Pedro Sánchez volvió a hacer lo que mejor sabe: patear el tablero cuando todos lo daban por acorralado. Este lunes, desde La Moncloa, anunció la disolución de las Cortes y convocó a elecciones generales para el 29 de noviembre, nueve meses antes de que venciera la legislatura. Pero no es un gesto de rendición. Es una apuesta. Y como casi todas las suyas, tiene tanto de cálculo frío como de huida hacia adelante.
El detonante fue un golpe parlamentario de alto voltaje simbólico. El viernes, el Congreso tumbó los dos decretos de vivienda con los que el Gobierno pretendía frenar desahucios y garantizar la renovación automática de los alquileres. Votaron en contra el PP, Vox y, sobre todo, Junts, el partido de Carles Puigdemont que había sido la llave de su investidura en 2023 cuando le prometió los indultos a los separatistas.
El propio Sánchez había presentado esa votación como el corazón de lo que llamó "la legislatura de la vivienda". Perderla fue certificar que la mayoría que lo sostenía ya no existe. España arrastra, además, cuatro años sin presupuesto nuevo: el Gobierno sobrevive a base de prórrogas y equilibrismo, en medio de un clima político y social tenso.
En contexto inmobiliario se convirtió en el gran malestar social del país. El desalojo de Maricarmen, una vecina madrileña de 87 años expulsada por un fondo inversor, encendió la mecha que llevó a la acampada en la Puerta del Sol, marchas en una docena de ciudades y gritos de huelga general. Sánchez manifestó que iba a "escuchar a la calle" antes de decidir. La calle habló, y no precisamente para aplaudirlo: buena parte de esa movilización le reprocha haber hecho poco y tarde. La misma desidia que mostró en Ceuta.
Ahí aparece el primer frente que lo inquieta: la izquierda que lo corre por izquierda. Podemos, con Irene Montero al frente de la ofensiva, exige primarias abiertas para encabezar una lista común y se ofrece como la voz auténtica del enojo. Sumar, su socio de coalición, llega desarmado: sin líder, rebautizado a las apuradas como Frente Amplio y con su candidato a definirse recién el 17 de octubre. La última encuesta de 40dB le asigna apenas un 5,6%.
El discurso que Sánchez eligió hoy, con la promesa de "doblegar a las élites", es un dardo directo al espacio de Isabel Díaz Ayuso (alcandesa de Madrid). No apunta solo a la derecha, es un intento de retener el voto progresista desencantado antes de que se disperse.
El segundo frente es más incómodo porque es personal. Su esposa, Begoña Gómez, irá a juicio ante un jurado popular por presunto tráfico de influencias y malversación, por decisión del juez Juan Carlos Peinado avalada por la Audiencia Provincial de Madrid, aunque la Fiscalía pidió su absolución (otro papelón que muestra las manos del poder en la justicia). Además, su hermano, David Sánchez, fue condenado en julio en Badajoz a nueve años de inhabilitación por prevaricación, sentencia que todavía puede recurrir.
Y el entorno partidario es un campo minado: José Luis Ábalos, su exministro y ex secretario de Organización, y su asesor Koldo García recibieron duras condenas del Supremo por el caso de las mascarillas, mientras Santos Cerdán, que ocupó ese mismo cargo, sigue investigado en la causa de la obra pública. Sánchez no está imputado en ninguna de estas causas y denuncia una persecución política. Pero la acumulación pesa. Alberto Núñez Feijóo ya lo resumió: adelanta por "miedo" a los escándalos. Entonces, ¿por qué cree que puede ganar?
La respuesta tiene varias capas. La primera es su propia biografía. En mayo de 2023, tras una paliza en municipales y autonómicas, adelantó las generales contra todo pronóstico y terminó gobernando. Ya lo había hecho en 2019, después de que el Congreso le tumbara el presupuesto. Sánchez construyó su carrera sobre la idea de que el peor escenario es esperar. Prefiere elegir el campo de batalla antes que dejar que el desgaste lo elija por él.
La segunda es el timing. Votar en noviembre le permite llegar a las urnas antes de que empiece el juicio a su esposa (hasta la acusación popular admite que difícilmente ocurra antes de 2028), antes de que la causa de la obra pública escale y antes de que la izquierda alternativa logre ordenarse. Agarrar a Sumar a medio construir es, en sí mismo, una jugada: empuja al votante progresista hacia el voto útil socialista.
La tercera es el tema. Sánchez cambia el eje de la conversación: de la corrupción a la vivienda. Es un terreno donde puede presentar a PP, Vox y Junts como el bloque de los rentistas, y a sí mismo como el defensor de los inquilinos. Para reforzarlo, planea aprobar los decretos por la vía de la Diputación Permanente, donde el bloque progresista conserva mayoría. Sería el pistoletazo de largada de la campaña: lo que el Congreso tumbó, él lo resucita.
La cuarta es el miedo al otro. La encuesta de 40dB da al PP un 31,6%, al PSOE un 27,4% y a Vox un 18,4%, con seis puntos de crecimiento. La derecha sumaría la mitad de los votos. Paradójicamente, ese dato es parte del plan: Sánchez apuesta a que el avance de Santiago Abascal movilice a un electorado de izquierda hoy desmotivado, como ocurrió en 2023, cuando el temor a un gobierno con Vox salvó a los socialistas.
Los números, sin embargo, son finitos. Un sondeo exprés publicado hoy le da al PP 143 diputados y a Vox 62, muy por encima de los 176 de la mayoría absoluta. Para que la apuesta funcione, Sánchez necesita algo más que un buen relato: necesita que la calle que hoy lo critica se convierta en la urna que lo salve.
Esa es la verdadera naturaleza de esta jugada. No es un plebiscito sobre la vivienda ni un escape de los tribunales: es las dos cosas a la vez. Sánchez sobrevivió a mociones de censura, a pactos imposibles, a una amnistía y a la tentación de renunciar. Ahora pide algo más difícil: que los españoles lo juzguen por lo que promete y no por lo que lo rodea.
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