El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay en pleno acto de campaña en Bogotá, ha reactivado en Colombia viejas heridas y temores que muchos creían superados. Nieto del expresidente Julio César Turbay, y heredero de una familia marcada por la violencia (su madre, Diana Turbay, murió en 1991 durante un intento de rescate tras ser secuestrada por el cartel de Medellín), Uribe fue baleado por la espalda mientras hablaba ante un grupo de vecinos en la capital.
El hecho lo dejó en estado crítico y, al momento de cerrar esta nota, continúa internado en la Fundación Santa Fe tras haber sido sometido a neurocirugía y cirugía vascular. Las imágenes posteriores, que lo muestran herido y sostenido por colaboradores, evocaron escenas propias de los años más oscuros de la política colombiana, cuando los atentados eran usados para imponer el miedo y marcar el pulso del poder.
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Aunque se detuvo a un menor como presunto autor material del ataque, el gobierno de Gustavo Petro activó todos los organismos de inteligencia para esclarecer el caso. Las investigaciones también apuntan a posibles fallas en el protocolo de seguridad del senador. El propio Petro condenó públicamente el ataque, anunció una recompensa de 3.000 millones de pesos (unos 728.000 dólares) para obtener información sobre los responsables, y llamó a proteger la vida política en Colombia. Sin embargo, esa condena no desactivó las tensiones: en las puertas del hospital, donde se congregaron centenares de simpatizantes de Uribe, no faltaron cánticos y críticas directas contra el presidente, a quien sectores conservadores acusan de fomentar un clima hostil e ideologizado en el debate público. Y es que este atentado, no puede analizarse de forma aislada. Llega en un momento en que el gobierno de Petro enfrenta serias resistencias por su intento de reformar por decreto —o vía referendo— la legislación laboral del país.
Uribe Turbay había sido una de las voces más críticas contra esta ofensiva institucional, a la que calificó de inconstitucional y autoritaria. “Cada día que Petro está en el poder, Colombia se desangra”, escribió el senador semanas antes del atentado. El cruce entre una polarización creciente y una violencia que no se ha retirado del todo del campo político, constituye hoy uno de los mayores riesgos para la frágil democracia colombiana.
Escenario
Si bien la violencia política ha disminuido en intensidad desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, los conflictos armados siguen presentes, especialmente en zonas rurales. Y el país aún convive con una estructura criminal que mutó pero no desapareció.
A ello se suma un discurso público cada vez más crispado, donde las posiciones ideológicas se imponen a los consensos democráticos. La tentativa de asesinato de un senador presidencialista, en plena capital, no solo impacta por lo simbólico: también reactiva el fantasma de los magnicidios que asolaron a la política colombiana en los años 80 y 90, como el de Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal o Bernardo Jaramillo.
Colombia atraviesa así un punto de inflexión. Petro, que llegó al poder en 2022 con la promesa de una “paz total”, una iniciativa ambiciosa que proponía acuerdos simultáneos con todos los grupos armados que aún operan en el país, lejos está de un escenario de calma y orden político.
Los avances han sido escasos y la violencia persiste, ahora más atomizada, con estructuras locales difíciles de controlar. A esto se suma un deterioro en el diálogo político institucional, marcado por la desconfianza entre poderes y una ciudadanía cada vez más hastiada de promesas incumplidas. El ataque contra Uribe, lejos de ser un hecho aislado, aparece como síntoma de un sistema institucional que no logra garantizar ni la seguridad de sus representantes. ni una arena de debate pacífico.
La víctima
La figura de Miguel Uribe, en este contexto, encarna varias dimensiones de la crisis. Por un lado, representa a una generación que intenta asumir liderazgo político con base en una tradición familiar golpeada por la violencia. Por otro, expresa una línea conservadora, heredera del expresidente Álvaro Uribe (con quien no tiene parentesco pero sí afinidad política), que ha sido profundamente crítica del modelo reformista y conciliador que propone Petro.
La tensión entre ambos proyectos, uno centrado en la seguridad y el orden, el otro en la inclusión social y el cambio estructural, estructura gran parte del actual escenario político.
A casi un año de las presidenciales de 2026, este atentado plantea interrogantes sobre la calidad democrática en Colombia. ¿Puede un país en el que se dispara a un senador en plena campaña ofrecer garantías reales para una elección libre? ¿Cómo reconstruir la confianza en la institucionalidad cuando ni siquiera la vida de los candidatos está asegurada? ¿Puede Petro liderar un proceso de pacificación mientras sectores de su propia base alimentan la confrontación política? Las respuestas no son simples, pero lo cierto es que la Colombia que aspiraba a cerrar las heridas del siglo XX, parece cada vez más lejos.
Sergio Guzmán, analista político colombiano, sintetiza con crudeza: “No parece que estemos avanzando. Esto da la sensación de que estamos retrocediendo”. El desafío que enfrenta Colombia no es solo el de esclarecer un crimen ni el de garantizar justicia a una víctima política. Es, sobre todo, el de evitar que el miedo vuelva a ser una herramienta electoral y que la violencia imponga, una vez más, su lógica sobre el futuro del país.
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