilo no paraba de llorar. Yo estaba inmóvil. No caía. Me abrazaba con toda la gente que había ido a apoyarnos, pero no reaccionaba”, afirma.
Las sentencias, sin embargo, no generan tranquilidad. Sánchez Zinny cumple prisión domiciliaria en su casona de Acassuso y ni siquiera tiene tobillera electrónica. “Tiene 66 años. Debería ir a cárcel común. Pero le dan el beneficio porque tiene un hijo con TEA y su defensa afirma que si él va preso, eso daña la salud de su hijo, que ya ni siquiera es menor”, enfatiza García, quien afirma que ya están trabajando para que esto se revierta porque teme por su seguridad. “Me amenazó durante el juicio y delante de los jueces. Tengo 55 años, tengo derecho a vivir mi vida con tranquilidad y no tener que andar con un botón antipánico”, reflexiona.
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