A Daniel Ortega no le importa “el qué dirán”. La mayoría de los dictadores tratan de dar a sus crímenes algún barniz democrático. Jamás alcanza para disfrazar su verdadera naturaleza, pero intentan cuidar las formas. En cambio Ortega comete sus crímenes a cara descubierta. Como un forajido que asalta un banco sin máscara ni capucha.
Su último estropicio fue apresar a dirigentes opositores, incluido Hugo Torres, el guerrillero que en 1974 arriesgó su vida para ayudar a Ortega a escapar de la cárcel donde lo encerró durante siete años Anastasio Somoza.
Hoy tiene 73 años el integrante del grupo comando que tomó de rehenes a funcionarios de la dictadura en la residencia del ministro Castillo Quant, para canjearlos por la liberación de Ortega y otros sandinistas encarcelados. Y el camarada al que liberó hace casi medio siglo, ahora lo encarcela por haberlo llamado dictador.
La ola de detenciones comenzó por los dirigentes opositores que inscribieron sus candidaturas y precandidaturas para disputarle la presidencia. Salió a cazarlos en un mismo puñado de días, poco después de que se alistaran para competir en las elecciones de noviembre.
La primera víctima de la cacería fue Cristiana Chamorro. Decenas de policías armados hasta los dientes entraron a su casa y la detuvieron quince minutos antes de la conferencia de prensa que había convocado la dirigente opositora. Acusándola de “gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso con el delito de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad nicaragüense”, la inhabilitaron para ser candidata y la pusieron en prisión domiciliaria.
Ortega podría convertir a Cristiana Chamorro en la versión centroamericana de Aung San Suu Kyi, la líder demócrata de Myanmar que vivió años en prisión domiciliaria por oponerse a la dictadura militar y, tras un breve recreo cuasi-democrático que acabó con un golpe de Estado como el que asesinó a su padre, el general Aung San, volvió a ser apresada con acusaciones inventadas.
Probablemente, el presidente empezó su cacería por Cristiana Chamorro porque al verla convertida oficialmente en aspirante a la presidencia de Nicaragua, tuvo un “déjá vu” con sabor a pesadilla. Recordó aquella noche de 1990 en la que la madre de Cristiana le propinó una derrota humillante.
En el bunker del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) estaban estupefactos y desconcertados. Nadie previó que la viuda de Pedro Joaquín Chamorro podía ganar la elección. Parecía imposible.
Violeta Barrios había sabido reemplazar en la dirección del diario La Prensa a su marido, asesinado por la dictadura somocista. También había desafiado a Anastasio Somoza integrando el directorio del FSLN pero, igual que muchos otros, había terminado en la disidencia.
La Unión Nacional Opositora (UNO) era un aparato político diminuto en comparación con la poderosa maquinaria del FSLN, que manejaba al Estado y al Ejército como si le pertenecieran. La agrupación disidente que postuló a Violeta Barrios de Chamorro parecía condenada a la derrota. EL FSLN lo manejaba todo y jamás se cruzó por la cabeza de nadie en el régimen ni en sus brazos político y militar, que la viuda que proponía democracia pluralista y Estado de Derecho, pudiera derrotar a Daniel Ortega. Sin embargo, en las urnas ocurrió lo inesperado. La noche del escrutinio se hizo eterna porque las cifras iban a contramano de la certeza imperante en el FSLN. La radio dejó de transmitir el conteo de votos y la cúpula del poder se encerró a debatir si reconocer la derrota y entregar el poder, o patear el tablero democrático al que se había comprometido Ortega para detener la guerra de los “contras” y las sanciones económicas.
En las calles de Managua empezaron a encenderse barricadas ardientes reclamando anular el comicio, cuando el presidente decidió hacer lo que le aconsejaban unos pocos, entre los que sobresalía su vicepresidente y compañero de fórmula, Sergio Ramírez, el escritor que más tarde cobraría celebridad mundial en la literatura y defendería la democracia liberal contra la dictadura matrimonial Ortega-Murillo.
Imponiendo condiciones duras, por caso mantener a Humberto Ortega al frente del ejército, el régimen sandinista admitió su derrota y le entregó la presidencia a “doña Violeta”. Aquella mujer convirtió en pesadilla la noche en que Ortega esperaba legitimar por las urnas lo que había conseguido por las armas.
Después vinieron más derrotas electorales. Lo venció Arnoldo Alemán y, en la siguiente elección, Enrique Bolaño. Por eso le provocó un déjá vu escalofriante la aparición de la hija de Violeta Barrios, físicamente idéntica a ella y con la misma decisión: pelear por la presidencia para poner fin a una dictadura de Ortega.
El líder del sandinismo pudo volver al poder porque pactó con el corrupto Arnoldo Alemán, garantizándole impunidad si dividía al Partido Liberal para que el FSLN pueda vencerlo en la siguiente elección. Y desde que recuperó el mando construyó velozmente un régimen familiar como el de la dinastía Somoza.
Ese régimen se criminalizó en el 2018, cuando estalló una ola de protestas respondida con una feroz represión que dejó cientos de muertos, las cárceles colmadas de presos políticos y Costa Rica inundada de exiliados nicaragüenses.
Ortega se había escondido en Cuba y fue su esposa y vicepresidenta la que se hizo cargo de aplastar la rebelión pro-democracia a sangre y fuego. Fue la segunda vez que Rosario Murillo salvó a su marido. La primera fue cuando traicionó a su propia hija, Zoilamérica, declarándola “loca” por denunciar que su padrastro la violaba desde que era niña. Es probable que a esta ola de detenciones que vuelve a mostrar crudamente la naturaleza dictatorial del matrimonio Ortega-Murillo, también la haya impulsado esa mujer que proviene de una familia tradicional y que, a pesar de haber estudiado en Europa, mezcló izquierdismo con religión y con esoterismo para disfrazar su régimen inquisidor.
Cuando volvió a la presidencia, Ortega impulsó medidas ultraconservadoras reclamadas por monseñor Obando y Bravo, logrando que el cardenal que había enfrentado al régimen revolucionario de los años ’80, ahora apoyara al nuevo régimen encabezado por Ortega. Pero la brutalidad de la represión en el 2018 y el descaro de la actual persecución lanzada contra críticos y disidentes, volvieron a poner a la iglesia católica en su contra.
En rigor, salvo en La Habana y en Caracas, la dictadura matrimonial que impera en Nicaragua casi no tiene quien la defienda. Menos aún después de esta ola de detenciones de candidatos y dirigentes opositores; el último de los delitos cometidos por Daniel Ortega a cara descubierta.
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