Martes 6 de diciembre, 2022

SOCIEDAD | 03-10-2022 14:00

Lo que se esconde detrás del negocio de la recuperación de adictos: centros clandestinos y maltratos

El escándalo en torno a la comunidad "La Razón de Vivir" desnudó un problema trágico: la falta de control en los lugares para tratar adicciones.

En noviembre del 2021, Ezequiel Ibarra apareció ahogado en la pileta de la comunidad Resiliencia San Fernando, en Pilar. El centro se promocionaba como un espacio de “rehabilitación terapéutica y espiritual”, pero el joven de 27 años no tenía problemas con el consumo, sino un diagnóstico de esquizofrenia. Cuando el periodista Pablo Galfré se enteró de la noticia pidió reunirse con funcionarios provinciales y nacionales. Desde hace 14 años investiga este tipo de centros y quiso hablar con las autoridades sobre las pésimas condiciones de la institución. Nadie lo escuchó. Cuatro meses después, en ese mismo lugar, un paciente incendió las instalaciones. Murió él y otras tres personas. Galfré se enoja: “Fue una masacre y el Estado es responsable. Pero el tema no generó ninguna repercusión. Y de pronto ahora que aparece el nombre de un famoso, todos se espantan”, reclama.

Galfre da en la tecla. El 22 de septiembre la foto de Marcelo “Teto” Medina detenido recorrió todos los portales. La Justica lo investigaba, junto a otras 16 personas, por los supuestos delitos aberrantes que habrían ocurrido en la comunidad terapéutica en la que trabaja el ex VideoMatch, La razón de vivir, cuya sede en Florencio Varela no tenía ningún tipo de habilitación. La carátula de la causa dice: asociación ilícita, reducción a la servidumbre, trabajos forzados, y abandono de persona. La hipótesis de los investigadores es que, lejos de ser un lugar para la rehabilitación de adicciones -como se presentaba-, la organización funcionaba al estilo grupo coercitivo.

La noticia explotó. Al cierre de esta edición, el “Teto” había sido liberado aunque no desvinculado de la investigación. Sin embargo, para los especialistas en consumos problemáticos y también para los referentes de los centros consultados por NOTICIAS, lo que habría sucedido en La razón de vivir está lejos de ser una excepción.

De hecho, aunque con dificultades, se avanza cada vez más contra este tipo de lugares. Por ejemplo, el 8 de agosto la Justicia condenó a Ángel Oscar Suñez, un ex empleado de la comunidad terapéutica San Camilo, en Pilar, por la muerte de un paciente llamado Saulo Rojas. En 2013, el joven de 23 años fue encerrado en una celda de aislamiento en plena crisis de abstinencia y sin insulina, a pesar de que era diabético, y se ahorcó con un cinturón. Su suicidio se convirtió en un caso testigo de la crueldad y el trato inhumano.

Los centros clandestinos de rehabilitación con abordajes médicos sin base científica o liderados por otros pacientes sin supervisión de profesionales de la salud se multiplican. Solo basta recorrer el Conurbano bonaerense y la gran mayoría de las grandes ciudades del país. En las zonas “más calientes”, donde las familias no saben qué hacer con el consumo de sus hijos, circulan folletos y se cuelgan pasacalles con mensajes similares: “Salve a su hijo de las drogas”.

Hay dos conceptos clave para comprender por qué se llegó hasta acá: la falsa guerra contra las drogas, que se convirtió en una gran consigna pero nunca logró su objetivo de eliminar la circulación de sustancias; y la no aplicación de la Ley de Salud Mental, que se aprobó en el 2010 y que debía entrar en vigencia en el 2020. Los legisladores habían decidido darle 10 años al Ejecutivo para que construyera dispositivos de atención y formara al personal. Pero eso no sucedió.

¿La consecuencia? Una altísima demanda social de espacios de tratamiento y falta de profesioanales. La dramática situación es terreno fértil para la proliferación de centros que pueden ser, de mínima, cuestionables. Y, de máxima, ser centros clandestinos de detención.

CIRCUITO. En el universo de la rehabilitación de adicciones o del abordaje de consumos problemáticos hay una interna teórica y metodológica feroz. Y, aunque en el lenguaje popular parece lo mismo hablar de comunidad, clínica o granjas, no todo es lo mismo y en la Argentina conviven diferentes métodos. A diferencia del tratamiento que recibe un paciente cardíaco, que tiene la certeza que será atendido por un médico, en el área de las adicciones puede ser que lo atienda un psicólogo, un cura o un ex adicto. Todo depende de dónde caiga.

A la cabeza del circuito está la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), creada en los ‘90 de la mano de la ley de drogas. El psicólogo Gustavo Zbuczynski, presidente de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA) sostiene que su sanción respondió al paradigma prohibicionista: “Se establecieron penas de cárcel para cualquiera que tuviera sustancias en su poder. Y también se estipuló que quienes tuvieran problemas de consumo podían hacer un tratamiento en alguna comunidad avalada por la Sedronar. Es decir, vinieron a reemplazar a las cárceles. Enseguida los abogados empezaron a recomendarle a sus clientes que se declararan como adictos y se produjo un florecimiento de este tipo de lugares”, aseguró.

