El forajido bueno. Una suerte de Robin Hood global que roba verdades inconfesables para esparcirlas por el mundo. Un insurgente cibernético que se infiltra en los sistemas informáticos para desenmascarar la hipocresía en el escenario internacional.
Puede no ser la realidad sobre Julian Assange, pero es lo que buena parte de la humanidad ve en él. La imagen del rebelde que enfureció a la potencia occidental, vulnerando sus sistemas de seguridad y esparciendo por el planeta las pruebas de horribles crímenes de guerra cometidos en Irak y Afganistán por militares norteamericanos.
Fue la implacable persecución de Estados Unidos la que lo convirtió en una estrella de la rebeldía modelo siglo 21, con guerrilla cibernética incluida. Una persecución que lo convirtió en un fugitivo enclaustrado desde hace doce años, pero más que convencer al mundo de que se trata de un delincuente y espía peligroso, acrecentó la sospecha de querer imponer censura global.
Para Estados Unidos, el daño provocado por Assange al vulnerar sus sistemas de seguridad informática para obtener y difundir documentos diplomáticos confidenciales y registros militares secretos, es un equivalente unipersonal de lo que causaron los japoneses al atacar Pearl Harbor. Por tanto, la respuesta debe tener, en su escala individual, una respuesta equivalente en lo destructiva a la de las bombas en Hiroshima y Nagasaki.
¿No será mucho? La pregunta que reapareció en el mundo cuando la justicia británica empezó a decidir si extraditarlo a Estados Unidos o mantenerlo en prisión hasta rever las apelaciones de la defensa.
La vida del controversial australiano fue caótica desde que nació de un padre que no quiso darle el apellido, que luego le dio Brett Assange, el primer marido de su madre. La vida artística de su madre lo hizo crecer en decenas de casas y entre mudanza y mudanza.
Después, los estudios inconclusos en la Universidad de Melbourne y los inicios en la “justiciera” delincuencia cibernética que lo terminaría convirtiendo en un perseguido de la principal superpotencia. El caso Wikileaks comenzó en el 2010, cuando el jefe de esa website obtuvo documentos confidenciales de la diplomacia norteamericana y registros militares secretos del Pentágono, que entregó a diarios relevantes como el norteamericano The New York Times, el alemán Der Spiegel, el británico The Guardian, el francés Le Monde y el español El País. Esos titanes de la prensa mundial habían recibido de Assange los miles de documentos secretos que luego derramó en las redes Wikileaks. Documentos clasificados que exhibían brutalidades cometidas por las fuerzas norteamericanas durante las ocupaciones de Irak y Afganistán.
En medio del tembladeral global que produjeron tales revelaciones, Estados Unidos aplicó la Ley de Espionaje y libró una orden internacional de captura contra Assange, quien se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, donde pasó siete años hasta que el presidente ecuatoriano Lenin Moreno lo hizo abandonar la sede diplomática. Desde el 2019 está en una celda de Belmarsh, la prisión londinense de alta seguridad, sumando un total de doce años privado de su libertad ambulatoria.
El caso WikiLeaks es uno de los debates cruciales de estas décadas. Las principales organizaciones internacionales de Derechos Humanos y entidades periodísticas como Reporteros sin Fronteras, entre otras abocadas a proteger la actividad periodística y la libertad de prensa, respaldan a la defensa de Assange y denuncian como persecución política la acusación de Washington.
Lo que parece indudable es que se trata de un caso político, por lo tanto excluido de justificar la extradición en virtud del tratado británico-norteamericano firmado en el 2003, que establece como no extraditables los casos políticos. Más allá de lo que pueda pensarse de Julian Assange, estos doce años de persecución y encierro, generan dudas sobre la legitimidad del accionar norteamericano. Quizá lo que se debe probar es que éste no es un caso de censura a nivel mundial.
Ahora, el tema regresó a las primeras planas porque la justicia británica debe decidir si conceder o no la extradición que reclama Washington. Y el caso ha vuelto a generar un debate global sobre la libertad de prensa. ¿Es Julian Assange un espía que atacó la seguridad de Estados Unidos difundiendo documentos que legalmente no pueden difundirse sin autorización norteamericana, o es un periodista perseguido en un atropello imperial, arrogándose el estado los norteamericano el derecho a imponer censuras a nivel mundial?
Es uno de los debates políticos más importantes en el escenario internacional de los últimos catorce años. Si fuese extraditado, de ser encontrado culpable por un tribunal norteamericano podría pasar 175 años en prisión. Incluso es posible que sea condenado a muerte. Esas son las penas estipuladas en la Ley de Espionaje por la que Washington reclama la extradición.
Se trata de una legislación dictada en 1917, en el marco de la Primera Guerra Mundial, relacionada con ese conflicto y que no distingue entre espionaje y periodismo. Julian Assange tendría que explicar al mundo por qué su periodismo de revelaciones escabrosas relacionadas con potencias occidentales, nunca descubrió ni reveló nada sobre la Rusia de Vladimir Putin.
Boris Nemtsov, Alexander Litvinenko, Ana Politkovskaya y Alexei Navalni, entre tantos otros que investigaron y revelaron asesinatos, corrupción y otros crímenes del presidente ruso, antes de ser asesinados precisamente por eso, habrían recibido gustosos la ayuda de Wikileaks que jamás recibieron.
A su vez, Estados Unidos tendría que explicar por qué lo que está ante los ojos del mundo es la implacable persecución de quien reveló intrigas diplomáticas y crímenes de guerra, y no los militares responsables de esos crímenes. El orbe mira el castigo a Julian Assange sin haber visto castigar a quienes cometieron en Irak y Afganistán las brutalidades reveladas.
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