Martes 27 de octubre, 2020

MUNDO | 20-09-2020 00:43

Una América Latina en permanente turbulencia política

Una guerrilla secuestra un ex vicepresidente en Paraguay en el mismo puñado de días en que tambalea otro presidente en Perú.

La política peruana por momentos vuelve a extraviarse en su eterno laberinto, mientras Paraguay encuentra la contradicción detrás de su ímpetu económico, con una guerrilla recordándole que el norte rural sigue empantanado en un feudalismo sin leyes ni Estado.

Mientras en Perú el recurrente juego de la intriga para destituir presidentes encontraba un obstáculo inesperado en el liderazgo de un mandatario, en Paraguay se producían sucesos escalofriantes. Un choque entre efectivos militares y miembros del llamado Ejército del Pueblo de Paraguay (EPP) dejó como saldos dos niñas muertas, que podrían ser hijas de jefes guerrilleros. A renglón seguido, contraatacó el EPP secuestrando a Oscar Denis Sánchez, ex vicepresidente del país, ex gobernador del Departamento de Concepción y opulento hacendado de la indómita región septentrional.

El hombre que ocupó la vicepresidencia cuando fue destituido Fernando Lugo y el entonces vicepresidente Federico Franco debió asumir la presidencia, no es la primera figura relevante que secuestra la guerrilla. Como descendiente del brazo armado del partido ultraizquierdista Patria Libre, donde confluían también seminaristas adherentes a la Teología de la Liberación, las acciones iniciadas en la década de los noventa incluyeron numerosos secuestros de hacendados y de miembros de familias acaudaladas, como fue el resonante caso de Edith Bordón de De Bernardis.

Su golpe más notable y abyecto, fue el secuestro y asesinato en el 2004 de Cecilia Cubas, la hija del ex presidente Raúl Cubas Grau.

A esa altura, la inteligencia militar paraguaya sostenía que el EPP tenía vínculos y recibía armas y adiestramiento de las FARC, la guerrilla colombiana que lideraba Manuel “Tirofijo” Marulanda. En ese vínculo, la organización armada guaraní aprendió el negocio con el cual se financia desde comienzos del siglo 21: el secuestro extorsivo.

Es posible que en la última década haya tejido también relaciones con las poderosas bandas narco brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho. Lo que está claro es que los secuestros de hacendados y los posibles vínculos con el narcotráfico le permiten financiarse, porque no tiene ni el respaldo del campesinado ni el control territorial que le posibilite recaudar “impuestos revolucionarios”.

En rigor, el EPP tiene más de banda delincuencial que de insurgencia armada. Tener bandera y otros símbolos, así como proclamarse marxista-leninista y postular la reforma agraria, le da aspecto de guerrilla abocada a una revolución campesina. Pero su tamaño la muestra como una banda de forajidos rurales. En la policía, el ejército y los servicios de inteligencia, algunos hablan de entre 20 y 50 miembros, mientras otros calculan cien o un poco más, pero mucho menos de doscientos. Eso los deja bastante lejos de poder ser considerado una insurgencia.

El EPP es como un foco insurreccional que nunca logró multiplicarse ni extenderse. Pero aún como ejemplo de “foquismo” trunco, consiguió permanecer a lo largo de tres décadas.

La muerte de dos niñas y el secuestro de un ex vicepresidente le recordaron a la región que existe una organización armada que se proclama guerrilla en el Cono Sur; como resabio de un tiempo que no vuelve, pero tampoco termina de irse, porque sigue habiendo feudalismo y Estado ausente.

La buena noticia en la región es que el eterno retorno a la inestabilidad política esté dando señales de extinguirse en Perú. Allí, lo excepcional no es que opositores se confabulen para destituir un presidente, sino que ese presidente sea apoyado por masivos cacerolazos y que las encuestas lo muestren con un respaldo superior a las demás figuras políticas.

Precisamente por ese novedoso respaldo a un jefe de Estado y por la inédita caceroleada que protestó contra quienes destituirlo, es que Keiko Fujimori puso el freno a la decisión de los legisladores de Fuerza Popular, su partido, para votar a favor de “la vacancia”.

Está claro que quienes se lanzaron a derribar a Martín Vizcarra para que corra la misma suerte que sus antecesores, tampoco están limpios de corrupción y arbitrariedades, pero el presidente dejó sus huellas digitales en un caso turbio y tentó a sus enemigos.

Todos los que ocupan la presidencia de Perú tienen enemigos que conspiran todo el tiempo, en lugar de tener adversarios abocados a discutir las políticas del gobierno y a ejercer la oposición.

A Vizcarra lo empujaron al banquillo de los acusados por una cuestión menos grave que el caso por el que cayó Pedro Pablo Kuczynski; mucho menos grave que la vinculación con Odebrecht por la que se suicidó Alan García cuando la policía golpeaba su puerta para detenerlo, inmensamente menos grave que las acusaciones por las cuales fue a prisión Ollanta Humala al concluir su mandato y también que las denuncias por las cuales Alejandro Toledo no regresa a Perú, porque de hacerlo terminaría en la cárcel. Y obviamente, infinitamente menos grave que los crímenes que llevaron a prisión a Alberto Fujimori.

Valentín Paniagua es el único presidente que no peregrinó por tribunales tras concluir la breve presidencia interina que ejerció tras la renuncia de Fujimori. Ningún otro se acercó al aura de incorruptible que conquistó Fernando Belaunde Terry por la transparencia y la honradez que caracterizaron sus dos presidencias en las décadas del sesenta y del ochenta.

Pero que el escenario político peruano esté plagado de intrigas y conspiraciones, no certifica la total inocencia de Vizcarra. En la grabación que presentaron en su contra, se lo escucha instruyendo a colaboradoras para que mientan al declarar por el turbio contrato de un cantante que realizó el Ministerio de Cultura. No obstante, la sensación dominante es que los diputados de los partidos Acción Popular, Podemos Perú y Alianza para el Progreso quisieron deshacerse del presidente por las leyes anticorrupción que impulsa y por la reforma universitaria que resisten las universidades privadas con influencia en el Congreso.

Los ensordecedores cacerolazos en Lima no eran contra Vizcarra, sino contra quienes lo empujaron a un juicio político para destituirlo por “incapacidad moral”.

Perú se sorprendía de que el módico político que pasó de la vicepresidencia a la presidencia por la destitución de Kuczynski, mostrara la energía que no tuvieron sus antecesores.

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Claudio Fantini

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