“Hoy, lamentablemente, nos vemos obligados a presentar este proyecto que ratifica la emergencia salarial de los docentes y no docentes. Esto no es una cuestión de política partidaria, esto hace al desarrollo de la Argentina. Nos expresaremos y saldremos a la calle todas las veces que sea necesario para defender a la universidad. Y no estamos dispuestos a negociar el prestigio, la excelencia académica y el orgullo de ser de la UBA”, explicó Lucille Levy, consejera superior de la Universidad y expresidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA).
La UBA ratificó la emergencia salarial de sus docentes y no docentes. En una reciente resolución de la casa de altos estudios se detalló que ante la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de casi el 50% durante el año pasado, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires declaró, por unanimidad, la emergencia salarial. El escrito deja en claro “la más profunda preocupación de esta Universidad por el retraso salarial de todos los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes, el cual tiene un gran impacto en las funciones básicas de enseñanza, investigación, asistencial y de extensión universitaria”.
Entre los considerandos de la resolución, el Consejo Superior manifestó su “preocupación por la jerarquización de la actividad, incluyendo la justa retribución por la tarea realizada, y respalda el reclamo salarial de los trabajadores y las trabajadoras no docentes, de manera permanente”. Además, instó a “los Ministerios de Capital Humano y de Economía a que se lleven adelante las reuniones paritarias correspondientes con el fin de actualizar el salario de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes en relación con la inflación observada”.
“Durante el año pasado, el poder adquisitivo de los salarios perdió casi un 50 por ciento de su valor real”, explicó Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la Universidad y agregó: “En lo que va de 2025, esa situación, lejos de mejorar, está empeorando. La recomposición salarial que otorga el gobierno es menor a la inflación medida por el INDEC”. Desde el comienzo del año pasado, las representaciones gremiales, docentes y no docentes han llevado adelante un reclamo constante sobre esta situación.
La recomposición salarial del sector fue una de las consignas centrales de las dos masivas Marchas Federales Universitarias realizadas el pasado 23 de abril y el 2 de octubre de 2024. Esas manifestaciones multitudinarias, que fueron replicadas en distintos puntos del país, se posicionaron como las protestas con mayor convocatoria, hasta el momento, en contra del gobierno libertario, haciendo foco en el desfinanciaminto de las diversas instituciones universitarias y la gestión deficitaria del Ministerio de Capital Humano.
En esa última movilización de octubre, el reclamo se enmarcó en el rechazo al veto presidencial de la Ley de Financiamiento Universitario que recomponía el financiamiento de las casas de altos estudios. Pero, también, en medio del reclamo por el ajuste en gastos de funcionamiento y en el salario tanto de docentes como de no docentes. Ante la medida de fuerza de ese momento, la cartera que dirige Sandra Pettovello afirmó que “nunca se desfinanciará la educación universitaria pública”.
Más allá que se dispuso, de manera inmediata, el veto presidencial mediante el Decreto 879/2024 anulando la propuesta de incremento salarial que se ratificó en el Congreso el año pasado. El ministerio señaló que las universidades recibieron más dinero “pero no saben administrarlo”, que las instituciones “no se dejan auditar” y agregó que el 60% de los alumnos de las casas de altos estudios no se encuentran en condición de “regulares”.
"Dar cumplimiento a la medida sancionada por el H. Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo. Que la responsabilidad asumida por el Poder Ejecutivo Nacional es lograr el equilibrio fiscal, mantenerlo a largo plazo y cuidar los escasos recursos con los que cuenta el Estado Nacional, restablecer el orden de las cuentas públicas y estabilizar la macroeconomía", sostuvo el Decreto presidencial que anuló la ley del legislativo, firmado por Milei y los funcionarios Guillermo Francos, Sandra Pettovello, Luis Caputo, Diana Mondino, Patricia Bullrich, Mario Lugones, Federico Sturzenegger y Mariano Cúneo Libarona.
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