Desde hace días Sudáfrica vive una ola de disturbios, saqueos e incendios que llevan a la fecha el saldo de 72 muertos y más de 1200 detenidos. Los disturbios iniciados originalmente debido al arresto del ex presidente Jacob Zuma, el jueves pasado, derivaron en una ola de violencia que amenaza con entenderse de las provincias sudafricanas de KwaZulu-Natal y Gauteng al resto del país. Estas violentas protestas se dan en el contexto de una tercera ola de casos de COVID19, donde a los contagios y muertos se le suma una fuerte crisis económica en un país con enormes desigualdades estructurales. Como la fragmentación política, la pandemia y la desigualdad económica se han conjugado para formar una tormenta perfecta que amenaza hoy a Sudáfrica.
Arresto y disturbios
El miércoles pasado el expresidente Jacob Zuma se entregó para comenzar una sentencia de 15 meses de prisión por desacato al tribunal, luego de negarse a comparecer ante una investigación judicial de actos de corrupción bajo su mandato de nueve años finalizado en 2018. Luego de algunos días, diversos partidarios de Zuma comenzaron protestas organizadas que se transformaron rápidamente en violencia y saqueos de multitudes irrumpiendo en centros comerciales, almacenes, estaciones de servicio y centros de distribución. Ciudades como Durban en la provincia KwaZulu-Natal (de donde es oriundo Zuma) fueron los lugares donde se iniciaron los disturbios, que posteriormente se extendieron a la provincia Gauteng donde se encuentra la ciudad de Pretoria corazón político del país y la ciudad es Johannesburgo motor económico del país.
En medio del caos desatado, en la misma provincia de Gauteng 19 personas murieron tras una estampida en un centro comercial mientras este era saqueado. A su vez otros manifestantes prendieron fuego una planta química cerca del a ciudad de Umhlanga ubicada al norte de Durban. En consecuencia los disturbios han generado el corte de carreteras principales de ambas provincias lo que interrumpió gravemente el suministro de alimentos, combustible y medicinas afectando la campaña de vacunación contra el COVID19.
Muchos de los habitantes de las zonas afectadas se han sorprendido por la falta de acción policial para detener a los saqueadores, donde mientras algunos han optado por encerrarse en sus casas; otros vecinos y comerciantes han formado los que ellos llaman “escuadrones de defensa”, que buscan proteger sus barrios y negocios. Uno de estos casos se da en el histórico municipio de Soweto suburbio de Johannesburgo, donde sus residentes montaron guardia en el único centro comercial que no fue saqueado. En tanto en la cercana ciudad de Kliptown grupos de habitantes del lugar intentaban detener saqueadores que buscaban entrar en tiendas de alimentos. Por otro lado desde los diversos organismos públicos se esta pidiendo la colaboración de los ciudadanos para que compartan con la policía vídeos de las personas que lleven a cabo los delitos.
Ante estos incidentes el actual presidente Cyril Ramaphosa, había declarado en una rueda de prensa “estos actos ponen en peligro vidas y dañan a nuestros esfuerzos por reconstruir la economía”. Ramapahosa que es cuestionado por los seguidores de Zuma, también fue criticado por la oposición, ya que mientras envío a 70.000 tropas del ejército a las calles para hacer cumplir el cierre nacional para frenar la expansión del COVID19. Solo después de varios días de disturbios ha dado la orden de movilizar ha 2.500 tropas del ejercito para acabar con la violencia.
Crisis política en un polvorín
Jacob Zuma de 79 años, es una figura central en la política sudafricana, histórico líder antiapartheid, y compañero político de Nelson Mandela. Llego a presidir el oficialista Congreso Nacional Africano (CNA), para finalmente lograr la presidencia de Sudáfrica del 2009 al 2018. Habiendo cosechado numerosos seguidores, en especial en la provincia de KwaZulu-Natal de mayoría de la etnia zulú, a la que Zuma pertenece. Sin embargo, la importante trayectoria Zuma se vio empañada por su involucramiento en diversos casos de corrupción. Como la malversación de fondos del Estado durante su presidencia y una concesión irregular de armas en 1999. Estos escándalos fueron esmerilando si reputación entre parte de la población y al interior del CNA.
Así, diversos especialistas atribuyen la actual inestabilidad política, a la pelea de facciones dentro del CNA, donde Zuma fue desplazado de la presidencia del partido, por el actual presidente del país Ramaphosa. Y en donde el encarcelamiento de Zuma ha sido interpretado como una victoria de la facción moderada y pragmática de Ramaphosa por sobre la de Zuma. Sobre este escenario se ha publicado evidencia de que algunos de los seguidores de Zuma han sido los instigadores de los disturbios para generar una presión hacia el supremo tribunal de justicia, y forzar una exoneración de los cargos penales contra Zuma.
Pero estas peleas de facciones al interior del partido gobernante, no pueden darse en peor momento para este país, donde la pésima situación económica se ha profundizado con la pandemia de COVID19. En donde Sudáfrica es el país más golpeado de todo el continente con 2,2 millones de contagios y 64.000 muertos, lo que ha generado restricciones que a su vez han perjudicado la economía. Mientras que a medida que se expande la destructividad de los disturbios, la economía vuelve a sufrir un nuevo golpe. Ya previo a los disturbios Sudáfrica alcanzo un nuevo récord con un 32,6% de desempleo en el primer trimestre del 2021. El nuevo panorama de incertidumbre y violencia ha generado incluso que la moneda oficial del país, el rand, cayera 2% por debajo del dólar de EE.UU.
Estas variables catastróficas se han complementado entre sí, formando un escenario en donde después de 27 años de terminado el apartheid, los grandes problemas de desigualdad y pobreza continuan sin resolverse. En donde facciones de la población interpretan que un líder, que simboliza las antiguas promesas de cambio, es encarcelado y cuyo descontento se mezcla con la nueva miseria creciente.Y en donde la clase política solo ha basado su respuesta a la emergencia con el instrumento represivo del Estado, ante una serie de graves problemas que requieren la colaboración de todo el arco político y sus facciones, ya que de no accionarse de otra manera la violencia solo habrá de continuar.
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