El gobierno de Nayib Bukele ya encerró al 2% de la población adulta de El Salvador y construyó la prisión más grande de América para albergar a los 70.000 presuntos pandilleros. Y ahora allanó el camino para nuevos juicios masivos: el Congreso del país centroamericano aprobó un proyecto de ley que permite que 900 personas sean juzgadas juntas si pertenecen a un mismo grupo delictivo.
Legislación
“Se ordena el sometimiento de (varios) imputados a un solo proceso penal por su pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita”, se lee en el texto aprobado. “No hay nada parecido en la historia del mundo de lo que estamos enfrentando nosotros ahora mismo. Son más de 900 imputaciones por célula”, impulsó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Por su parte, el vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos, explicó que "con esta disposición, la Fiscalía no tendrá que presentar pruebas individuales . Eso facilitará el juzgamiento de los pandilleros”.Según los críticos, el líder populista está erosionando el estado de derecho y provocando que muchas personas inocentes sean encarceladas por error: un estado de emergencia declarado en marzo de 2022 todavía está vigente.
“Todos los seres humanos merecen la oportunidad de defenderse en los tribunales. ¿Cómo pueden hacer esto de manera efectiva en las pruebas grupales? ¿Cómo pueden los abogados y defensores públicos hacer su trabajo de esta manera?”, cuestionó Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina para Asuntos Latinoamericanos en Washington. El partido Nuevas Ideas de Bukele aseguró que la medida ayudaría a poner más orden en el país mientras busca acabar con las violentas bandas armadas.
Referente
El duro enfoque del presidente salvadoreño hacia la criminalidad le ha valido los índices de aprobación más fuertes de América Latina, y políticos de toda la región que lo emulan. Pero los críticos dicen que joven mandatario, de 42 años, está haciendo a un lado los controles y equilibrios democráticos. “Cada día son más comunes estos informes de organizaciones de derechos humanos, personas que han logrado salir de la cárcel y familias que denuncian detenciones arbitrarias”, clamó Ruth Elonaro López, abogada de Cristosal, un grupo salvadoreño de derechos humanos.
“El problema es que el estado de emergencia significa que ya no se necesita evidencia para detener o encarcelar a alguien por largos períodos de tiempo. Las personas están siendo detenidas porque parecen nerviosas, han olvidado sus documentos o simplemente son jóvenes”, agregó.
Se han cometido más de 6.400 abusos contra los derechos humanos documentados durante el estado de emergencia de Bukele y 174 personas han muerto bajo custodia estatal, detalló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a principios de este mes. El plan de juicios masivos solo la lista de personas inocentes tras las rejas, apuntó Jiménez Sandoval.
Boric
Quien se sumó a las críticas contra Bukele es el chileno Gabrel Boric, quien repudió el conocido rigor de su política de lucha contra la delincuencia: "se enfoca en medidas extremas, eso es pan para hoy y hambre para mañana". “Este Gobierno puede hacer dos cosas a la vez. Una buena estrategia de seguridad incluye la prevención y la represión del delito”, contestó el salvadoreño. Y agregó: “qué difícil ha de ser liderar un país teniendo tan poco sentido común”.
Pero Boric no ha sido la púnica voz en contra de las medidas de Bukele. Un grupo de expertos de Naciones Unidas alertó que los juicios masivos “atentan contra las garantías” constitucionales. En contrapartida, el presidente es modelo para distintos líderes de extrema derecha en toda la región, desde el argentino Javier Milei al chileno José Antonio Kast. Su política de mano dura, los ataques a la prensa y la ostentación de su masiva política carcelaria lo han convertido en un referente de este estilo de gobiernos en el mundo, lo que le permitió oficializar hace unos días también, su candidatura a la reelección con vistas a los comicios de 2024, amparándose en una dudosa interpretación de la Constitución.
Debate. Desde la Filipinas de Rodrigo Duterte a la Ruanda de Paul Kagame, la mano dura ha demostrado su atractivo político. En América Latina, desde el Perú de Alberto Fujimori en los años noventa hasta el actual El Salvador, se han convencido de que los presos merecen castigo, y que no existe el uso ilegítimo de la violencia estatal.
“La falta de seguridad es un problema generalizado, una de las principales preocupaciones del electorado en toda América Latina”, afirmó Tamara Taraciukmm referente den DDHH. “Lo que Bukele está ofreciendo es ganar el debate sobre cómo abordar el crimen organizado”. En una región donde el establishment político ha perdido toda legitimidad, donde la polarización ha sembrado un terreno fértil para los extremos, las políticas de mano dura impulsan a los autoritarios, socavando instituciones democráticas ya de por sí frágiles.
Imitando las tácticas de Bukele, en Honduras el gobierno de la presidenta Xiomara Castro decretó el estado de excepción, limitando los derechos constitucionales. Y planea ahora construir una colonia penitenciaria gigante, Y en Ecuador, Jan Topic, uno de los candidatos más notorios para las elecciones generales de este agosto, ya es conocido como “el Bukele de Ecuador”: hace alarde de su pasado en la Legión Extranjera francesa como prueba de su experiencia frente a la violencia. Un modelo que se replica con enorme riesgo.
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