El juicio contra el ex presidente estadounidense Donald Trump por los documentos clasificados hallados en su casa de la Florida ya tiene fecha de inicio: 20 de mayo de 2024, seis meses antes de las elecciones presidenciales en las que el magnate seguramente será candidato. Y de allí que los republicanos fieles a Trump agiten la bandera de la proscripción.
La decisión de la Casa Blanca y la campaña de Joe Biden, quien ya anunció que irá por la reelección, han sido la de no comentar sobre los problemas judiciales de su predecesor, buscando evitar dar la apariencia de estar interfiriendo y direccionando el trabajo del Departamento de Justicia. Algo que ya se instaló en buena parte de los medios norteamericanos a partir del acalorado discurso del ala más radical de los republicanos.
Trump es ya el gran favorito en esa interna: obtendría alrededor del cincuenta por ciento de los votos en las primarias, mientras que su competidor más cercano, Ron DeSantis, obtiene aproximadamente el veinte. Nikki Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur, ronda el 5%, en algún lugar entre el senador Tim Scott y el exvicepresidente Mike Pence. En boca de todos. Los asesores de Biden han observado la cobertura noticiosa ininterrumpida de la carta enviada por el fiscal especial Jack Smith a Trump, advirtiendo al expresidente que pronto podrían presentarse cargos relacionados con sus esfuerzos por anular las elecciones de 2020 y permanecer en el poder. Ese frenesí mediático sigue a las acusaciones anteriores de Trump: una en Nueva York sobre sus tratos comerciales, y la otra sobre su manejo de documentos clasificados después de dejar el cargo.
La estrategia de Trump ya ha sido develada: jugará a ser la víctima para animar a su base. En espejo, el equipo de Biden entiende que una condena de su rival casi seguramente alejará a los votantes independientes e indecisos que a menudo deciden las elecciones, y eso podría redundar en favor del actual presidente. Pero el riesgo es alto. Biden ha sido explícito: las entidades que controla la Casa Blanca, que incluye la campaña de reelección y el Comité Nacional Demócrata, no deben discutir públicamente ninguna de las investigaciones criminales sobre Trump.
La oveja negra
Los asesores del presidente son conscientes de que el silencio continuo sobre los cargos que enfrenta Trump priva a Biden de un arma política potente, particularmente en el caso de los cargos de interferencia electoral e incitación a los disturbios del 6 de enero que derivaron en la toma del Capitolio. Pero Biden entiende que una confrontación directa con Trump debe ser aplazada hasta que sea inevitable. La gestión actual tiene también sus problemas (se enfrenta a huelgas inminentes que podrían sacudir la economía) y varias manchas. La más notable en la figura del hijo del presidente, Hunter Biden, quien recientemente aceptó un acuerdo de culpabilidad por cargos relacionados con los impuestos, lo que provocó aullidos de ira de los republicanos que afirmaron que el hijo del presidente había recibido un trato preferencial.
Además, la investigación sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Biden, después de su paso por la vicepresidencia, también sigue abierta. Los republicanos de la Cámara de Representantes dispararon su salva inicial el miércoles pasado en una nueva fase de su investigación sobre Hunter Biden. Los testimonios de Gary Shapley, del IRS, y Joseph Ziegler, dieron cuenta de una amplia intromisión de las autoridades federales en el caso contra Hunter Biden, incluido que el Departamento de Justicia, quien “atrasó su trabajo" e informó a los abogados de Hunter Biden sobre las pistas que planeaban seguir.
Debido proceso
Para los republicanos, está claro que el presidente presionó a Hacienda para minimizar el juicio contra su hijo Hunter, a quien denuncian además por abuso y trata de personas. La diputada trumpista Marjorie Taylor Greene presentó pruebas de que el hijo del presidente estadounidense violó una ley que prohíbe transportar mujeres de un estado a otro para “propósitos inmorales”, y exhibió fotografías de Hunter (parte de un lote de 10 mil fotos que tiene el FBI) donde se lo ve teniendo sexo con distintas mujeres hasta en oficinas del Capitolio.
Algo que para la actual administración tiene un costo enorme, pues tira por tierra su hándicap moral y lo equipara al del rival. En un escenario en el que ambos presidentes se enfrentan nos solo entre ellos, pero también a la justicia por causas similares.
Finalmente, llevar a un presiente y a un candidato presidencial a juicio, o juicios, antes de una elección, es una empresa arriesgada. Pero eso no significa que no se deba hacer: la responsabilidad importa. Hay que hacerlo bien y con la mayor transparencia posible. Si se hace mal, el público estará cada vez más convencido de que tanto el sistema legal como el electoral han sido comprometidos. Millones de partidarios de Trump ya lo creen: los republicanos han estado jugando con esa desconfianza. Pero los demócratas han insistido en la confiabilidad del sistema, y ya no podrán cambiar de opinión cuando le toque al actual presidente. l
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