La década de los ‘90 coincidió con la explosión del modelo de las comunidades terapéuticas con fuerte raigambre religiosa. De hecho, “La razón de vivir” -la organización en la que estaba el “Teto” Medina-, San Camilo y las investigadas por el periodista Galfré aseguraban trabajar bajo esta metodología que, en síntesis, se presentan como espacios sin drogas donde las personas conviven. En general, en estos lugares se habla de los beneficios de la ayuda mutua y muchas veces los mismos pacientes logran convertirse en tutores de los recién llegados.

Zbuczynski, crítico con este modelo, sostiene que la legislación permitió su crecimiento “a pesar de que toda la evidencia científica ya demostró que es ineficaz”. El psicólogo fue más allá: “En los ‘90 y 2000 la Sedronar pagaba 1200 dólares por cada paciente internado. Lindo negocio armaron algunos”, sostuvo. Para él, ahí se encuentra el origen de un sector que -todavía hoy- obstaculiza el avance de otras formas de trabajo y se opone a la aplicación de la Ley de Salud Mental.

Por esos años empezó a trabajar Jorge Ruíz, el actual coordinador general de la Mesa Nacional de Organizaciones que Trabajan en Adicciones, un espacio que él mismo creó en 2019, cuando faltaba un año para que tuviera que entrar en vigencia la ley. “Llamé a todos y les dije que nos teníamos que juntar porque nos iban a llevar puestos”, contó. Ese “todos” hace referencia a 12 organizaciones entre las que se cuentan a la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (ACIERA), la Federación Fonga, Madres contra el paco, entre otras.

Ruiz defiende el modelo de las comunidades terapéuticas y rechaza cualquier abordaje que no tenga como objetivo final el abstencionismo. Para él, que se compare a una comunidad con una cárcel puede ser una “malinterpretación”: “Muchos miran de afuera y dicen que en estas casas son carceleros o fascistas, pero lo que se pone es orden. Se les da un lugar para vivir y muchas personas vienen tan mal que necesitan tener responsabilidades”, contó.

De ahí sus dudas a la hora de cuestionar con dureza a todas las comunidades terapéuticas que en la actualidad no cuentan con habilitación. Ruiz insistió en que todas las organizaciones que forman parte de la Mesa sí las tienen, pero aseguró que la prohibición de la Ley de Salud Mental a que se crearan nuevos centros a partir del 2010 dio lugar a la irregularidad. “Una cosa son los lugares donde hay maltrato y otra cosa los centros ilegales. ¿Por qué hay tanta ilegalidad? Porque la demanda crece y por eso aparecen organizaciones que se encargan, algunas con buenas intenciones y otras que quizás no”, aseguró. Para Zbuczynski este argumento es inaceptable y de ninguna manera se puede justificar la ilegalidad en un área tan sensible. Su crítica a la ley radica en su no aplicación, ya que el Estado tuvo una década para construir dispositivos intermedios como casas de medio camino, hospitales de día y centros ambulatorios.

La Sedronar no habilita, pero sí tiene convenios con unos 800 espacios de atención en el país. A esos lugares derivan pacientes que no tienen obra social ni pueden costear los tratamientos y le gira alrededor de $40.000 por mes, por persona derivada, a la institución que los reciba.

Los encargados de las habilitaciones son los Ejecutivos provinciales.Y la clandestinidad es un tema de preocupación a nivel institucional. Ruiz sostuvo que "de cada una comunidad habilitada, hay cuatro sin habilitación".

En la provincia de Buenos Aires, implementaron una nueva normativa en noviembre del 2021 para los centros clandestinos que cumplan determinados requisitos puedan iniciar un proceso de habilitación. En teoría, para diciembre de este año, todas las instituciones que quieran estar en ley deberán haberse presentado ante el Ministerio de Salud.

El modelo de la comunidad y el discurso abstencionista es el que se impone. Ahí se ubica el actor Gastón Pauls, por ejemplo, que lleva el tema a la TV en "Seres libres", cercano al mundo evangélico. También es la posición, en general, de los curas villeros. "Los hogares de Cristo" no son comunidades terapéuticas sino que responden a otro modelo, denominado Caccs, que priorizan la revinculación desde de la fe. En esa línea están, también, las granjas que organizan movimientos sociales como El Evita. Los sectores adinerados tienen sus propias opciones. La Clínica Avril, con raigambre médico/psiquiátrica es la más médiática por atender a famosos. En otra vereda están las organizaciones como ARDA, que hoy quieren disputar el paradigma imperante y hablan de reducción de daños. Zbuczynski finalizó: "Los lugares sin habilitación no entran en la discusión. Pero entre los habilitados, también podemos empezar a pensar otras cosas. Vemos familiares que defienden lugares donde el trato es inhumano. Uno lo entiende: si durante años nos dijeron que la única salida es la internación y que un adicto es un sujeto pasivo, la demanda social en ese sentido va a seguir existiendo".

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Giselle Leclercq

Giselle Leclercq

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